Entre los días 27 y 28 de marzo de 2023 una delegación del Comité Nacional de Prevención de la Tortura (CNPT) inspeccionó la Unidad de Contención del Aprehendido (UCA), donde funcionan los establecimientos penitenciarios EP N°9 y el Centro Psico Asistencial (CPA) y también el Complejo Carcelario Nº 1 “Reverendo Francisco Luchesse” (pabellón de mujeres) en la localidad de Bouwer. Las dos primeras instituciones funcionan como lugares de detención provisoria y la tercera como sitio de detención permanente, bajo la órbita del Servicio Penitenciario de la provincia de Córdoba.
A continuación, los datos más importantes del informe elaborado por el CNPT respecto de los establecimientos antes nombrados:
El Establecimiento Penitenciario N°9 se ubica en el Barrio Güemes y su interior se divide en 6 pabellones para varones (gris, verde, azul, amarillo, naranja y celeste) y 1 para mujeres (blanco). “Todos ellos estaban por encima de su capacidad declarada”, advierten desde el CNPT.
Al momento de la visita del Comité y de acuerdo al listado de población entregado por las autoridades penitenciarias, en marzo del corriente año había 892 personas (48 mujeres y 844 varones). Según la misma UCA, la capacidad declarada es de 534 plazas y es definida por la propia autoridad penitenciaria en relación al número de camas disponibles, estableciendo según sus propios parámetros, una sobrepoblación de 67,04%. Sin embargo, desde el CNPT advierten que éstos no se adecúan a los estándares sugeridos.
“Más allá del carácter excepcional que debería regir ante la aplicación de la medida de prisión preventiva, considerando la grave situación de sobrepoblación, se observa que más de un 20% de la población se encuentra privada de su libertad por delitos leves” señalan desde el CNPT.
Según se detalla en el informe, un 9,86% de la población alojada en el EP N°9 está detenida por el delito de hurto simple, un 2,8% por resistencia a la autoridad y un 8,85% por las conductas menos lesivas establecidas por la Ley 23.737.
Estos delitos son excarcelables, por lo que “el abuso de la prisión preventiva constituye una política judicial punitiva elocuente y de control social sobre la población”, expresa Adriana Revol, referenta del movimiento anticarcerlario de la Provincia. “Se debe a una política del poder Ejecutivo y el poder Judicial, específicamente centrada en encarcelar y disciplinar jóvenes. Recordemos que en Córdoba más del 60% de la población carcelaria está procesada sin condena. Y en el caso de las mujeres llega a un 80%”, agrega.
Respecto a las condiciones de habitabilidad e infraestructura, desde el Comité mencionan que el relevamiento de lo espacios de alojamiento dió cuenta de graves problemas de humedad, presencia de plagas, inundaciones y conexiones eléctricas expuestas.
“Las celdas cuentan con inodoros, pero hay pabellones que tienen solamente dos duchas para más de 80 personas. Las instalaciones están en pésimas condiciones de higiene. Se visitó el pabellón azul planta baja donde había 109 personas privadas de su libertad, distribuidas en tres celdas de tipo colectivas
que alojaban a más de 30 personas cada una”, ejemplifican las autoridades.
El estándar mínimo establecido por la Ley 26827 (Sistema Nacional de Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes) con respecto a la capacidad de alojamiento por celda colectiva y pabellones marca que, en un espacio como el pabellón azul de 24m², deberían alojarse solo 5 personas, pero hay 30. Esto conlleva a que más de la mitad de esas personas duerman en colchones en el piso -que en algunos casos comparten entre tres personas-, generando que el espacio de circulación sea nulo.
Con respecto al acceso a la salud, según lo informado por el SPC, en el Área de Sanidad de la UCA hay siempre un médico, un enfermero y un responsable del área de farmacia. Pero desde el Comité constatan que existe un “gran contraste con lo relevado en las entrevistas, donde las personas privadas de su libertad refirieron que la atención es prácticamente nula”. Hipertensión, diabetes, asma, y una gran prevalencia de consumos problemáticos son algunas de los padecimientos de salud más comunes en este establecimiento donde se brinda únicamente atención primaria. Además, se menciona que no existe un equipo de salud mental.
El Centro Psico Asistencial (CPA) es una unidad de atención de crisis psiquiátricas agudas de tipo monovalente dependiente del Ministerio de Salud, que trabaja exclusivamente con usuarios judicializados. En los últimos años, el CPA ha sido el blanco de múltiples denuncias por parte de familiares de detenidos y asesinados y/o torturados allí, tal como lo padecieron Ezequiel Castro y Matías Mariño.
El centro tiene una capacidad de 30 camas y se encuentra divido en dos alas (A y B), de 15 camas cada una. Según detalla el informe, cada sector dispone de una habitación denominada “sala de shock room”, con capacidad de dos camas, dispuestas para los ingresos de usuarios descompensados. Estas habitaciones poseen puertas con rejas que se encuentran cerradas de manera permanente y no cuentan con baños. La inspección se encontró con presos orinados, con escasa vestimenta y graves problemas de higiene.
Además, desde el Comité verificaron la “falta de oferta de actividades terapéuticas y la posibilidad de circular por el establecimiento, con lo que los usuarios permanecen prácticamente encerrados todo el tiempo, salvo en los horarios de la comida”.
A los presos judicializados en el CPA se les prohíbe tener pertenencias personales, fumar, comunicarse con el exterior o incluso dialogar de manera directa con sus defensores, el aislamiento forzado es total.
“A las 20:00 es el horario establecido para dormir, a las 23:00 los enfermeros hacen una ronda de control y si algunos de los usuarios no se encuentra dormido se le administra una dosis adicional de medicación vía oral, lo que resulta violatorio de la Ley 26657 Art.1219”, señalan desde el CNPT. Los lugares de encierro en el CPA no cuentan con luz artificial, poseen humedad, paredes rotas y “contienen fuerte olor a orín”.
