Desde el año pasado, la Marcha por el Derecho a la Salud Mental (MDSM) denuncia las violaciones sistemáticas a los derechos humanos que ocurren en Centro Psico Asistencial (CPA) ubicado en la Unidad de Contención de Aprehendidos (UCA) ubicados en barrio Güemes.

Ocultamiento y tergiversación de información entre las instituciones, detenciones y prisiones arbitrarias sin condenas firmes, comida en mal estado, negligencia médica en el CPA y el Hospital Misericordia, con personas privadas de su libertad enfermas, condiciones higiénicas inhumanas, hacinamiento, psicofármacos como únicos “medicamentos”, torturas, aislamiento, sujeción y finalmente, la muerte. 

Estas acusaciones tienen fundamento concreto en la muerte de Ezequiel Castro sucedida en 2022, quien fue detenido arbitrariamente por la Policía y posteriormente alojado en el CPA, de donde salió gravemente herido, falleciendo finalmente en el Hospital Misericordia. Por este caso actualmente hay 27 personas imputadas, de las cuales cinco son médicos y el resto agentes del servicio penitenciario, según actualizó a este medio Guillermo Castro, padre de Ezequiel.

Sin embargo, el caso de Ezequiel no es el único, ni fue el último.

En el año 2022, un joven de Villa Revol llamado Matías Mariño, fue detenido en su barrio por la Policía y alojado en en CPA, saliendo de allí con evidentes signos de tortura y desnutrición, quedando en estado vegetativo.

En el marco de la décima MDSM, a realizarse hoy en Córdoba Capital, Enfant visitó a la familia Mariño, que denunció la política represiva conjugada con el poder deshumanizador del sistema sanitario y anticipó que participará en la movilización de mañana.

“Queremos que cierren el CPA, es un matadero de jóvenes”

El CPA de la UCA funciona como institución monovalente dentro del establecimiento carcelario y tiene el supuesto fin de contener a las personas judicializadas con padecimiento subjetivo. Creado en el año 2008 bajo la órbita del Ministerio de Salud de la Provincia, el CPA no ha parado de ser el blanco de duras y fundamentadas críticas ya que es es contrario a las leyes Provincial y Nacional de Salud Mental.

Actualmente, la responsable política de que no se implementen las nombradas leyes es María Pía Guidetti, Secretaria de Salud Mental, del Ministerio de Salud provincial que encabeza Gabriela Barbás, en el Gobierno de Juan Schiaretti. Desde la MDSM sostienen que Guidetti, a pesar de sostener un discurso a favor de la Ley, es la principal responsable de que en 12 años “no se haya transformado el sistema de atención a la salud mental como la propia ley lo indica, y que en su lugar se haya implementado una política de ajuste y vaciamiento institucional”.

En septiembre del año 2022, en el marco de una discusión entre vecinos en el barrio Villa Revol sobre la calle Hernando de Lerma, la Policía de Córdoba arrestó de manera equívoca, ilegal y arbitraria a Matías Mariño, quien fue confundido con uno de los acusados del conflicto barrial. Luego fue llevado detenido a la Comisaría Nº4, donde su familia denunció que fue golpeado en reiteradas oportunidades.

Al día siguiente de su detención, Mariño fue trasladado al CPA de la UCA donde permaneció 16 días en condiciones de inhumanidad que -según la familia del joven- se caracterizaron por un “abandono total de persona” y prácticas de tortura: fue sujetado noches enteras, sobremedicado sin su consentimiento ni argumento médico y tratado sin el más mínimo respeto hacia sus derechos humanos y constitucionales.

Además, hubo una lista importante de irregularidades. Mariño tenía firmada la libertad los primeros días de octubre de 2022, pero no llegó a transitarla debido a que sufrió -según las autoridades penitenciarias y médicas- un ahogamiento con pan, lo que supuestamente le provocó dos paros cardiorrespiratorios, logrando sobrevivir en coma vegetativo, tal como se encuentra hasta el día de hoy.

Sin embargo, la familia acusa desnutrición, envenenamiento, sobredosis y graves lesiones producto de la falta de higiene y los golpes recibidos dentro de las instituciones carcelarias. El caso se encuentra judicializado hace medio año, pero la Fiscalía del Distrito 3° Tribunal 7° todavía no da respuestas.

Actualmente, Matías está internado en su casa. No puede hablar, ni moverse con plena autonomía. Su sistema nervioso se encuentra dañado casi en su totalidad por las lesiones y la recuperación para mejorar su estado se encuentra limitada, debido a que no cuenta con la cama ortopédica ni la silla de ruedas especial, necesarias para transitar su rehabilitación con mayor eficiencia. El Estado ni siquiera le ha garantizado los pañales adecuados.

El alias para colaborar con la familia es el siguiente: Andrea.49

La situación con Matías es muy similar a la que tuvo lugar con Ezequiel Castro. La detención arbitraria, la internación involuntaria de una persona sin padecimiento mental en un Centro Psico Asistencial, la cama de sujeción, la tortura y la complicidad y responsabilidad de todos los actores partícipes: guardiacárceles, enfermeras, médicas, psicólogas, policías, empleados administrativos, fiscales y funcionarios judiciales. La sistematicidad de las prácticas punitivas y deshumanizadoras sufridas por ambos jóvenes exhiben una política represivo-sanitaria contraria a los Derechos Humanos en Córdoba.

“No quiero que haya más Matías, ese lugar lo tienen que cerrar”, expresa su madre.