Casi 10 años exigiendo el pleno cumplimiento de las leyes de salud mental sancionadas en 2010 convoca a las calles a organizaciones por el derecho a la salud mental, personas usuarias de los servicios -muchas de ellas víctimas de un sistema de salud desbaratado y manicomializante-, artistas, estudiantes, personal de salud, también empobrecido y precarizado a raíz del recorte presupuestario, con sus particularidades a nivel Provincial.
Este año, el colectivo que organiza la marcha, eligió como consigna “Cumplir la Ley es prioridad, hay que invertir en la Comunidad” para movilizar. De esta manera, apuntan una vez más a un eje paradigmático de las Leyes que tiene asiento en el trabajo entre distintos sectores, con asiento fundamental en lo comunitario como forma de abordaje para la desinstitucionalización de las personas usuarias.
Según indicaron, en distintos momentos de la movilización habrá radios abiertas, intervenciones artísticas y la lectura del documento elaborado por el colectivo organizador y que cuenta con adhesiones de organizaciones locales y nacionales.
Año a año, las discusiones del colectivo avanzan en función de los contextos. Las consignas se construyen al calor de esos panoramas. Son diagnósticos colectivos, relatos que se hacen cuerpo, cuerpos que son vivencias, dentro y fuera de las instituciones. En este sentido, no es casualidad que este año haga alusión a Ezequiel Castro (21) y la Unidad de Contención de Aprehendidos (UCA), que tiene en su predio el Centro Psico Psíquico Asistencial (CPA), un verdadero centro de tortura de las políticas represivas del cordobesismo, disfrazado sin ganas como espacio para la atención de la salud mental.
La familia de Ezequiel se encuentra muy activa exigiendo justicia por la muerte de su hijo, quien falleció en el Hospital Misericordia el pasado 14 de junio, luego de pasar por la UCA y el PSA. Este acercamiento con la Marcha de Salud Mental, encuentra discusiones entre lo que desde el colectivo mencionan: “Cuando las políticas represivas se conjugan con el poder deshumanizador del aparato sanitario-punitivo”.
A raíz de estas lecturas e integraciones “en esta edición de la marcha, el colectivo levanta un fuerte y directo reclamo que incluye el cierre del Centro Psicoasistencial y la renuncia de la actual Secretaria de Salud Mental, María Pía Guidetti, quien, a pesar de sostener un discurso a favor de la Ley, es la principal responsable de que en 12 años no se haya transformado el sistema de atención a la salud mental como la propia ley lo indica, y que en su lugar se haya implementado una política de ajuste y vaciamiento institucional”.
La desinstitucionalización es también desmanicomialización, siempre y cuando sea planificada para el beneficio común y no una oferta de compra-venta para los sectores empresariales, favorecidos la vulnerabilidad y expulsión del Estado, para hacer negocios con la salud en su amplio espectro. Por ende, la desmanicomialización no sólo tiene que ver con la no-existencia de los manicomios, sino en que dentro de esas instituciones que durante tanto tiempo se utilizaron para violentar los derechos y la personas usuarias, se consoliden dispositivos que sustituyan esas lógicas e implementen nuevas.
En Córdoba se ha visto cómo el Gobierno ha avanzado por el camino de la expulsión, tanto hacia las personas usuarias como hacia los gremios de la Salud, tan aplaudidos durante la pandemia del Covid-19. Uno de los casos más polémicos este año fue el cierre del Instituto Provincial de Alcoholismo y Drogadicciones (IPAD)*, cuyo personal en parte fue trasladado a otras instituciones de la provincia, aunque otro ni siquiera fue notificado sobre un reordenamiento laboral, vulnerando derechos laborales, atentando contra la atención que se venía realizando en el lugar.
Desde el Colectivo por el Derecho a la Salud Mental denuncian que “si el cierre del IPAD se hubiera dado luego de la adecuación de los hospitales generales para la atención de urgencias en salud mental y adicciones, si en su lugar hubiera otros dispositivos alternativos (dispositivos territoriales, centros de día, casas de medio camino), desde el Colectivo hubiésemos celebrado su cierre. Pero, el modo en que ocurrió este cierre nos lleva a hacernos una pregunta fundamental: ¿Qué pasó con las personas que estaban el IPAD?, ¿Qué ocurre con aquellos que necesitaban ese lugar?”, cuestionan.
Así como la Marcha de la Gorra en Córdoba fue la primera movilización masiva en el país para denunciar los casos de violencia institucional y gatillo fácil en los barrios populares y zonas rurales, en 2014 la Marcha por el Derecho a la Salud Mental en Córdoba fue la primera en el país en presionar para que el sistema manicomial, impregnado en el Estado, sea erradicado.
“Históricamente, la salud mental estuvo erróneamente relegada y segregada como una cuestión de un sector y de una población particular. Frente a esta representación social, desde el campo de la salud mental comunitaria, se extendió la consigna 'la salud mental no es cosa de locos, es cosa de todos'.
Colectivo por el Derecho a la Salud Mental
Lo que esta frase buscaba expresar era la necesidad de entender la salud mental de igual modo que se comprende la salud humana en general”.
A casi una década de puestos estos reclamos en las calles, pasó una pandemia sanitaria, pero también una oleada de recortes posteriores que facilitaron un deterioro del sistema de salud en general, durante el Gobierno de Mauricio Macri, cuando incluso se eliminó el Ministerio de Salud, mismo período en que se recrudeció el aparato represivo con la Doctrina Chocobar. Este conjunto de escenarios hicieron que la salud mental sea entendida como una cuestión ampliamente política, social y económica, que involucra a más de un sector y que convoca cada vez más.
Podría decirse que las disputas en las calles apuntan a eso político que son las políticas de Estado. En este sentido, cabe preguntarse, de nuevo, cómo se aborda la salud mental frente a estos contextos que aceleran exclusión, disputando -o negociando- a su vez, con otros agentes del campo de la salud. Esto entendiendo que, según sostienen desde el Colectivo, “...fue la pandemia la que trajo con una intensidad nunca antes vista en los discursos sociales de determinados sectores profesionales y potenciados en los medios de comunicación, la preocupación por los 'padecimientos mentales', en general expresadas como patologías, de carácter individual, comprendidas en términos biológicos y con una propuesta de atención en general reducida a la perspectiva médica y farmacológica o a las sugerencias de 'cambios de vida' (individuales), dirigidos a un público con acceso a recursos y oportunidades”.
Frente a este contexto, Córdoba aparece como una de las provincias que mayor población carcelaria alberga, desde el colectivo plantean: “la Ley Nacional de Salud Mental hace doce años vino a instalar en nuestro sistema de salud los estándares internacionales de salud mental como un derecho humano. Un modelo que entiende que la salud mental no está escindida de las condiciones sociales de vida de las poblaciones y que la respuesta debe ser integral”. Esta noción es contraria “al aumento de esta preocupación y a la difusión de una perspectiva individualista y biologicista, que oculta las condiciones sociales, políticas, económicas que producen desigualdades”.
*Cabe destacar que las Leyes de Salud Mental plantean el abordaje de los consumos de sustancias desde la perspectiva de la salud como un derecho, apartándola de la perspectiva criminalizadora que favorece el tratamiento punitivo en estos temas.
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