La Ley de Inviolabilidad a la Propiedad Privada, la cual pretende modificar de facto la vigente Ley de Tierras Rurales (26.737), será tratada en la Cámara de Senadores.

De contar con quórum, el oficialismo buscará sentar un precedente poco grato para la ciudadanía argentina: exención impositiva para commodities extranjeras, posibilidad de ocupación de más del 15% de suelo argentino, llegando al 30% en circunstancias de ser más de una firma y el uso desmesurado de cuencas hídricas para la extracción de recursos (litio, cobre, oro, petróleo) sin necesidad de dejar algo más que la tierra arrasada y el agua contaminada.

La modificación de la 26.737 vendría a cerrar el circuito del paquete de reformas legales ya en vigencia: RIGI, Ley de Glaciares, modificación del uso del suelo, Super RIGI. En caso de aprobarse en ambas cámaras significaría la introducción de un nuevo paradigma de negociación y lectura sobre lo que se conoce por "propiedad privada", donde ya no se trataría del sujeto contralor (entidad pública), sino que pasaría a ser la rentabilidad de la tierra sin importar la antigüedad de los propietarios, como lo estipula ley actual.

Impulsada por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger y negociada en el Congreso por la Senadora, Patricia Bullrich, el paquete de leyes de extranjerización de tierras demuestra una vez más que gobiernan el país como si el Estado fuera una empresa.