Entre el 21 de mayo y 24 de mayo, los funcionarios cordobeses, Juan Pablo Quinteros (Seguridad) y Julian López (Justicia y Trabajo), se pasearon por los principales centros de seguridad de Estados Unidos, como el Joint Operations Center (JOC) y la Joint Terrorist Task Force (JTTK).

“Dos estructuras claves dentro del sistema de seguridad e inteligencia de Estados Unidos, operadas principalmente por el FBI en conjunto con otras agencias”, señalaron desde el Panal. Además visitaron la “icónica” Central de Monitoreo de Yonkers, “pionera en el uso de inteligencia artificial aplicada a la seguridad pública”.

A su vez, se reunieron con autoridades del Atlantic Council, un legendario think thank ligado a la OTAN, principal enemiga de los intereses nacionales en el Atlántico Sur.

¿La ley es el orden (estadounidense)?

Es cada vez más profunda la injerencia de las fuerzas represivas estadounidenses en las fuerzas de seguridad cordobesas. La provincia se maneja en la compleja materia securitaria con una independencia similar a la de una nación autónoma.

A la visita de funcionarios locales a Estados Unidos le antecede la firma de un convenio para la creación y formación de cuerpos de élite para la Policía local de la mano de la Administración de Control de Drogas (DEA por sus siglas en inglés); una capacitación de agentes especiales del FBI a integrantes de la Policía local en agosto de 2024; y un acuerdo de cooperación entre el Ministerio Público Fiscal de Córdoba (MPF) con Estados Unidos para  “combatir la explotación sexual infantil”, en junio de 2022.

«Con la instrucción del gobernador Martin Llaryora nos reunimos con altos funcionarios del FBI y la DEA con el objetivo de traducir estos primeros diálogos en una colaboración institucional concreta. Problemáticas mundiales como el narcotráfico deben abordarse de esta manera, con una inteligencia criminal articulada, en donde los Estados colaboran compartiendo información y recursos», señaló el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros.

En su alocución, Quinteros dejó entrever que continuarán materializándose las articulaciones realizadas con EE.UU., y todo indica que se profundizarán. Por el momento no ha trascendido de la instalación de alguna base o centro de operaciones gerenciado por el país extranjero en el territorio cordobés.

El pedido de que los militares hagan patrullaje interno, la creación de una cárcel de máxima seguridad anunciada meses atrás, la aprobación de una ley de emergencia penitenciaria en la provincia, son objetivos políticos del gobierno corodobés en sintonía fina con la performance represiva y punitivista que Estados Unidos promueve en distintos países latinoamericanos, y materializa en naciones que actualmente son denunciadas por violaciones a los Derechos Humanos y por tener presos políticos, como El Salvador y Ecuador.

“El trabajo conjunto con organismos tan prestigiosos como Homeland Security, vanguardia a nivel mundial en problemáticas como el narcotráfico y las organizaciones criminales internacionales, es fundamental para el tratamiento penitenciario en los tiempos que corren. A partir de este encuentro con Ricardo Mayoral, alto funcionario del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, tenemos previsto avanzar en la firma de distintos convenios para el intercambio de base de datos, sobre todo de extranjeros privados de libertad, y alojados en nuestras cárceles», refirió el ministro de Justicia y Trabajo, Julián López.

Este acercamiento ocurre en un contexto nacional donde Estados Unidos gana cada vez mayor terreno -independientemente de quién gobierne el país-. Con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de EE.UU. en el Río Paraná; una base no formalizada en Neuquén; el pactado entrenamiento de sus tropas en la Patagonia Argentina; y su interés en instalar una base para submarinos nucleares en Ushuaia, los militares yanquis avanzan a paso redoblado en el séptimo país más grande del mundo.

¿Qué peligros conlleva que Córdoba adopte la doctrina de seguridad de un país extranjero? ¿Primará el supuesto combate al narcotráfico o primará el interés geopolítico foráneo? ¿Qué implicaciones tiene que este país extranjero esté denunciado por financiar y apoyar -por ejemplo- al genocidio de Israel sobre Palestina?

Intervenir la seguridad pública, marca registrada de Estados Unidos en la región

Instituciones como la DEA, FBI y la CIA, han sido señaladas y denunciadas por planificar y financiar golpes de estado, hacer inteligencia ilegal y legitimar gobiernos de facto; entrometerse en cuestiones de defensa y seguridad nacional de países latinoamericanos; garantizar el flujo de dinero; y la instalación y permanencia de organizaciones del crimen organizado ligados al narcotráfico internacional.

