En el tercer juicio por gatillo fácil en el año, condenan al policía que asesinó a Damián Pérez

Ayer se realizó el tercer juicio por asesinato policial en lo que va del 2023 en Córdoba. El oficial Mariano Martínez, acusado de asesinar a Damián Pérez, fue condenado 4 años de prisión en suspenso e inhabilitación especial hasta que el TSJ deje la condena firme. Por otro lado, el Poder Judicial provincial reconoció que la Policía plantó un arma en la escena del crimen, ordenó a la provincia indemnizar al acusado y declaró a Pérez como “víctima de violencia institucional”.
El oficial Mariano Andrés Martínez. Foto: Rodrigo Savoretti

La semana comenzó convulsionada en las afueras de Tribunales II, con medio centenar de personas que se amontonaron afuera del edificio esperando para entrar al tercer juicio por gatillo fácil en lo que va del año en la provincia de Córdoba (antes tuvieron lugar los casos Blas Correas e Isaías Luna), con el oficial Mariano Andrés Martínez acusado por asesinar al ciudadano cordobés Damián Pérez en Barrio Güemes. En 2014, el disparo en la cintura lo dejó al joven hemipléjico y con complicaciones renales hasta marzo del 2022, cuando finalmente falleció, luego de intentar recomponer su estado de salud durante ocho años.

Familiares de la víctima y familiares del acusado confluyen en la hilera que los policías ordenan a medida que hacen pasar a las personas. Entre los segundos, se encuentran media docena de policías de civil, compañeros del acusado en sus años de servicio. Se saludan, sonríen y estrechan abrazos, como intuyendo que la condena será favorable a su amigo. Les sobran motivos para hacerlo: la mayoría de los juicios por gatillo fácil terminan con los oficiales absueltos o con penas mínimas y sin prisiones efectivas.

En 2019 el Juez Daniel Ferrer Vieyra absolvió en sala unipersonal a Martínez, pero la defensa de la familia presentó un recurso de Casación que fue admitido por el Supremo Tribunal de Justicia (TSJ). En 2021, el Máximo Tribunal dejó sin efecto la absolución y ordenó la elevación a juicio.

Foto: Rodrigo Savoretti

Últimas palabras

El juez Horacio Carranza, Presidente del Tribunal, se hace presente para comenzar la última audiencia junto a las juezas técnicas y vocales del Tribunal, María Rojas Moresi y Susana Frascaroli. Atrás, hay 8 titulares y dos suplentes del jurado popular que se acomodan para escuchar las últimas palabras de la familia de Damián y del oficial Martínez.

Blanca, madre de Damián, tomó fuerza, se sentó frente al Tribunal y expresó: “Mi hijo corrió por miedo, sin arma y le dispararon a matar. Yo solo quiero que se haga justicia”. Durante la declaración, Blanca remarcó que debieron vender muchas cosas para obtener una silla de ruedas para Damián, un colchón especial y un aire acondicionado. También remarcó que el Ministerio de Salud nunca proveyó ninguno de los pedidos que los médicos del Hospital Misericordia le exigieron en documentos e informes al Estado.

Foto: Rodrigo Savoretti

Llega el turno de Omar, padre de Damián: “Tengo que decir que tanto en el juicio anterior como en éste hemos sufrido muchas humillaciones, burlas y discriminación por parte de los familiares del acusado. Nosotros somos gente humilde, trabajadora, e hicimos todo para que Damián saliera adelante. No nos pueden acusar de que lo dejamos morir. Las pericias médicas determinaron que mi hijo falleció por las consecuencias del disparo que le pegaron por la espalda cobardemente. Se demostró que no tuvo arma en ningún momento y también que es imposible que la bala haya rebotado en el piso y luego diera en la cadera de Damián. Entonces quiero que persevere la verdad de una buena vez y se haga justicia”.

Omar finaliza su testimonio criticando al oficial Martínez, quien lo mira fijo desde su lugar de acusado, ubicado a un metro a la izquierda del padre: “Durante todos estos años el acusado cambió su versión muchas veces, mintiendo todo el tiempo. En el anterior juicio se perdieron pruebas, hasta cambiaron el arma que plantaron en la escena del crimen, primero una 32 sin balas, luego una 38 con dos balas. Pero esta vez el señor fiscal demostró la verdad de lo sucedido ante todos ustedes. Por lo tanto, señores del jurado, voten a conciencia de la verdad”.

Finalmente, nervioso y con voz titubeante, el oficial dijo ponerse en el lugar de Blanca y Omar, pero afirma que él cumplió su función como policía y ese día solo ejecutó ordenes de su superior: “Yo disparé por miedo, porque él estaba armado, no era mi intención herir a nadie, pero por algo Damián escapaba” argumentó. Pero aquella no era la primera oportunidad que Damián se encontraba con la policía, pues su madre afirmó que siempre lo detenían por el Código de Faltas y esta vez “no quería caer de nuevo”.

Allanamientos ilegales

Luego de postergar el dictado de la sentencia en dos oportunidades, hacer esperar a los familiares de las partes más de cuatro horas, pasadas las 15:00 los policías presentes autorizan a pasar de nuevo a la sala.