A la fecha de la visita de la delegación (marzo 2023) había 29 usuarios con internaciones involuntarias en dicha instalación. Un 20,69% (6) estaban allí por tentativa de hurto y el 17,24% (5) por desobediencia a la autoridad, es decir delitos de baja lesividad.
El día 28 de marzo de 2023 la delegación también visitó el Complejo Carcelario Nº 1 “Reverendo Francisco Luchesse” (pabellón de mujeres) que se encuentra en la localidad de Bouwer, con el fin de “observar el cumplimiento de las recomendaciones realizadas oportunamente respecto de la aplicación de medidas de sujeción mecánica en mujeres cis, trans y en mujeres madres”.
Luego de una entrevista con la Directora Mariana Zbrun, las autoridades inspeccionaron los núcleos A1 y D1, se pudo dar cuenta que en el establecimiento había una población total de 438 mujeres, con una capacidad declarada para 473.
En el núcleo A1 hay diez mujeres embarazadas y seis mujeres con niñeces. El Comité denuncia desde sus primeras visitas a la Provincia una práctica de tortura sistemática que se denomina sujeción, la cuál consiste en anudar a las personas desde sus extremidades, inmovilizándolas por horas o inclusive días mientras son inyectadas con sustancias farmacológicas de manera violenta y sin consentimiento.
Si bien desde el organismo nacional celebran que las sujeciones no se realicen más sobre las personas embarazadas antes, durante y después del parto (luego de denunciar dicho accionar durante años), no dejan de señalar su preocupación por la continuidad y profundización de esta práctica para con las mujeres no embarazadas.
Para Adriana Revol, la sujeción es una “aberración” que en Córdoba no se quiere erradicar pese a denunciarlo hace más de una década. “La sujeción es una práctica avalada por jueces, fiscales, médicos, policías, guardiacárceles y enfermeros, todos saben de su gravedad pero lo siguen haciendo. Es una política de Estado para con la población carcelaria, como sucedía en los tiempos de la dictadura” señala.
Por otra parte, la activista anticarcelaria señala que pese a que no se sujeten a las personas gestantes a la hora de parir, “estar embarazada en la cárcel es sinónimo de castigo ya que no te dejan salir a trabajar, salir a estudiar, ni siquiera salir al patio, pasan todo su proceso de embarazo entre muros”, acusa.
Si bien no hay sobrepoblación, las instalaciones en lo que respecta a la higiene e infraestructura presentan las mismas características antes detalladas en los pabellones de hombres, incluyendo una pérdida de gas que fue arreglada luego de ser denunciada.
Por otra parte, en lo que respecta a la población carcelaria travesti-trans, Revol señala que luego de muchos años se está cumpliendo con una histórica demanda: la inclusión de las personas travestis, trans y feminidades con VIH con el resto de las presas, algo que antes no sucedía ya que éstas sufrían una “discriminación positiva”, donde se las aislaba y separaba del resto de las presas.
Otra de las tareas que se adjudica el CNPT son las investigaciones penales y administrativas relacionadas a las muertes ocurridas bajo custodia estatal, que se hace “con la intención de evaluar si se ajustan a los criterios consolidados en el derecho internacional” y “promover el cumplimiento de las directrices incluidas en el Protocolo de Minnesota sobre muertes potencialmente ilícitas”.
“En el Informe de seguimiento de esas recomendaciones, se observó, en general, fallas en la implementación de protocolos y estándares pertinentes para la investigación y esclarecimiento de muertes bajo custodia del Estado y posibles hechos de tortura y malos tratos”, expresan las autoridades.
En palabras de Revol: “el Gobierno de Schiaretti es responsable de la muerte en contexto de encierro de 17 personas solo en el 2023 y de 73 en su actual mandato, incumpliendo los derechos humanos y derechos constitucionales más básicos”.
Desde el Comité advirtieron que al cierre del informe (noviembre 2023), ninguna de las muertes identificadas este año tenía personal del servicio penitenciario imputado por conductas delictivas. ¿La gente muere en las cárceles de la nada?
En el documento se detalla que las fiscalías a cargo de las investigaciones admitieron que solo siguen hipótesis de muertes productos de autoagresiones. Pese a ello, las mismas fiscalías admitieron conocer el Protocolo de Minnesota que establece que la presunción de responsabilidad estatal se extiende, aún cuando una persona se quita la vida en circunstancias inexplicadas (pág. 6, punto 17).
Para la activista “El Estado es el violento y genera una maquinaria de exterminio. Si vos tenés 100 presos y tres inodoros como en uno de los pabellones de la cárcel de Villa María, generas violencia entre la población además de la que ya recibe cotidianamente. La sobrepoblación es tortura. El Estado es responsable de todo lo que suceda allí adentro, y especialmente sobre las muertes, sean 'suicidios' o asesinatos”.
Finalmente, el Comité le notificó a los tres poderes del Estado una serie de sugerencias y recomendaciones a seguir para modificar la grave situación en los establecimientos penitenciarios de la Provincia. El art.9 de la Ley 26.827 prevé que las autoridades notificadas por el Comité deben responder las solicitudes de éste, en un plazo no mayor de veinte días.
¿Cómo justificarán desde el Gobierno de la Provincia de Córdoba la sistemática violación a los Derechos Humanos en las cárceles? ¿Sacándose una foto con un pañuelo blanco? ¿Organizando una charla en la facultad de derecho por los 40 años de democracia? ¿Existe la democracia en las cárceles de Córdoba o todavía éstas son el recuerdo vivo del terrorismo de Estado?
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