“No es un sólo policía, es toda la institución” es una frase hoy toma cada vez más cuerpo en los reclamos por la represión policial en Argentina. Prueba de ello son las movilizaciones de los últimos días en ciudades como Mar del Plata, Paraná y La Plata “Contra el Gatillo Fácil” y las que habrá hoy en otras cinco ciudades más: Mendoza, Rosario, Buenos Aires, Santiago del Estero y Córdoba. En esta última, en la capital, será desde las 17 horas en Colón y General Paz. En total, serán ocho puntos en todo el país.
Pero ya no alcanza con señalar a la institución. La complicidad que defiende y se posiciona del lado de los policías represores, gatilleros, encubridores, femicidas y torturadores, también se encuentra en mostradores judiciales, en paneles televisivos o redacciones periodísticas. Por eso, desde la organización en Córdoba remarcan “no es violencia institucional, es represión estatal”. No es ni un sólo policía, ni una sola institución, es un aparato represivo inmenso que se profundiza cada vez más, al calor de la crisis íntegra que atraviesa Argentina.
En Córdoba, la fecha de la movilización llega a menos de una semana de la modificación del Código de Convivencia Ciudadana -normativa residual del modificado Código de Faltas en 2015- luego de algunos saqueos y robos piraña registrados la semana pasada. Esta última, busca imponer sanciones más duras contra quienes “en actitud amenazante o intimidante, formaren parte de aglomeraciones de más de tres personas con el objetivo de atemorizar a las personas o causar perjuicios a la propiedad pública o privada”.
La reforma fue presentada el pasado miércoles por el diputado nacional y candidato de Hacemos por la Patria (HxP) Carlos Gutiérrez, y aprobada el mismo día por Hacemos por Córdoba, Juntos por el Cambio, Identidad Peronista, Córdoba Auténtica y algunos legisladores de Juntos UCR, sin que necesitara tomar estado parlamentario. Y si bien se supone que la nueva normativa fue aprobada ese día, el día anterior, en medio del temor generalizado por los saqueos, los efectivos ya tenían notificado de la modificación que aún no sucedía, operando con los nuevos artículos.
El pasado martes 22, este medio publicó un reportaje a propósito de los saqueos y las fake news y que tambien se dieron en nuestra provincia. Pocos días antes se votaba la modificación del código de convivencia en la Legislatura, al mismo tiempo que el principal medio masivo de la provincia instalaba el debate sobre la "mano dura" y editorializaba sobre la necesidad de penas más duras contra "la delincuencia".
Mientras tanto, desde el Gobierno Provincial que aún encabeza el candidato a presidente Juan Schiaretti, no se han anunciado medidas para paliar los efectos de la devaluación y la espiral inflacionaria. El tratamiento express sólo recayó en la modificación del Código, pero no hubo otra normativa preventiva en términos laborales, sanitarios o educativos. Esto es importante, porque más allá del hecho delictivo en sí, sindicatos como ACLISA (Asociación de Clínicas y Sanatorios Privados de la Provincia de Córdoba) vienen alertando sobre falta de insumos y medicaciones en las clínicas y sanatorios, a la vez que otros, como la ATSA (Asociación de Trabajadores de la Salud Argentina) reclaman mejoras salariales.
Un dato importante que acerca el Observatorio de Trabajo, Economía y Sociedad para entender la variable de atención del Gobierno, es que “entre 2022 y 2023 la Provincia de Córdoba pagó deuda por 814 millones de dólares. Este monto equivale a casi dos presupuestos anuales de Salud. Es más que todo el gasto realizado en Educación en la provincia durante 2023 y casi siete veces el presupuesto destinado a Desarrollo social”. Es decir, en Córdoba el foco de ajuste está puesto en sectores claves al que en su mayoría acceden los sectores populares: educación y salud pública, así como economía social.
Así lo definió Sergio, integrante del Frente Antirrepresivo en Lucha (FAL), espacio que participa en la organización de la Marcha Contra el Gatillo Fácil en Córdoba: “este ajuste a nivel económico tiene que ir acompañado de medidas represivas y la modificación del Código de Convivencia responde a generar resentimiento hacia una clase social”, planteó.
Respecto a la reforma del Código, Sergio puntualizó en que “las toman como nuevas medidas pero son las medidas de siempre” y en realidad se trata de un “retroceso, porque acá en Córdoba se luchó mucho por sacar ciertas figuras como la del ‘merodeo ’ o de la ‘actitud sospechosa’ que siguieron estando en la práctica, pero ahora se hace explícito, justificando mucho más el accionar represivo”.
