La búsqueda de justicia por Cecilia Basaldúa en una trama de impunidad

El caso de Cecilia Basaldúa fue la gota que rebalsó el vaso para que las organizaciones feministas de Capilla del Monte visibilicen con mayor fuerza las problemáticas y casos de violencia que suceden en la localidad turística. Una pregunta para problematizar estos hechos que rondan alrededor de la Policía, la Fiscalía y un Municipio que no está a la altura de las circunstancias ¿Qué pasa en Capilla del Monte?

Por Redacción Enfant Terrible |

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Foto: Archivo

Distintos saberes sobre las problemáticas en Capilla del Monte se tradujeron en una pregunta para interpelar: "¿Qué pasa en Capilla del Monte?". Esta localidad turística atravesada por la Ruta 38 conocida como 'La ruta de la trata y el narcotráfico' tiene una Policía distinguida por su violencia, una fiscal que la encubre y un Municipio que parece no estar a la altura de las circunstancias.

Este entramado de complicidades se visibilizó con mayor fuerza luego del femicidio de la joven mochilera Cecilia Basaldúa que después de dos años llevó a un juicio plagado de irregularidades y cerró el pasado 2 de julio con la absolución del único imputado.

Una de las abogadas que integra la querella junto a Daniela Pavón, Susana Reyes y Daniel Basaldúa (estos últimos madre y padre de Cecilia respectivamente) Giselle Videla, explicó a Enfant Terrible que ahora la Fiscalía General de Córdoba debe designar una nueva Fiscalía para que siga instruyendo la causa. “Pedimos que sea una diferente a la de Paula Kelm, pero además que sea en otra jurisdicción, no en la de Cosquín” y aseguró que todavía no hay novedades, “dudo que las vayamos a tener tan pronto porque la lectura de los fundamentos de la sentencia se pasó para el 2 de Agosto y recién después de eso entiendo que vamos a tener novedades” dijo.

“Estamos hablando de la justicia argentina-cordobesa, nada es tan rápido”.

Uno de los objetivos de la querella era lograr la absolución de Lucas Adrián Bustos, un pibe de 23 años cuya su contextura física no coincidía con una figura que pudiera hacerle frente a Cecilia de 10 kilos más, cinturón negro y viajera experimentada. El joven, torturado por los policías para auto incriminarse como autor del femicidio, fue un chivo expiatorio de la Policía de Capilla del Monte como tantos otros pibes de barrios populares o zonas rurales. Por otro lado la Fiscalía de Kelm hizo todo lo posible para que terminara en su encarcelamiento y cerrar el asunto ahí.

Para que la causa armada sea reconocida como tal, implicó un proceso “que fuimos descubriendo muy desde temprano, porque todo empezó con los destratos hacia la familia de Cecilia por parte de Kelm, nunca fueron atendidos por ella cuando no suele ser así, sobre todo en un caso de femicidio, se suele recibir a la familia para dar el pésame, contarles cuáles son los derechos que tienen como familiares de víctimas y que por ley pueden constituirse como querellantes, trabajar en la investigación a la par de la Fiscalía y aportar pruebas”.

“Es obligación de la fiscalía por la ley de víctimas informar a los familiares de víctimas sobre los derechos que tienen”

La reticencias sobre los pedidos y medidas probatorias comenzaron a verse en cada presentación de las abogadas, las conversaciones con Kelm “era como para, no sé, tranquilizarnos de que Lucas era el que había matado a Cecilia. Fue todo muy rápido, un día llegan los padres de Cecilia, al otro día encuentran el cuerpo y a los dos días encuentran al que la había matado”.

Mientras la fiscal insistía en el joven las abogadas fueron transitando otras líneas de investigación que apuntaban a Mario Mainardi y su entorno, incluyendo los vínculos que tiene con la Policía de Capilla del Monte. Fue en la casa de este sospechosos donde se detectaron 11 rastros de sangre con las pruebas de luminol, elementos probatorios que quedaron sin analizar en el juicio.

“Claramente la investigación apunta a Mainardi, pero la gente de Capilla del Monte que afirma sus vínculos con la Policía no se quiere sentar a declarar porque tiene miedo”.