Legajo criminal que puede consultarse en archivos desclasificados y en numerosas investigaciones periodísticas, como por ejemplo en Los archivos secretos de la CIA (2008) de Tim Wiener, donde se detallan las operaciones de desestabilización y derrocamiento de gobiernos democráticos como los de Jacobo Árbenz Guzmán en Guatemala o Salvador Allende en Chile.

Estas operaciones ilegales e injerencistas también se corroboran en las comisiones investigadoras de crímenes de lesa humanidad de las dictaduras latinoamericanas de los sesenta y setenta, que demuestran la participación de las agencias estadounidenses en la planificación e implementación del Plan Cóndor.

Si bien, los acontecimientos del plan sistemático de exterminio e invasión tienen alrededor de 50 años, los Estados Unidos de América nunca perdieron interés en nuestra región. En época de democracias liberales, los norteamericanos se encargaron -sea a través del FMI, Banco Mundial, o sus empresas multinacionales ligadas a las bolsas de comercio provinciales y a las sociedades mediterráneas-, de influenciar las decisiones de los Estados, tanto en materia económica como en materia securitaria-represiva.

¿“Lucha contra el narcotráfico”?

Sin ir más lejos, agencias como la DEA y la CIA se encargaron, junto a los militares argentinos, de financiar e institucionalizar en 1978 al Río Paraná-Río de la Plata (Vía Navegable Troncal) como principal vía comercial para el transporte de cocaína en la región sudamericana. Datos corroborados por Michael Levine, exagente de la DEA, en su libro La gran mentira blanca (1996).

Por si no fuera suficiente, bajo el argumento de la guerra contra el narcotráfico, las agencias se involucraron -con la venia de los respectivos presidentes- en la seguridad de países como Colombia y Ecuador.

El resultado del injerencismo norteamericano en la seguridad de estas naciones latinas, según el informe  “Drogas y Democracia en América Latina” (2009), de la Comisión Latinoamericana sobre Drogas y Democracia, fue la consolidación de los carteles narcos en las estructuras políticas de ambas naciones. Además del recrudecimiento de la violencia, el auge de ejércitos paramilitares en Colombia y el aumento significativo del crimen organizado en Ecuador.

Estados Unidos es uno de los países donde más cocaína se consume de todo el globo, según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y el National Institute on DrugAbuse (NIDA). La demanda incesante de sustancia es un factor clave en la dinámica del narcotráfico internacional. Así, países sudamericanos productores como Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Paraguay, y países de transito o exportadores como México, Argentina, Uruguay o Brasil, adquieren especial trascendencia para su injerencismo en la región.

La intensificación de la “cooperación” en seguridad de Estados Unidos sobre los países latinoamericanos, es -aún hoy- objeto de discusión y crítica respecto a sus consecuencias. Sobre todo, por los riesgos que implicó involucrar en la seguridad interna a agentes extranjeros con intereses no alineados a los de las naciones intervenidas.

El éxito de militarizar la seguridad interior

El Gobierno de Córdoba vende la articulación con EE.UU. como un “éxito” en sí mismo. Aunque todo indica que es más una cesión de soberanía en detrimento de la propia ciudadanía, y un grave antecedente de articulación con una Nación que actualmente es corresponsable, por solo nombrar un ejemplo, del genocidio al pueblo palestino.

El periodista y analista argentino, Carlos Del Frade, sostiene que la “guerra contra las drogas” es un argumento utilizado para justificar la militarización de la seguridad interior, la criminalización de sectores vulnerables de la población y la represión de movimientos sociales, en lugar de abordar las causas profundas del propio narcotráfico y sus violencias.

La realidad es notoria: ante el incremento del consumo de “pipazo” y la expansión del narcomenudeo en las barriadas, la respuesta de Provincia se centra en criminalizar la pobreza y reprimir al consumidor, en lugar de invertir en materia de salud integral o realmente combatir a los bancos que lavan el dinero del narco o a los empresarios, políticos, jueces, fiscales y policías implicados en esta ilegal industria, ahora promocionada por el propio presidente Milei. Más pronto que tarde veremos los efectos del involucramiento de los yanquis en la seguridad pública cordobesa.