Fotos: Juan Cristian Castro/Enfant Terrible

La desbordante situación en las distintas unidades penitenciarias de la Provincia de Córdoba, caracterizada por la problemática del hacinamiento y el abuso de la prisión preventiva, conllevó que hace dos semanas familiares, organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos movilizaran al Ministerio de Justicia y DDHH para que la ministra Laura Echenique les abriera las puertas a sus reclamos.

Tras no recibir respuestas desde el Ministerio, ayer por la mañana Solidaridad Anticarcelaria de Córdoba, la Cátedra de Psicología Social de la Facultad de Psicología de la UNC, el Frente Antirrepresivo en Lucha (FAL), el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos y familiares y amigxs de detenidxs, víctimas de tortura y muerte se hicieron presentes en Tribunales II (Fructuoso Rivera 720, barrio Observatorio).

La convocatoria se realizó para presentar un documento al Juzgado de Ejecución de la Provincia, para que se garanticen los derechos humanos en las cárceles, y a la vez, explicitan una serie de exigencias que evidencian las condiciones denunciadas.

Cerca del medio día, el juez de Ejecución 2 de Córdoba, Cristóbal Laje Ross y el juez en el Juzgado de Ejecución Penal Nº 1, Facundo Moyano Centeno, abrieron las puertas de su despacho para recibir a Carina, familiar de personas privadas de su libertad, Sergio de FAL y Adriana Revol, activista anticarcelaria, pero no dejaron entrar a los medios de prensa.

Revol contó brevemente que los funcionarios “nos dijeron que las personas ganaban bien adentro, que ganan el salario mínimo, vital y móvil, también cuestionaron que las personas no salgan al patio diciendo que salen todos los días, nos mintieron en todo momento. Tema salud y educación dijeron que ellos no tenían nada que ver, que hay que decirle al Ejecutivo, todo hay que decirle al Ejecutivo”.

Me asfixio Dios

En la ocasión de diálogo con Enfant, el ex juez de la Corte Suprema, Raúl Zaffaroni, compartió que las cárceles en América Latina evidencian en deterioro tal, que las mismas se convierten en campos de concentración, en función del problema de la superpoblación de un 200% a 300%, debido a la gran cantidad de personas encarceladas que no tienen una condena firme y ni siquiera un juicio.

“El promedio de prisión preventiva en Latinoamérica es del 50%” compartía Zaffaroni, mientras que en Córdoba esa cifra es del 60%.

Como dijimos, la urgencia de las condiciones carcelarias se encuentra en el hacinamiento, donde sucedieron las muertes en Bouwer, sólo en abril, de cinco personas: Alejando Bargorria, Celeste Rodríguez, Bruno Llanos, Alejandro Maza, Gabriela Molina. De esta manera, suman “más de 70 muertes en los últimos cinco años del gobierno schiarettista”, expresan las organizaciones.

El hacinamiento y las muertes conviven con paupérrimas condiciones de salud en todas sus dimensiones, medicalización, torturas, precariedad laboral, mala alimentación, infraestructura edilicia inadecuada, limitación en el acceso a la educación, muchas problemáticas que se evidenciaron y profundizaron con la pandemia del Covid-19.

“La situación es paupérrima, el Servicio Penitenciario de Córdoba viene dando muestras de que no es capaz ni eficiente el tratamiento en cuanto al derecho y accesibilidad a la salud. Por esto entendemos que es el Ministerio de Salud quien debería hacerse cargo”, explican las organizacion en el documento.

Más cárceles, menos soluciones

Hace poco el periodista Ary Garbovetzky escribió un artículo para La Voz del Interior que titula: “Ampliarán en más de 600 plazas la capacidad de las cárceles de Córdoba este año” y explica que se habilitará un nuevo módulo en el complejo de la localidad de Bouwer y se expandirá la capacidad de la cárcel de Villa María.

“En Bouwer está a un 75% de avance el quinto módulo para varones, que sumará una capacidad de alojamiento de 384 internos a las actuales 5.510 camas que tiene el mayor centro de detención de la provincia. Los trabajos están avanzados -aunque en el lugar se ve que falta aún bastante por hacer- y la empresa que está a cargo de la obra se comprometió a entregar el nuevo edificio el 5 de septiembre”, deescribe el artículo.

Por su parte Cecilia Lanzarotti, secretaria de Gestión y Organización penitenciaria del Ministerio de Justicia provincial, en el mismo artículo explica que las celdas de este nuevo módulo “son para 4 internos cada una, mientras que en los otros módulos, con celdas más pequeñas, sólo conviven de a dos”, algo que de entrada va en contra de lo previsto por las Reglas de Mandela y reglamenta una celda por persona.

Sobre la cuestión de espacio y geometría también se refirió aparte Adolfo Ruiz, periodista comprometido con la situación carcelaria, el cual se basa en la Ley 24.660 de la Pena Privativa de la Libertad para explicar que se debe garantizar mínimo de 5 m2 por interno. “¿Sabés cuál será la superficie por interno que tiene esta cárcel 0km, nuevita, súper pesada por nuestras autoridades? 2,52m2. O sea: desde el arranque parte con la mitad”, denuncia Ruiz.

Es decir, que hablamos de establecimientos cuyos requisitos no están adecuados a las leyes y reglamentos internacionales ni constitucionales. “¿Cómo podemos sorprendernos después de tener cárceles reventadas de gente, hacinada, con CERO TRATAMIENTO, con imposibilidad de convivencia, si desde el minuto cero, desde el arranque, las cárceles que se piensan, se diseñan, se licitan y se construyen, son ilegales?”, cuestiona Ruiz en este sentido.

Para concluir, sería importante remarcar que la situación intramuros está directamente vinculada la extramuros, ya que el hacinamiento y la superpoblación en las cárceles se da en un 40% de pobreza que derrocha la Provincia de Córdoba. Este escenario tiene que ver con la resposabilidad política que mantiene la represión como respuesta punitiva frente a la crisis. Esto se complementa con el sistema judicial penal deficitario, que mantiene la prisión preventiva como principal respuesta ante los delitos.