Tal como describe la abogada, el círculo redunda en el involucramiento policial con el comisario de Capilla del Monte, Diego Alejandro Bracamonte, el subcomisario Ariel Zárate (quien declaró en el juicio estando detenido por violencia de género) y los efectivos que interrogaron a Lucas, Silvana Lorena Trepat Ochoa, quien le tomó la declaración en la Comisaría; Claudio Omar Posse; Ramón López; Guillermo Molina y Sebastián Aiza. También hay que sumar a Viviana "La Rasta" Juárez, quien presentó a Cecilia con Mainardi.

Foto: Archivo

“Están encubriendo homicidas y violadores”

En 2020 en Capilla, dos meses antes de que Cecilia desapareciera, esto lo mismo le sucedió a Mariela Natalí, una mujer santafesina de 44 años que estuvo desaparecida al menos dos semanas y luego de desplegarse el operativo más grande en la historia del Valle de Punilla y la provincia de Córdoba, fue encontrada muerta supuestamente por inanición. La causa a cargo del fiscal Raúl Ramírez (quien reemplazó a la fiscal Kelm) cerró diciendo que Mariela Natalí se había ahogado (en un arroyo de 20 centímetros de profundo) pero según testimonios su cuerpo estaba intacto para estar tanto tiempo a la intemperie, por lo que sospechan que su cuerpo fue plantado luego de estar secuestrada.

Años atrás en 2013 cuando todavía estaba vigente el Código de Faltas en Córdoba, sucedió el caso de Jorge Daniel Reyna, un pibe de 17 años que era presionado por los policías para narcomenudear. Cuando Jorgito se negó a continuar haciéndoles la tarea a los efectivos, fue detenido y llevado a la Comisaría de Capilla del Monte donde presuntamente se habría suicidado. Luego la celda donde Jorgito apareció ahorcado fue remodelada desapareciendo la escena del hecho. En 2019 la causa fue cerrada por la fiscal Paula Kelm sin responsables por su muerte, aunque como se sabe, nadie se suicida en una comisaría.

Siguiendo estos hechos, donde hay muertes aunque sin responsabilidades más que las individuales según la Fiscalía, es que también resuena la pregunta "¿Qué pasa en Capilla del Monte?". En diálogo con Enfant Terrible, Eugenia integrante de la Movimiento Plurinacional Disidente y Feminista de Capilla del Monte y de Feministas del Abya Yala, explicó que esa pregunta “tiene que ver con la impunidad” ya que las denuncias por violencias “en la Comisaría no se pueden hacer, porque nunca llegan a buen puerto”.

“En casos de violencia de género el asesoramiento viene por parte del Polo de la Mujer en contacto con Córdoba, Cosquín o Cruz del Eje, pero desde Estado local no hay un acompañamiento y una sensibilización, mucho menos con lo que pasó con Cecilia”.

Sobre el caso de Cecilia y el posterior juicio, Eugenia explicó que a las organizaciones feministas locales les permitió visibilizar cómo fue un operativo en manos de la Policía con efectivos que hoy tienen causas por violencia de género, e incluso por eso hoy están presos como el entonces jefe de búsqueda y ex director de Defensa Civil Diego Concha, y luego Ariel Zárate, quien mantenía contacto con quien llevaba a cabo la investigación y con las hermanas de Cecilia.

En referencia al Estado local y la responsabilidad política, Eugenia denunció que el intendente de Capilla del Monte Fabricio Díaz (Unión por Córdoba) al principio se mostró preocupado, pero no mantuvo una conversación con la familia de Cecilia cuando la cosa se comenzó a calmar. “Hay una responsabilidad política ya que la desaparición de Cecilia sucedió en medio del ASPO (Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio) en el contexto de la pandemia, donde hubo un estado de control y de excepción, motivo por el que echaron a Cecilia del Camping Municipal”. Estas actitudes de Díaz, sumado al destrato de Kelm y una causa armada de la policía, conforman un esquema de violencia institucional, “nos habla de impunidad, de encubrimiento” denunció Eugenia.

