Este jueves 18 de abril se llevará a cabo la jornada "Conversatorio hacia la creación de un mecanismo local: encuentro con organizaciones sociales y familiares".
El Museo de Antropología será la sede de un encuentro entre militantes sociales, familiares víctimas de la represión y tortura estatal y referentes de Derechos Humanos. La jornada está organizada por la Red por los Derechos Humanos en contexto de encierro Córdoba, con el acompañamiento el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y el Comité Nacional de Prevención de la Tortura (CNPT).
A partir de las 15 horas hasta las 18 horas, tendrá lugar el taller "¿Qué y cómo registramos los malos tratos y tortura en contextos de encierro?", coordinado por Macarena Fernández Hofman, del CELS.
A las 18:30 iniciará el conversatorio "Hacia la creación de un Mecanismo de prevención de la tortura para la provincia de Córdoba. Diagnóstico y propuestas: ¿Por qué es importante que la provincia de Córdoba tenga un mecanismo local?", a cargo de Gustavo Palmieri y Josefina Ignacio, del CNPT.
Para participar, te podés inscribir al mismo a través de este link: https://forms.gle/LpdPsDVjCVHqhYLGA
Enfant dialogó con Macarena Fernandez Hofman (CELS) sobre el objetivo del taller particularmente y también sobre la situación de los contextos de encierro en Córdoba y en el país.
"En Córdoba hay situaciones muy graves de tortura y tortura seguidas de muerte cada dos por tres, urge la necesidad de implementar el mecanismo. Es urgente su implementación, más aún en este contexto nacional donde crece la criminalización hacia la protesta y la represión estatal", compartió.
El Sistema Penitenciario de Córdoba (SPC) y las instituciones de encierro locales vienen siendo noticia en los últimos años por las detenciones de autoridades penitenciarias y las constantes denuncias por corrupción, torturas, y torturas seguidas de muerte que se registran al interior de sus establecimientos penitenciarios. Ya sean en el Complejo Carcelario Nº 1 "Reverendo Francisco Luchesse" (Bouwer), en el Establecimiento Penitenciario N°9 (UCA), en contextos de encierro con supuestos fines terapéuticos como el Centro Psico Asistencial (CPA-UCA), y en dependencias de la Secretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf) como el caso del Complejo Esperanza.
Las torturas seguidas de muerte de Ezequiel Castro en 2021, los malos tratos recibidos por Matías Mariño en 2022 que lo llevaron a sobrevivir en estado vegetativo, y el asesinato tortuoso intramuros de César Darío Moreno en 2023, donde recientemente fueron detenidos 8 funcionarios provinciales, son solo algunos de los casos de una larga lista de personas privadas de su libertad que padecieron las consecuencias de una política represiva que parece profundizarse.
A pesar de las recomendaciones que el CNPT le realizó a la ex gestión provincial encabezada por Juan Schiaretti, tras su informe sobre la visita de inspección a la provincia de Córdoba del 2018/2019, y las renovadas advertencias a la actual gestión de Llaryora sobre las violaciones a los derechos humanos, relevadas en el último informe tras las visitas a Bouwer y la UCA-CPA en 2023, las respuestas del gobierno de Córdoba continúan siendo nulas.
A su vez, el año pasado, integrantes de la Red, el CELS y el CNPT fueron recibidos en la legislatura provincial con promesas de avanzar en la constitución de un mecanismo local, pero aún no hay novedades sobre su institucionalización en materia legislativa. Desde el 2013 hasta el 2019, fueron presentados cinco proyectos de este tipo, los cuales se encuentran encajonados y sin estado parlamentario.
Frente a la desidia gubernamental y las demoras legislativas, son los propios familiares de las víctimas de la tortura estatal, quienes junto a integrantes de organizaciones sociales y referentes de los DDHH, registran los casos de torturas, visibilizan la problemática y se organizan para prevenir los malos tratos en los contextos de encierro.
Previsto por el artículo 41 de la ley de Prevención de la Tortura (26.827), las organizaciones no gubernamentales que tengan interés en la situación de las personas privadas de su libertad, tienen la facultad de realizar visitas a los lugares de detención, elegir los establecimientos a visitar, registrar las visita a través de medios audiovisuales, como también realizar entrevistas con las personas alojadas en esos espacios.
En este contexto se enmarca el encuentro a realizarse mañana en el Museo de Antropología. Según expresó Macarena Fernandez Hofman, coordinadora del Equipo de Política Criminal y Violencia en el encierro-CELS, a Enfant Terrible, el objetivo del conversatorio tiene dos ramas: "por un lado se intentará formar a las y los integrantes de la Red, sobre cómo registrar hechos de violencias en el encierro, y por otro lado, impulsar la creación de un mecanismo local, que por supuesto no depende de nosotros pero sí del impulso en la medida de nuestra responsabilidad".
En Córdoba, constituyen la Red por los Derechos Humanos en contexto de encierro Córdoba, las siguientes organizaciones: Asamblea Permanente por los DDHH, Asociación Civil La Poderosa, la Asociación Pensamiento Penal, la Liga Argentina por los Derechos Humanos y la Comisión de Derechos Humanos Por la Memoria, Verdad y Justicia de Traslasierra, el movimiento carcelario y familiares de víctimas.
La necesidad de saber qué hacer ante el conocimiento de hechos de tortura es, según Macarena, "algo que apareció en las conversaciones entre compañeros y compañeras. Es decir 'bueno cuando uno se entera de que pasa algo, ¿qué se hace con esa información? ¿Cómo lo podemos registrar para compartirla?', para usarla, para tener en claro eventualmente si es un caso que se puede denunciar a la justicia, o para advertir de esto a organismos de control".
El acceso a la información de lo que sucede intramuros es escaso y dificultoso, pues según Hofman, "es una política de los gobiernos mantener un hermetismo sobre los servicios penitenciarios, ya que estos tienden a no sacar a la luz lo que sucede dentro. Y cuando algo inevitablemente sale a la luz, en la mayoría de los casos hay encubrimiento por parte de sus autoridades", cuestionó la coordinadora.
Además, advierte que el Servicio Penintenciario de Córdoba es "muy cerrado y casi imposible de ingresar". Al mismo tiempo, Macarena señala que en gestiones donde es una política el ingreso de organizaciones y veedores a los establecimientos, ya sea para talleres educativos o para inspecciones pemanentes, las prácticas de tortura disminuyen, ya que "hay más ojos observando lo que sucede intramuros".
Consultada por la necesidad de institucionalizar un mecanismo local y las acciones que realizaría, Macarena explicó que tendría una función preventiva, para institucionalizar y legitimar el monitoreo de los lugares de encierro, la elaboración de informes sobre las situaciones en los mismos, la toma de denuncias y hasta la constitución de querellas en cierta causas, así como la construcción de datos estadísticos propios que a la vez alimentan al Registro Nacional de Tortura.
Este mecanismo local implicaría la participación de profesionales de distintas áreas, organizaciones sociales y familiares, con el fin de "interpelar e impulsar medidas del poder judicial y político para prevenir y buscar soluciones a la problemática".
Por último, Macarena insistó en que implementación es "urgente, más aún en este contexto nacional donde crece la criminalización hacia la protesta y la represión estatal.
*Foto de portada: Lautaro Palacios / Enfant Terrible
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