Por Florencia Tamagno para Enfant Terrible
Sabemos, en términos generales, que el sistema penitenciario se construye a través de lógicas que se alejan por completo de lo que representa una experiencia humana y que se relaciona directamente con las necesidades básicas. La violencia, la ausencia de Derechos Humanos, las políticas punitivistas y las condiciones de abandono en materia de salud y justicia son algunas de las causas que llevan al hacinamiento e incluso a la muerte en el sistema penitenciario de la provincia de Córdoba. Existen, por otro lado, diferencias a la hora de comparar las experiencias de los varones con la de las mujeres en las cárceles.
Según el último Informe Anual realizado por el Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena (SNEEP) en 2021 , en las cárceles de Córdoba hay 10.409 personas privadas de la libertad: 9923 varones, 468 mujeres, 7 varones trans y 11 mujeres trans. Del total, 6137 estaban procesadas y 4272 tenían condena firme. La mayor población consta de 3.965 personas que poseen entre 25 a 34 años.
Por otro lado, Adriana Revol trae datos más actuales: “Si vamos a hablar de las muertes o de la vida en las cárceles de mujeres, primero deberíamos empezar por ver, por ejemplo, la cantidad de procesadas que hay. En total en varones, por ejemplo, el 60% son personas procesadas, con prisión preventiva, sin condena y sin condena firme. El número de personas procesadas en mujeres sube mucho más, llegando a alrededor del 80%, ¿esto de qué nos habla? Que también para esto las mujeres quedan para el último”.
La educación, el trabajo y la maternidad son tres aspectos en la vida de las mujeres que se encuentran limitados y condicionados por el sistema penitenciario y el Poder Judicial. Hablando de números, retomando el Informe Anual del SNEEP, en 2021 eran 3.997 las personas privadas de su libertad que poseían el secundario incompleto y 4.216 quienes poseían un trabajo de tiempo completo. Hoy, las cifras deben haber aumentado.
En primer lugar, la educación es un derecho de cada vez más difícil acceso, porque no hay vacantes debido a la infraestructura y a la poca voluntad de acompañar al área destinada para educación. “Es un 5% de todas las personas en general que están pudiendo salir de sus pabellones para ir al área de educación”, indica Adriana.
Por otro lado, en lo que respecta a la recreación, también es un derecho que se limita por completo a pocos momentos en la semana y que genera graves consecuencias. Así lo menciona Revol: “Por lo general, las personas están saliendo al patio, ya sea para jugar al fútbol o para correr, caminar o simplemente a tomar sol tan sólo una hora y semana de por medio, o sea, dos horas al mes. Es el encierro dentro del encierro. Eso logra y produce que se te atrofie todo el cuerpo, que se te atrofien las piernas y la vista, pero lo peor de lo peor es que se te atrofia la salud mental. Eso es lo más atrofiado, digamos”.
Existe otra cuestión importante, que marca una diferencia respecto a la situación de los varones: el régimen de visita. Si bien la condición es la misma en ambos casos, la distinción se encuentra en que, por lo general, son más las mujeres que visitan que las visitadas, lo cual se relaciona directamente con un mandato patriarcal del rol de “cuidadoras”.
En Córdoba, está prohibido la visita para quienes no sean familiares directos. “Por supuesto no es legal, pero acá el Poder Judicial avala todas esas ilegalidades”, nos indica Adriana. Esta situación, en muchos casos genera depresión en quienes se encuentran privadas de su libertad, sumado a que no pueden estudiar, no pueden salir al patio y tampoco ir a trabajar. “Por ejemplo, si vos no tienes ningún familiar que te visite y en 6 meses no recibiste ninguna visita, a lo mejor te autorizan una. Eso a lo mejor depende del humor de quien tenga que firmar la autorización, lo cual me parece gravísimo porque aísla cada vez más a las personas”.
Otra situación de desigualdad se presenta en el ámbito laboral. Para quienes tienen hijxs es muy difícil sostener el día a día, porque la realidad económica y social de hoy en día, si ya es complicada en sí, se agrava aún más para quienes se encuentran dentro del sistema penitenciario. Esto puede verse reflejado en los salarios, ya que la gran mayoría de todas las personas encerradas ganan 1.200 pesos al mes, lo que el servicio penitenciario y el Estado le llama “salario” o “peculio”. “Estas personas ni siquiera tienen ese privilegio, el de ser explotados. Son directamente desechados” comenta Revol.
Los trabajos constan de coser ropa blanca para los hospitales, por ejemplo, pero también se encargan de realizar trabajos para la Municipalidad de Córdoba, como los juegos metálicos y coloridos que ahora se han puesto en las plazas o las bicicletas. Retomando el caso de quienes son madres, éstas no tienen posibilidad de ayudar a sus hijxs, ni siquiera las que están “en blanco”. Esto se debe, sobre todo, a los descuentos que se realizan y por cómo maneja esos salarios el sistema penitenciario, ya que muchas veces el 20% que corresponde a hijxs de trabajadoras presas -según lo establecido por la Ley 24.660 (art. 121)- nunca llega a destino, ni tampoco se sabe a dónde va a parar esa plata. “No hubo nunca en la historia ningún hijo que haya recibido una moneda de manos del servicio penitenciario ni de su familia. Nunca jamás, eso queda en el bolsillo del servicio penitenciario. Puro descuentos” cuestiona Adriana.
