Por Agustina Chora y Agostina Polischuk para Enfant Terrible

Rocío tiene 25 años y es mamá de un nene de siete. Actualmente estudia Trabajo Social y se presenta como trabajadora de la Economía Popular y referenta de la Rama de Liberadxs del MTE en La Plata. “Y algo de mí es que soy charlatana y que me gusta mucho debatir”, cuenta entre risas. A mediados de 2018, tenía veinte años cuando la policía irrumpió el auto de su ex pareja en el que circulaban: “Encontraron cosas que no eran mías (...) estuve en el lugar equivocado”, explica. Desde ese momento permaneció en prisión preventiva tres años y siete meses, hasta el veredicto que determinaría su culpabilidad o inocencia.

En Argentina, tener a personas a la espera de un juicio no puede extenderse más de dos años, según el artículo 1° de la ley 24.390 de “Plazos de Prisión Preventiva”. Excepto algunas particulares, debido a la complejidad de la situación o peligrosidad de la persona acusada, la prórroga podría ser hasta de un año. En el caso de Rocío, no sólo se excedió el plazo, sino que además, la probatoria que falló en su contra, le otorgó una pena menor al tiempo que ya había transitado privada de su libertad: “A mí, la condena me la redujeron a dos años y medios porque se evidenció que yo no cometí el delito del que se me acusaba”.

Esperar la sentencia por un tiempo indeterminado va desgastando el cuerpo, hace mella en la subjetividad, afectando directamente a la salud mental de la persona acusada y de su círculo más íntimo. ¿Cómo se recupera ese tiempo perdido?, ¿hay alguna medida reparatoria por parte del Estado? Según relata Rocío, lo único que recibió fue la excusa de que ‘así son los tiempos de la justicia’. “Yo podría haberla peleado igual, podría haber hecho algo más, pero implica un montón. A mí el tiempo que pasé sin mi hijo no me lo devuelve nadie”, sostiene.

“Todas tenemos distintas historias... pero hay algo que nos une”

El porcentaje de personas que esperan en prisión domiciliaria, es muy alto. Según datos de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), el veloz crecimiento de las detenciones tuvo como consecuencia un aumento del 104% en la cantidad absoluta de personas detenidas en carácter de procesadas, entre 2002 y 2021. Las irregularidades del sistema penal y judicial, son más que un caso aislado. ¿Pero sucede aleatoriamente?, ¿o hay características que determinan quiénes son “dignas” de tener un procesamiento que contemple sus derechos?, ¿se trata de una forma de disciplinamiento hacia sectores sociales específicos?

“Todas tenemos distintas historias, vidas, experiencias… pero hay algo que nos une”, explica Rocío. Es que si bien, tanto víctima como victimario tienen derecho a una defensa, hay una imparcialidad recurrente en el sistema judicial, atravesada por interseccionalidades, ¿en qué sentido? Por un lado, cada uno de los aspectos identitarios de la persona en cuestión, se ponen en juego al momento de procesarla: la clase social, el género, la sexualidad, la edad, la nacionalidad y el color de piel, incluso los roles y mandatos culturales que reproducen el funcionamiento basados en un “deber ser”. No es casualidad que los procesos judiciales terminen siendo exponencialmente más largos para mujeres que para varones.

Según el informe de la CPM, en 2022, casi el 60% de las mujeres cis y más del 80% de las personas trans y travestis están presas en espera de una condena.

Por otro lado, entra en juego el tipo de delito por el que se está juzgando a la persona. En este sentido, las políticas que apuntan a combatir el narcotráfico, se centran principalmente en la persecución penal de quienes consumen o de las personas que trasladan los estupefacientes, no en quienes manejan el negocio. Son los eslabones más expuestos y reemplazables del crimen organizado. La información de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR) del Ministerio Público Fiscal de la Nación, afirma que la mayoría de los expedientes iniciados en la justicia federal, suelen ser por tenencia simple o consumo personal. En el caso de las personas que ponen el cuerpo para llevar y traer los productos, suelen ser las identidades feminizadas. En Argentina, Brasil y Costa Rica, representan más del 60% de la población carcelaria femenina.

“Malas madres”

¿Cuán profunda es la desventaja con la que se encuentran las mujeres que son madres y encargadas de las tareas de cuidado? Para Rocío, son evidentes: “La mayoría somos jefas de familia, encargadas del cuidado de todos los hijos (...). A las mujeres se las cuestiona mucho, más si son madres. Te dicen todo el tiempo que cómo le vas a hacer eso, pero a los tipos nada. A lo sumo son héroes que se arriesgaron para poder alimentar a sus hijos”, cuenta.