Mientras, Omar cuenta que además de las humillaciones que nombró antes, también sufrieron tres allanamientos realizados por los policías de la Comisaría 10º, 19° y agentes de la Dirección General de Investigaciones, respectivamente, sin presentar actas ni ordenes reales, solo papeles con anotaciones en lapiceras. A él lo amenazaron con llevárselo detenido si entraba a la casa durante los allanamientos. Todo en los últimos 40 días, tiempo en el que se desarrolló el juicio.

Foto: Rodrigo Savoretti

Condena sin firmeza

“De pie” gritan los oficiales. Todo el mundo dentro de la sala se para ante el tribunal y el jurado popular. Acto seguido, procede a leer la condena, de la cual se destacan los siguientes puntos:

“El oficial Mariano Andrés Martínez fue condenado a la pena de cuatro la pena de 4 años de prisión por el delito de lesiones gravísimas con dolo eventual, agravadas por el uso de arma de fuego y por abuso funcional. También se le impuso una inhabilitación especial por el mismo lapso de tiempo. Sin embargo, el oficial mantendrá su libertad hasta que la sentencia no sea declarada 'firme' por el TSJ.

Asimismo, el Tribunal afirmó que por mayoría se pudo establecer que Damián no estaba armado cuando recibió el disparo. Por lo tanto, también se caracterizó al joven como “víctima de violencia institucional”. A su vez, se declaró la falsedad ideológica del acta de inspección ocular y secuestro labrada por el Comisario Rodolfo Ayala, quien permitió que se plantara un revólver 38 con dos balas en la escena del crimen, con el fin de justificar el ilegítimo accionar de Martínez. Su testimonio dicho hace unas horas atrás, es probado como falso.

Por otra parte, la Cámara en lo Criminal y Correccional de 11° Nominación hizo lugar parcialmente a la demanda civil entablada por el damnificado (y luego continuada por sus padres) contra Martínez y el Gobierno de la Provincia de Córdoba, con relación a los rubros pérdida de chance y daño moral, estableciendo condenar a los demandados civiles de abonar a la parte actora $30.000.000 en concepto de daño moral y $301.276,49 por pérdida de chance, más intereses.

Aunque Nicolás Tuturro, abogado defensor de la familia Pérez, advirtió que apelará el fallo por el siguiente motivo: “No estoy conforme. Le dieron dos años menos de lo que pidió el fiscal y nosotros seguimos entendiendo que la condena que corresponde, de acuerdo al resultado de las pericias médicas oficiales, es la prisión perpetua por homicidio calificado, atento a que como he manifestado en varias oportunidades , se ha acreditado el vínculo de causalidad entre la herida recibida por Damián en julio de 2014 y su fallecimiento en marzo del 2022”.

Foto: Rodrigo Savoretti

La conclusión de la pericia médica a la que Enfant tuvo acceso lo dice taxativamente: “Sí existe nexo de causalidad entre el disparo de arma de fuego que recibió Damián Alejandro Pérez el día 12/7/2014 y la muerte del mismo acaecida el día 8/3/2022: Del análisis de la historia Clínico obrante en autos se desprende que la lesión medular ocurrida por el Proyectil de arma de fuego a nivel de la Vertebra T9 sufrida por el Sr. Pérez el día 12/07/14, condicionó su estado de salud a una paraplejia desde el ombligo hacia abajo, total y definitiva. En opinión de los suscriptos, las complicaciones posteriores que presentó el Sr. Pérez están directamente relacionadas a las secuelas-anestésicas y motoras dejadas por el proyectil, ya que responden, a procesos infecciosos derivados de estas secuelas como las infecciones urinarias recurrentes (por el uso de sonda y posterior talla vesical), que evolucionan con el tiempo en pielonefritis y posteriormente en insuficiencia renal; y la escaras que derivan en osteomielitis crónica y shock séptico recurrente, socavando progresivamente la salud del Sr. Pérez”.

El informe pertenece a la perito María Florencia Granton y el perito Granton y Ramiro J. Ortiz Morán. Al igual que en el primer juicio, esta prueba no fue tomada en cuenta como debería haber sido.

-“¿Qué se puede rescatar de este segundo juicio?”, le preguntamos al abogado Tuturro: “La verdad que mucho, si entendemos que de nuevo se intentó lograr la impunidad del acusado. Gracias a mucho esfuerzo, el año pasado se revocó la absolución del primer juicio acorde al recurso que presentamos y ahora se logró algo muy importante, que es la condena acreditada como caso de gatillo fácil, donde se plantó un arma y también que se logró que se declare la violencia institucional. Sin embargo la lucha sigue, hay elementos para presentar”.

El domingo, Blanca y Omar irán al cementerio como acostumbran hace más de un año y esta vez llegarán con la certeza de que se comprobó toda la verdad. Aún así, la pena no refleja los ocho años de calvario que padecieron hasta hoy.

Técnico y profesor en Comunicación Social (UNC). Periodista. Guevarista y peronista.

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