El tema de la salud en el sistema penitenciario no pasa desapercibido. De hecho, es la principal causa de las muertes que allí se generan. Por un lado, el personal de salud se aboca directamente a brindar psicofármacos, pero no así a la atención primaria y de urgencias. Por otro lado, se ha priorizado históricamente la idea de castigo y retribución en lugar de la rehabilitación. Por ende, en vez de abordar las causas subyacentes y ofrecer programas de rehabilitación efectivos, las mujeres a menudo se enfrentan a condiciones de reclusión inadecuadas y a una falta de apoyo para su reintegración en la sociedad.
- ¿Cómo es el funcionamiento del sistema de salud intracarcelario y cuál es el rol que cumple?
- Es sumamente necesario que difundamos y demos a conocer lo que sucede con el tema de la salud mental y la cantidad impresionante de psicofármacos que reciben las mujeres todos los días. Alrededor de un 80% están diagnosticadas con el mismo problema y reciben lo mismo a la misma hora. Hay algunas que cuando tienen algún algún tipo de ansiedad o se sienten intranquilas, ellos tienen lo que llamamos “chalecos químicos” que es una dosis de 3 psicofármacos, una mezcla que te deja mal por dos o tres días, donde no pueden ni hablar por teléfono con la familia. Nada de nada.
Si vos llegas a seguir con “la crisis” o reclamando algún derecho, todavía tienen otra cosa que ligan con la salud, porque es una receta que la firma un médico o alguien del equipo. Son “las camas de sujeción”. Están atadas de pies y de manos, de torso muchas veces, y también tienen la crueldad de atar el cuello, o sea que no tenés ninguna posibilidad de moverte. Ahí te dejan días, te ponen un paño abajo, un nylon para que vos te hagas encima, porque no te van a estar levantando y sacándote al baño, por supuesto.
-¿Cómo es la situación en relación a las enfermedades, los partos y el ciclo menstrual?
-En general es un permanente reclamo de que por lo menos pongan una ginecóloga, que pongan algún especialista. El equipo de salud está muy ocupado respetando la cantidad de psicofármacos para toda la población o las camas de sujeción, pero no están para resolver el problema de salud que tenga alguna de las presas. Por esas razones nosotras pedimos que la salud de las personas encerradas dependa del Ministerio de Salud, no del Ministerio de Justicia y de una fuerza de seguridad que está formada para la represión y para la muerte, que para mantener la vida de las personas.
Con el tema de la salud menstrual, les dan poquísimas toallitas. Por eso hay un grupo de pibes de “Solidaridad Anticarcelaria”, que llevan cosas a Bower para mujeres y disidencias. Llevan, por ejemplo, ropa usada, calzado, tarjetas telefónicas, yerba y azúcar. Siempre se les pone un paquete de galletas y uno de chocolate. Sobre todo a quienes no tienen visitas, y entre esas cosas también siempre van paquetes de toallitas, que es lo que suelen suelen pedir, y otros elementos de higiene también.
Según continúa contando Adriana, en el caso de aquellas mujeres que están atravesando un embarazo, se encuentran en el llamado “pabellón de madres”. Las mujeres que recientemente gestaron, que son menos, duermen, por ejemplo, en las celdas con una mujer embarazada y por lo general, cuando las mujeres son llevadas para parir al Hospital Maternidad les colocan esposas. Por eso, Adriana recalca que no sólo el parto debe ser respetado, sino también el embarazo: “Hacen que la familia los vea así también, son muy crueles”.
Es sabido que las personas gestantes pueden gozar de prisión domiciliaria, pero por lo general no se les brinda esta posibilidad. No así en cambio con los represores y genocidas varones que gozan de una condena en la comodidad de sus hogares: “De todos los juicios que ha habido en Córdoba por delitos de lesa humanidad, hay solamente siete de todos los condenados que se encuentran presos en Bouwer, no han tenido ningún problema en darle la prisión domiciliaria. En cambio, las mujeres embarazadas o con sus niños no y eso muestra claramente a quién responde el Poder Judicial”.
El caso de las personas gestantes con prisión domiciliaria también es un tema, ya que no reciben ningún tipo de ayuda, ¿cómo hacen para mantenerse cuando no hay un sustento y no hay quien banque la olla ahí? “La prisión domiciliaria, yo sostengo, es una gran trampa, porque muchas veces la necesidad tiene cara de hereje y hace que las mujeres comentan otro delito, como por ejemplo, vender estupefacientes. Esto se da para poder bancar esa olla, entonces vuelven nuevamente adentro y ahí ya es imposible que le den la prisión domiciliaria de nuevo” explica Adriana.
-¿Cómo es la situación de las infancias adentro?