El sesgo de género que hay en la crianza, se traslada también en la percepción del Poder Judicial. En el país, según el último informe publicado por el Centro de Economía Política (CEPA), el 85% de los hogares formados por una persona adulta y menores, está a cargo de una mujer. Sólo una de cuatro de ellas que no convive con el progenitor de sus hijxs, recibe cuota alimentaria. Hay una búsqueda por reforzar el rol de mujer, madre y cuidadora por parte del sistema penal disciplinando a “malas madres”. Para esto, es necesario “normalizar” su función social materna, reproduciendo desigualdades y estereotipos de género.

Permanecer con hijxs en una unidad penitenciaria o en prisión domiciliaria, coloca a la institución como dispositivo clave en la consolidación del ideal materno. Se busca corregir a aquellas que delinquieron corriéndose del prototipo de la mujer, madre y esposa. Cuando sentenciaron a Rocío y la llevaron a cárcel común, se negó a ser trasladada al pabellón donde residen las madres con sus hijxs. No quería que su hijo creciera en un contexto de encierro y luego de reiterados pedidos, le otorgaron la prisión domiciliaria.

Para la jerga institucional, cualquier derecho se transforma en un beneficio. Para Rocío, no fue ninguno de los dos. Pasó del encierro del penal, al encierro dentro de su casa con un rango de movilidad tan pequeño -otorgado por la pulsera- que no podía ni siquiera recorrer todos los espacios dentro del hogar. Tampoco recibía la vianda de alimentos que le corresponde a cada presx, porque no se la llevaban a su domicilio. “A la hora de llevarlo al colegio, al médico, a jugar, te lo niegan, o sea, ¿que pretenden?, ¿qué mi hijo cumpla la condena conmigo? Las consecuencias del encierro las ves en los otros también, cuando están con arresto domiciliario y cuando estás en un penal”, comenta Rocío.

Para mantener a una sociedad de control, primero hay que tener a la población endeudada

Dentro de las complejidades con las que se encuentran quienes vienen de sectores populares y atraviesan, o atravesaron procesos de judicialización, la más difícil de revertir, es la feminización de la pobreza. Durante la pandemia, la brecha salarial de género llegó casi a un 30% en lo que se refiere al trabajo formal y registrado. Con respecto al trabajo informal y no registrado, en la actualidad representan al 47,6% de la población, siendo las mujeres-madres uno de los sectores más afectados. A su vez, el hecho de estar encargada de la crianza repercute de manera directa al momento de buscar un empleo y se complejiza aún más si no cuenta con estudios secundarios.

Que se produzca lo que se conoce por “puerta giratoria” -entradas y salidas constantes de la cárcel- no es por un deseo propio de las personas que retoman actos delictivos, sino que es parte de la organización estructural. La cárcel es así un gran contenedor de mano de obra barata donde las personas que cometieron un delito se ven afectadas, ya que las condiciones de vulnerabilidad en las que se encuentran cuando son liberadas, lleva a reincidir en actos delictivos como el narcomenudeo.

“Son situaciones que te vuelven a los delitos que cometiste antes de ir en cana, es mucho más fácil conseguir laburo con los narcos que te aseguran plata rápida que necesitás para mantener a tus hijos que conseguir un trabajo en otra parte. A veces charlando con las compañeras, te dicen ‘¿pero qué quieren que vuelva a caer en cana?’. Y sí, pienso yo, es un sistema que está creado para que salgas y vuelvas a entrar una y otra vez. Necesitan que las cárceles estén estalladas de gente como están ahora, sino no se explica”, reflexiona Rocío.

El aparato judicial y el derecho penal fueron planificados para culpar, disciplinar y aleccionar a quién cometió un delito, pero el brazo armado del Estado no diseñó políticas públicas efectivas para acompañar el momento de la liberación. Si bien existe el Patronato de Liberados, éste difícilmente cubre el acceso a derechos básicos como tratamiento en salud mental, continuidad de formación educativa o posibilidad de acceder a un trabajo, por lo que las vulnerabilidades y las urgencias son constantes.

Los vacíos legales parecieran ser premeditados, siendo la clandestinidad y la internalización del discurso culposo, uno de los aspectos más presentes al quedar en libertad. Entonces: ¿Cuáles son las redes que construyen para subsistir a la precarización y la clandestinidad?

