El pasado viernes 24 de noviembre, el legislador oficialista Matías Chamorro recibió a una delegación del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT) en la Legislatura de la Provincia de Córdoba con el objetivo de avanzar en la construcción y posible aprobación legislativa de un mecanismo local contra la tortura estatal en contextos de encierro, en base a 10 puntos.

El documento fue presentado por representantes del CELS, el Colegio de Psicólogos, la Facultad de Ciencias Sociales (UNC), el Programa Universitarios de las Cárceles (PUC), el Observatorio de Salud Mental y DDHH, la Asociación Pensamiento Penal, la Dirección de Análisis Criminal y Planificación de la Persecución Penal, el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) y el Movimiento Anticarcelario.

Sobre el encuentro, el legislador expresó: “Es fundamental en estos momentos poder recibir a estas instituciones que vienen trabajando en mecanismo de prevención local. Hemos recibido su mirada y vamos a trabajar con el Poder Ejecutivo para avanzar en la temática”.

El evento tuvo lugar luego de la presentación del informe anual elaborado por el CNPT, tras sus visitas de inspección en marzo del 2023 a la UCA (EP Nº9-CPA) y la Cárcel de Bouwer (EP N º 3 mujeres), donde se sistematizaron -una vez más- graves violaciones a los Derechos Humanos hacia las personas privadas de su libertad en dichos establecimientos.

Enfant dialogó con Valeria Plaza, coordinadora del Proyecto “Registro y monitoreo sobre malos tratos y tortura de la provincia de Córdoba”, con el objetivo de conocer las expectativas sobre la posible institucionalización del mecanismo local y cómo ello ayudaría a transformar las inhumanas condiciones en los lugares de encierro.

¿Esta vez es en serio?

El CNPT visitó la Ciudad de Córdoba entre los días 27 y 29 de marzo de 2023, realizando inspecciones en el Centro Psico Asistencial, el Establecimiento Penitenciario Nº 9 -Unidad de Contención del Aprehendido-, y el Establecimiento Penitenciario Nº 3 para mujeres del Complejo Carcelario Nº 1 “Reverendo Francisco Luchesse” (Bouwer).

Según detalla el informe del CNPT, la visita se hizo para dar “seguimiento a las situaciones relevadas y a las recomendaciones oportunamente realizadas a partir de las inspecciones que el CNPT llevó a cabo en los años 2018, 2019, y 2022”. En este sentido, en sus primeros apartados, las autoridades nacionales indican:

“La provincia de Córdoba no ha creado ni designado su Mecanismo Local de Prevención”.

Es que el CNPT ya había recomendado, en su informe sobre la visita de inspección a la Provincia de Córdoba del 2018/2019, la necesaria creación del Mecanismo Local Provincial. Sin embargo, las respuestas del Gobierno de Córdoba continúan siendo nulas hasta el día de hoy, a pesar de que se registran en la Legislatura provincial distintos proyectos presentados en el 2013, 2014, 2016, 2017 y 2019. Todos se encuentran encajonados y sin estado parlamentario.

En el informe, las autoridades nacionales mencionan que durante el 2022, el entonces Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julián López (actual ministro de Gobierno y Seguridad), se comprometió públicamente a compartir un proyecto de ley sobre el cuál supuestamente se estaba trabajando junto a la Fiscalía de Estado. En marzo de 2023, la actual ministra de dicha cartera Laura Echenique informó a la delegación del CNPT que visitó Córdoba, sobre un supuesto borrador de proyecto de ley, al tiempo que se comprometió a remitir una copia.

“Al momento del cierre de este Informe (noviembre 2023), el Comité Nacional no ha recibido copia de un proyecto de creación del Mecanismo Local, así como tampoco ha sido informado de su presentación en la Legislatura Provincial”, expresan los funcionarios del Comité.

