Una joven de 25 años fue dada de alta del Hospital de Urgencias tras ser víctima de violación grupal y agresiones físicas el pasado 18 de septiembre. Testigos presenciales denuncian que fue encontrada "tirada" a una costado de la Avenida Circunvalación, cerca del barrio Pueyrredón, en la zona este de la Ciudad de Córdoba.

Los estudios realizados en el Hospital luego del ataque, revelaron que la joven sufre una "fractura en la pelvis; lesión en la zona baja de la espalda; mutilación en la lengua, causada por la extirpación violenta de un piercing; escoriaciones en el cuerpo, que serían consecuencias de haber sido arrastrada por el asfalto de la ruta; y traumatismos menores". La recuperación podría llevar al menos 3 meses según el personal médico.

También se encuentra acompañando el caso el equipo del Polo de la Mujer. Por su parte, el Ministerio Público Fiscal sólo ha comunicado la detención de 3 sospechosos en una noticia breve.

Listado de denuncias sin respuesta

La investigación del caso está a cargo de la Fiscalía de Delitos Contra la Integridad Sexual del Primer Turno, que dirige de Alicia Chirino. Según pudo saber Enfant Terrible, hay registradas 28 denuncias por "robos, actos de violencia, hostigamiento y amenazas de muerte" contra la joven y contra su familia, quienes provienen de una zona rural de Córdoba.

Según consignaron medios locales, se trataría del tercer episodio de violencia sexual contra la joven, perpetrado por el mismo grupo de hombres. En 2018 hubo un primer ataque que fue debidamente denunciado. En abril la joven fue nuevamente atacada y el pasado 18 de septiembre por tercera vez. Resulta llamativo que el Poder Judicial no actuó con la premura que si otorga a otros casos, teniendo en cuenta el largo pliego de denuncias radicadas ante la Policía.

La hermana de la joven aseguró que el mismo grupo de hombres se encuentra involucrado en un caso de femicidio tras el que fueron rápidamente liberados. “No estuvieron ni una semana” declaró.

“Mi hermano quedó en terapia intensiva, a mi mamá la manosearon y a mí me pegaron. Aparte nos quemaron la casa”.

En diálogo con Télam, el abogado de la querella, Carlos María González Quintana, cuestionó la lentitud del Poder Judicial: “Todas estas denuncias con las cuales la familia buscaba protección cayeron en saco roto. Tuvo que salir en los medios para que la justicia actuara”. También especificó que “por ahora son tres los detenidos pero estimamos que las responsabilidades se trasladan a tres o cuatro personas más”, quienes de antemano están acusados por los delitos de “abuso sexual gravemente ultrajante por el número de partícipes y por lesiones graves”. Además, González adelantó que solicitará la ampliación de la acusación por “robo y tentativa de homicidio”.

A su vez, el caso avanzará con la incorporación de la víctima a la querella, se estima que la semana siguiente cuando haya mejoras en su salud. También se buscará que todas las denuncias sean unificadas en una sola causa. Además deberá investigarse por qué no se avanzó en la investigación y medidas de protección posteriores a las denuncias acumuladas.

“No se trata de un solo caso”

En diálogo con Enfant Terrible, una especialista cercana al caso que prefirió resguardar su identidad, explicó que: “Desde que toman las denuncias, eso se envía a la Fiscalía, entonces el juez dicta las medidas, resuelve las restricciones y dispone el botón antipánico, o la tobillera si lo amerita. Hay cuestiones de salud mental también, con la internación por vía pre-judicial. Es decir, medidas que tienen que ver con la protección de la víctima y la investigación que se inicia en la Justicia. Todo eso falló, por eso ella sufrió las mismas violencias durante 4 años y hasta fue victimizada nuevamente. Por un lado, la Justicia se queda corta siempre, no implementaron medidas de protección y no implementaron medidas punitivas.

“Éste es un caso paradigmático de revictimización por parte de la Justicia, que no actuó lo suficiente ni a tiempo. Hay que exigir la reforma judicial con perspectiva de género y más presupuesto para atender estas problemáticas”.

Por su parte, desde la Asamblea Ni Una Menos Córdoba anunciaron la “conformación de una mesa de trabajo de organizaciones y activistas en unidad para exigir justicia por B”, seudónimo adoptado para resguardar la identidad de la víctima. “No se trata de un sólo caso, estamos acompañando también a la familia de Jessica, víctima de femicidio, que tiene lo mismos responsables” afirmaron en un comunicado, donde agregan que la familia de este último caso no tiene custodia policial asignada, al igual que el caso de B.

De una u otra manera, la inacción judicial vuelve a poner en evidencia la discresión con que se actúa ante la violencia ejercida hacia mujeres, que distintos colectivos feministas vienen denunciando, planteando la necesidad de una reforma judicial que apunte a fortalecer las herramientas estatales para atender, prevenir y erradicar la violencia ejercida incluso por el Estado, cuando omite disponer el cuidado de las víctimas. Esto último sobre todo en un contexto de escalada de violencia machista hacia mujeres y personas trans*.

Fuentes: Violación grupal en Córdoba: hizo 28 denuncias pero volvió a ser brutalmente atacada