Salir en libertad y reconstruirse colectivamente

Cuando transitaba la prisión domiciliaria con su hijo en pleno aislamiento, Rocío participó de las rondas de mujeres que articula “Atrapamuros - Colectivo de Educación Popular en Cárceles”, una organización que milita en contexto de encierro y post encierro con personas privadas de su libertad y personas liberadas. Las rondas se llevaron a cabo virtualmente: “Ahí conocí el feminismo. Debatimos sobre esos temas con otras compañeras que estaban en una situación como la mía. El feminismo popular es eso para mí, estar con las pibas que están pasando por esas situaciones. Es estar a la par de ellas peleando la salida”.

“Después está el tema del trabajo, la mayoría sale del penal y no tiene ninguna salida laboral. A veces no te dan ni el documento cuando salís, ni una Sube, nada. Entonces desde la Rama de Liberados, con las cooperativas y en articulación con otras organizaciones, tratamos de dar una mano con eso. Yo acompaño a varones y mujeres, pero trato de estar más para las pibas porque sé que la tienen más difícil y se hacen cargo de otras personas”, cuenta.

El Movimiento de Trabajadores Excluidos y Excluidas, produce trabajo dentro de la economía popular a través de sus polos productivos. Además, tiene como propósito la formación y educación sobre el reconocimiento de los derechos de lxs liberadxs y el trabajo como eje ordenador de la vida para evitar la reincidencia en el delito. A Rocío no sólo le aseguró un espacio de encuentro y contención con personas que transitan situaciones y problemáticas similares, sino que también le posibilitó comenzar a tener un trabajo fijo. Aunque al principio le costó asumirse como militante, en la actualidad coordina la Comisión de Géneros, donde disputa la importancia de que mujeres y disidencias ocupen puestos y salarios más equitativos, así como espacios de guarderías que alojen a las niñeces dentro de los espacios de trabajo.

En un contexto político actual, que produce discursos y sentidos alrededor de la “libertad económica”, a partir de la privatización de derechos y el aumento progresivo de mano dura, son los sectores populares quienes resultan más afectados. El trabajo es una centralidad para la vida y un derecho inalienable. Es su desregulación e informalidad, la que produce condiciones de vida precarias. Quienes salen en libertad y se encuentran desempleadxs, apunta a buscar una salida laboral frente a un sistema que les da la espalda y una sociedad que lxs excluye. En este sentido, “reinventarse en un lugar el cual habitar por fuera de los márgenes carcelarios”, fue fundamental, cuenta Rocío.

Ante la falta de oportunidades que ofrece el mercado de trabajo a quienes el sistema etiquetó como “criminales”, los polos productivos de inclusión del MTE les ofrecen un espacio de trabajo que lxs inserta nuevamente en el mercado laboral. Políticas sociales como éstas, reducen la reincidencia de un 46 a un 22%, según datos oficiales. Sin embargo, las condiciones mencionadas anteriormente, provocan una enorme dificultad para reacomodarse económicamente -y en todos los niveles- para quienes pasaron por el contexto de encierro. Para el MTE, es necesario luchar por generar un ingreso básico universal y además, por tener políticas públicas inclusivas para las personas liberadas y/o en arresto domiciliario.

El acompañamiento de los procesos de inclusión laboral desde el Estado, también es un gran desafío: “Algo de lo que vengo planteando mucho en las asambleas de género entre ramas regional y nacional es la incompatibilidad entre el programa Acompañar y el Potenciar Trabajo. Si bien, ninguno de los dos es un monto elevado y contempla todos los gastos… no puede ser que si una compañera está en contexto de violencia tanto física, psicológica, económica, no pueda acceder al programa acompañar por estar cumpliendo tareas laborales”, relata Rocío. 

¿Entonces? Resulta indispensable pensar espacios de co-construcción de políticas sociales y públicas, en la cual el Estado escuche y atienda las necesidades de quienes están privadxs de su libertad. Para esto tienen que estar incluidas las voces de lxs liberadxs que conocen como nadie las problemáticas que enfrentan. Así como del conjunto de lxs integrantes del campo popular que se organizan en espacios como el MTE o Atrapamuros y que piensan soluciones prácticas, proponiendo, a su vez, transformaciones estructurales para un futuro mejor. No desde lógicas punitivistas que quitan cada vez más derechos humanos, sino todo lo contrario.

Sin dudas, la articulación fortalece y ejemplo de ello hay miles. Esto fue lo que le permitió proyectarse a Rocío por fuera de las lógicas de encierro: “Ellos te quieren hacer creer que tus sueños ya están, no te quieren sacar ese cartel de ex presa; no se acostumbren a la cárcel porque ahí no están las respuestas, si ver cuáles son las alternativas, las redes y las herramientas con las que cuenta cada una, para que el proceso se vuelva menos solitario”.

Foto de portada: cortesía MTE-Rama de Liberadxs