Psicopatologización de las víctimas

Una causa común en los casos de Cecilia, Mariela Natalí y Jorgito que cabe destacar, es que en las versiones oficiales se justifican sus desapariciones y muertes atribuyéndoles actitudes psicopatológicas, haciéndolas responsables individuales de sus propias tragedias. En el caso de Cecilia se dijo que tuvo "un brote psicótico", en el caso de Jorgito se habló de "un cuadro depresivo" para justificar el supuesto suicidio y de Mariela Natalí dijeron que tenía "bipolaridad".

El rol de las familias y las organizaciones feministas

"Yo voy a pedir juicio político para vos" le dijo Susana Reyes a Kelm luego de terminarse la instancia donde se absolvió a Bustos. Su rol como el de Daniel fue clave para llegar hasta lo último y quebrar la causa armada. Por ser de Buenos Aires, esto les implicó estar en un territorio desconocido, burlar las trampas de la Policía haciendo su propia investigación con las abogadas y articulando con las organizaciones feministas. Sin embargo, en el caso de Natalí no sucedió lo mismo ya que su familia se quedó con la versión oficial y su causa se archivó.

“Hay un límite si la familia no quiere abrir la causa, no quiere seguir investigando”.
Daniel Basaldúa Dora Susana Reyes, padre y madre de Cecilia Basaldúa. Foto: Juan Cristian Castro

Además de destacar el rol de las familias en estos casos, Eugenia remarcó la construcción de redes entre las organizaciones feministas de Capilla, Cruz del Eje, San Marcos y Córdoba Capital. “La verdad fue muy lindo en ese sentido, poder sentirnos caminando por el mismo lado” compartió y explicó que desde el Movimiento Plurinacional Disidente y Feminista de Capilla del Monte y Feministas del Abya Yala junto a Ni Una Menos Córdoba y la Colectiva Akelarre conformaron la Mesa de Trabajo de Justicia por Cecilia.

Por otro lado, también subrayó el contacto permanente con las abogadas, por ejemplo para pensar en conjunto las mismas estrategias de comunicación, “lo que fue el trabajo de cronicar el juicio nos interesaba que sea la materia prima para los medios levanten y visibilizar cuando había contradicciones. Siempre con la perspectiva feminista como transversal”.

Esta simbiosis organizativa tiene a la calle como espacio de disputa fundamental en Capilla del Monte, “es como nuestro mecanismo de defensa para que no vuelva a suceder y para que sepan que sabemos que acá pasó todo esto” explicó Eugenia, y rememoró las épocas cuando exigían el esclarecimiento de lo que sucedió con Jorgito: “Hacíamos las asambleas en la plaza y se nos metía la policía de civil, pero siempre sostuvimos que escondernos no nos ayudaba, todo lo contrario, estando en diagonal a la Comisaría era decirles 'mira todos los que somos'”.

“Sabemos que nuestro lugar es la calle”.

La calle se proyecta como espacio de apropiación, visibilización y presión que a su vez se extiende a través de otros medios “como los grupos de arte, las radios comunitarias que hicieron un trabajo hermoso desde el norte hasta Capilla y después se retransmitió para otro lado. Tanto el adentro de los Tribunales como el afuera se sostuvo siempre porque entendemos que la salida fue y será siempre colectiva. Dentro de toda la tristeza estas cosas te hacen crecer”.

Foto: Archivo

Turismo Preventivo y cuidadoso

Por último, además de la protesta y la lucha en las calles, las organizaciones además conocen el territorio y en este sentido impulsan propuestas para prevenir los secuestros, los abusos y violaciones que vienen sucediendo en Capilla. “Están distintos tipos de acciones para prevenir como el Turismo Preventivo. Por ejemplo, en San Marcos Sierras las compañeras lo vienen haciendo con un listado de lugares amigables, porque son lugares de mucho paso de mochileras, porque acá hay falsos chamanes que te venden lo de lo místico y lo energético con una cuestión muy ecléctica, y terminan siendo abusadores, pero también está lo que pasó con Cecilia”.

“Es algo que ya le dijimos dicho al intendente. Pero no hay un Estado local que se ponga a la altura y sigue para adelante vendiendo folletos del lugar turístico, los ovnis y el tema energético”.

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