El pasado marzo, el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT) inspeccionó establecimientos penitenciarios elaborando un informe que refleja las condiciones de vida inhumanas de las personas privadas de su libertad en Córdoba.
Integrantes del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura y organizaciones locales entregaron un documento en la Legislatura de Córdoba, para buscar generar mecanismos institucionales locales contra la sistemática tortura estatal en los lugares de encierro.
La situación de las mujeres en las cárceles de la provincia de Córdoba ha sido siempre una incógnita, ya que poco se conoce de las condiciones que viven en cuánto a salud, trabajo, régimen de visita, educación, maternidad, prisión domiciliaria, el estado de las causas judiciales o el accionar de la justicia. ¿Cuánto sabemos de esta realidad? ¿En qué se diferencia de las condiciones que viven los varones? Para destrabar estos interrogantes, conversamos con Adriana Revol militante y referente anticarcelaria de Córdoba.
Ayer el Juzgado de Ejecución de la Provincia se desentendió del pedido que hicieron instituciones, organizaciones sociales y políticas sobre la dramática situación de las cárceles. Entre las muertes y el hacinamiento, el Gobierno planea inaugurar nuevos módulos en Bouwer y Villa María sin siquiera intentar acercarse al complemento pobreza-represión-prisión preventiva que configura este escenario.
Familiares de personas privadas de su libertad en distintas unidades penitenciarias se acercaron al Ministerio de Justicia y DDHH de la Provincia de Córdoba para denunciar que en los contextos de encierro ocurren vulneraciones a los derechos humanos. El hacinamiento, el consumo problemático, la insalubridad y la pobreza son ingredientes de un potencial principio activo de violencias, donde el personal penitenciario “siempre cae bien parado”, relataron a este medio familiares de detenidxs.
