Trabajadoras del Polo de la Mujer denuncian despidos, traslados compulsivos y sanciones económicas a quienes participaron de jornadas de protesta por mejores condiciones laborales. Las acciones del Gobierno Provincial demuestran la violencia institucional que se ejerce sobre el personal del Polo en la segunda provincia con mayores casos de femicidios en 2021. Enfant Terrible dialogó sobre la situación con Belén Valleto, delegada de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).

En este Día Internacional de la clase trabajadora compartimos la solicitada de lxs trabajadorxs del Polo Integral de la Mujer de Córdoba. A pesar de los estragos sociales y sanitarios que la pandemia de Covid y el ajuste económico que trae aparejada, lxs trabajadorxs estatales no han visto mejorar sus condicones de trabajo y sufren despidos, traslados, aprietes y descuentos salariales.

Al menos 23 unidades sanitarias de toda la provincia, el Polo de la Mujer y la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SeNAF) tuvieron despidos.

La invitación es las 10, cuando comienza a organizarse el principio de lo que son las convivencias en la «casita» de San Ignacio. Allí, el equipo trabaja el consumo problemático de sustancias y adicciones con jóvenes de ese y otros barrios aledaños. La “convivencia” es un método de trabajo donde “buscamos que no haya distancia entre trabajadores y usuarios”. El drama del consumo en las juventudes más empobrecidas viene en crecimiento por el “pipazo”.

Hoy es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. En Argentina, y en particular en Córdoba, las cifras son alarmantes. Pero existen espacios que apuestan por una construcción territorial para erradicar las violencias machistas, como el Espacio Filomena de barrio Cabildo (ubicado al sur de Córdoba), quienes en este día se encuentran trabajando desde temprano para no sólo doler. También en memoria de Mariana Monzoni.

La joven conocida como "B" y su familia denunciaron ante el Estado a un grupo de 9 personas por delitos que van desde violencia física y sexual hasta daño a la propiedad y amenazas, acumulando un total de 28 denuncias en cuatro años. Fue después de un episodio escalofriante de violación grupal contra B que los medios se hicieron eco del caso. La Asamblea Ni Una Menos acompaña desde el 2018, cuando se radicó la primera denuncia contra esta trama de violencias que al parecer refleja la ineficiencia (o la complicidad) de un Poder Judicial con una banda organizada que utiliza a las mujeres como “monedas de cambio”.

Una joven fue dada de alta del Hospital de Urgencias tras ser víctima de un episodio brutal de violación grupal y agresiones en la Ciudad de Córdoba. La víctima y su familia ya habían denunciado 28 veces durante 4 años al grupo de hombres por actos de violencia, robos y un primer episodio de violación en 2018 y otro sucedido hace pocos meses. Hay tres detenidos sospechosos aunque la justicia, si llega, lo hace tarde.

La causa del Neonatal que mantiene en vilo a la provincia evidenció que las autoridades provinciales sabían del caso al menos desde septiembre de 2021. El fiscal de Instrucción ordenó la detención de una joven enfermera aunque las familias siguen sin obtener precisiones sobre qué sucedió exactamente con los bebés fallecidos. La oposición brindó una conferencia acusando al gobierno de encubrimiento y busca sacar rédito político del caso de cara a 2023

El caso de Cecilia Basaldúa fue la gota que rebalsó el vaso para que las organizaciones feministas de Capilla del Monte visibilicen con mayor fuerza las problemáticas y casos de violencia que suceden en la localidad turística. Una pregunta para problematizar estos hechos que rondan alrededor de la Policía, la Fiscalía y un Municipio que no está a la altura de las circunstancias ¿Qué pasa en Capilla del Monte?

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) viene realizando una serie de reclamos al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de Córdoba a cargo de Julián López, para que sean escuchadas las demandas laborales del sector que trabaja en la Secretaría Nacional de Adolescencia, Niñez y Familia (SeNAF) que tiene como responsable a Georgina Tavella. El vaciamiento en las instituciones de menores, se traduce en explotación laboral y persecución sindical. Una verdadera trituradora de derechos humanos y sociales producto de las políticas del Gobierno de Córdoba