Unos de los aspectos más preocupantes de la reforma, es la discrecionalidad con que operan las fuerzas, ya que la aplicación del código es subjetiva, parte literal de la mirada, del ver y juzgar, no un hecho, sino una sospecha, una impresión sobre algún tipo de acción: “es volver a la imagen del merodeo”.
Sergio también destaca que, estando en un año electoral, las propuestas de campaña que vienen desde derecha y ultraderecha marcan la agenda al centro político con propuestas de mayor represión: “Estando en un año electoral, las promesas de campaña se vienen haciendo en base a seguir reprimiendo y no de mejorar la situación, cuando ya se vive una situación bastante grave que viene desde la pandemia, con la excusa del control social y preventivo”.
En lugar de avanzar en planes de gobierno que favorezcan la calidad de vida en términos de accesibilidad a bienes y servicios, lo que no se recorta por un lado se invierte en armamento por el otro. Mientras, la discusión que corre viene por el lado, por ejemplo, de si “Taser si, o Taser no”, para avanzar con el equipamiento de “armas no letales” para las fuerzas. Así es como el Gobierno de la Provincia de Córdoba y en particular el Ministro de Seguridad, Julián López, anunció en mayo la adquisición de 1.000 armas con balas de gas pimienta.
“Justicia es que no pase nunca más”, es otra de las consignas que desplegará la movilización de esta tarde en Córdoba. Este año han sucedido al menos 5 cincos juicios por asesinatos contra jóvenes y otros heridos de gravedad, debido al accionar la policía, lo cual significa un hecho histórico, pero que como tal no garantiza un freno contra estos sucesos de gravedad. En este sentido, Sergio repasó que “hay condenas muy injustas. Está el caso de Isaías Luna donde se le dio 1 año y 6 meses de cárcel al policía que lo asesinó; muchas absoluciones en el caso de Joaquín Paredes, condenas que podrían haber sido mayores en el caso de Damián Pérez, salvo el caso de Blas Correa que volvió a instalar la cadena perpetua para los policías”.
Después del juicio por la muerte Güere Pellico en 2019, en Córdoba “no hubo condenas significativas a los policías asesinos”, criticó Sergio. “Creo que esta Justicia no es la que vienen manifestando las familiares, que vienen exigiéndole al Poder Judicial penas para que no sigan ocurriendo los casos de gatillo fácil, ni de muertes por parte de las fuerzas del Estado”, agregó. Por otro lado, también cuestionó que “se siguen haciendo modificaciones para seguir perpetuando esta política, como los cambios en el Ministerio de Seguridad, de Alfonso Mosquera por Julián López que era Ministro de Justicia, el encargado de las muertes en contextos de encierro, que han triplicado los casos de gatillo fácil”.
Otro ejemplo de la complicidad en distintas áreas del Estado en torno a lo represivo es el caso de Ezequiel Castro, joven fallecido en 2022 en el Hospital Misericordia. Es que en la Unidad de Contención de Encausados (UCA) se encuentra el Centro Psíquico Asistencial (PSA) a cargo del Ministerio de Salud y la Secretaría de Salud Mental de la Provincia, esta última presidida por María Pía Guidetti. En la 9° Marcha de Salud Mental se levantaron banderas antirrepresivas y se denunció al “poder deshumanizador de un aparato sanitario-punitivo”.
Otro caso importante que cabe mencionar, ya que implicará que este año se vayan a desarrollar seis juicios por asesinato policial, es el de Rodrigo Sánchez, cuyo juicio por su muerte a manos del policía Lucas Carranza, iniciará en octubre de este año. Le fecha llega 8 años después del suceso, luego de un largo caminar por las calles y pasillos de los Tribunales por parte de sus familiares, en particular de su madre Gabriela Sanso y su tía Romina Ludueña. Los avances se lograron luego de que su madre se encadenara en septiembre del año pasado.
Hoy más que otras veces, la movilización contra la represión es clave. El modelo, las políticas y los discursos son cada vez más corridos por derecha. El término “seguridad” está ya directamente asociado al de in-seguridad y la salida fácil es gatillo fácil. ¿Qué provoca esa inseguridad? Los responsables no se hacen cargo y ante los saqueos siguen criminalizando sin mayor creatividad política que viejas recetas. ¿De qué lado del ajuste nos encontramos?
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