Sin embargo, Valeria Plaza rescata que, a diferencias de otras provincias “en Córdoba hay un principio de acuerdo básico aprobado sobre el modelo de mecanismo local, que surge desde consensos establecidos entre las diversas organizaciones locales registradas por el CNPT”. Estas organizaciones que menciona Valeria son: la Asamblea Permanente por los DDHH, Asociación Civil La Poderosa, la Asociación Pensamiento Penal, la Liga Argentina por los Derechos Humanos y la Comisión de Derechos Humanos Por la Memoria, Verdad y Justicia de Traslasierra, el movimiento carcelario, familiares de víctimas, y los distintos ministerios con los que se ha articulado al menos de manera verbal.

Este trabajo se sintetizó en los siguientes 10 puntos básicos para la implementación del modelo cordobés de prevención de la tortura estatal:

1. Un sistema mixto (con representación de las organizaciones de la sociedad en el mecanismo).
2. La incorporación en el proyecto de ley de principios mínimos: independencia, transparencia y celeridad.
3. Asignación presupuestaria suficiente.
4. Cláusulas específicas referidas al acceso a la información.
5. Definiciones claras de los mecanismos y criterios de selección y designación de sus miembros.
6. Establecer la periodicidad de los mandatos de los miembros.
7. Establecer un régimen de facilidades e inmunidades para el correcto desempeño de sus miembros.
8. Establecer causales y procedimiento de renuncia, remoción y apartamiento de sus miembros con participación de la sociedad civil.
9. La publicidad de los informes y que establezca mecanismos de difusión de las prácticas identificadas.
10. Incorpore la posibilidad de querella, asistencia y/o asesoramiento a las víctimas.

“Es importante destacar que, en este modelo, el rol de las organizaciones no es solo dar recomendaciones o poder hacer inspecciones, sino que también puedan participar como querellantes y que sus opiniones sean vinculantes, de manera que puedan brindar asistencia reconocida por el mismo Estado. (...) Que las mismas organizaciones podamos elegir quiénes integraran dicho espacio y no sea solo el Estado que use al mecanismo para hacerlo funcional a sus sistematicidades que nos han llevado a la situación de hoy”, expresó Plaza.

Además, la académica y abogada mencionó que la red de organizaciones e instituciones seguirá trabajando durante los próximos meses, para continuar con la presentación del mecanismo local a otros bloques políticos, ya que necesitarán de la aprobación de legisladores de distintos partidos para la aprobación de la ley.

Consultada sobre qué implicaría la institucionalización del mecanismo en la Provincia, Valeria lo resume en algunos puntos concretos:

• Visibilizará y sistematizará la violencia institucional intramuros.
• Consensuará acuerdos y mecanismos básicos de respeto y cumplimiento de los DDHH en los establecimientos penitenciarios.
• Permitirá que las organizaciones controlen y monitoreen al Estado, y no sea el Estado controlándose a sí mismo.
• Dotará de mayor legitimidad social a las organizaciones y permitirá su constante formación en la temática.
• Obligará a las instituciones estatales a formarse el tratados y acuerdos internacionales.
• Obligará al Estado a hacerse cargo de sus violaciones a los Derechos Humanos en contexto de encierro lo que tendría que tender a reducir dichos padecimientos colectivos.
• Reducirá violencias como las sujeciones y expondrá el incumplimiento de normativas básicas que obligará a modificar.
• Brindará sustento legal a las familias con familiares en contexto de encierro a tiempo que tendrán un canal oficial para denunciar sin miedo algunas situaciones complejas.

Finalmente, Plaza admite que es vital que todas las organizaciones de la sociedad civil tomen conciencia de la gravedad de la situación que se viven en los establecimientos penitenciarios, ya que sin apoyo social y presión colectiva, no hay ley que pueda de a poco ir transformando realidades violentas de carácter estructural:

“Esperamos que finalmente podamos tener la oportunidad política de que se apruebe el mecanismo local contra la tortura, es clave en este contexto nacional” concluyó.

Foto: Juan Cristian Castro/Enfant Terrible