-Pueden estar hasta los tres años, eso lo decide también su mamá, porque se pueden ir con su otra familia si es que la mamá elige que su hijo no esté encarcelado. Pueden estar ahí muchos niños, es por eso que hay una guardería y también hay un Jardín afuera, extramuros. Es todo un tema con las niñeces que nos rompe la cabeza, porque no podemos entender cómo se logra esto, ya que muchas de éstas mamás, incluso las mujeres embarazadas, pueden gozar de prisión domiciliaria, lo dice la ley, pero no se cumple.
La mayoría de las muertes que se dan en el encierro se producen por falta de asistencia médica, como por ejemplo, el caso de Gabriela Molina quien tuvo un ACV y no fue llevada a atender con urgencia. En el preciso momento que enfermería la sacó para llevarla a control, dijeron que ella en realidad tenía un ataque al hígado, por lo que le dieron buscapina y la mandaron nuevamente al pabellón. Las compañeras de Gabriela reclamaron para que la llevaran a un hospital, logrando que queda en terapia intensiva aunque finalmente murió.
También este año, Celeste Merlo perdió a su hijo estando un embarazada de 8 meses y medio. Ella no se sentía bien y tampoco la atendían, así que fue llevada a “la Maternidad”, pero su bebé ya había fallecido.
Otro caso es el de Celeste Rodríguez, una chica de Capilla del Monte que había quedado con su mamá en un estado grave ya que no podía caminar. Celeste pidió ayuda porque debía que atenderla todo el tiempo y además, tenía 3 hijas y no podía con toda esa situación sola. Pero nadie la ayudó y en una situación de desborde terminó quitándole la vida a su madre: “En ningún momento le permitieron juntarse con otras mujeres, no pudo salir a ningún lado, estuvo en aislamiento desde que llegó. Todo concluye en que se termina quitando la vida” relata sobre este caso Adriana.
La situación de las mujeres en las cárceles deja ver que tanto el sistema judicial y el penitenciario han sido históricamente construidos a partir de estructuras patriarcales. Para concluir, consultamos con Adriana cómo incide el sistema patriarcal en aquellas mujeres que se encuentran privadas de su libertad:
“Ellas reciben todo el rigor, incluso el rigor de la ley, por eso el 80% de ellas son procesadas y todavía ni se han molestado en llevarlas a juicio. Por otro lado, les cae el rigor de la ley por, por ejemplo, ser malas madres en muchos casos. También hay, que debemos ver, mujeres condenadas a prisión perpetua, en casos donde se ha probado que ha sido el hombre el culpable, pero a ellas también les dan prisión perpetua por no ser buenas madres, por hacer mal su trabajo, por no haberlo defendido bien”.
Por eso podemos hablar de una doble condena: la primera, ser pobre; la segunda, ser mujer. La sociedad tiende a percibir a las mujeres presas como desviadas, malas madres o moralmente corruptas, lo que resulta en penas más severas o en la negación de la empatía y la comprensión de sus circunstancias.
En primer lugar, el sistema judicial ha mostrado un sesgo de género en la forma en que trata los delitos relacionados con la violencia de género. A menudo, las víctimas de violencia doméstica, acoso sexual y agresiones sexuales enfrentan obstáculos para obtener justicia, ya sea debido a la falta de sensibilidad del sistema judial, la revictimización y la falta de recursos destinados a investigar y procesar adecuadamente estos delitos. Esta falta de respuesta efectiva puede ser atribuida, en parte, a la cultura patriarcal arraigada que minimiza o desestima las experiencias de las mujeres y perpetúa la impunidad de los agresores.
En segundo lugar, el sistema penitenciario también refleja una mentalidad patriarcal con políticas penales que tienden a priorizar el castigo sobre la rehabilitación, afectando desproporcionadamente a las mujeres, ya que muchas veces se ven obligadas a cometer delitos debido a la pobreza y la falta de acceso a derechos.
Además, el sistema penitenciario suele estar diseñado y gestionado teniendo en cuenta a la población masculina, lo que lleva a una falta de atención y recursos específicos para las necesidades de las mujeres encarceladas.
Estos factores revelan una estructura arraigada en la desigualdad de género y la falta de reconocimiento de las experiencias y necesidades específicas de las mujeres en el sistema de justicia. Superar estas desigualdades requiere una revisión profunda de las prácticas y políticas existentes, así como un enfoque en la equidad y la justicia de género.
Denuncian que la empresa no acata la conciliación obligatoria ante los despidos injustificados. “Por un lado recibe beneficios impositivos y por otro pasa por encima de la conciliación”, cuestionó el cuerpo de delegados.
Axel Catriel Frías (18) fue encontrado muerto por sus familiares en un canal del barrio Los Boulevares, luego de estar desaparecido desde el 23 de abril.
“Nunca hubo anuncio de paro, pero sí hay asamblea en el lugar de trabajo, lo que implica una paralización del servicio”, sostuvo el secretario adjunto de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte, Juan Carlos Schmid.
