En septiembre del año 2022, en el marco de una discusión entre vecinos en el barrio Villa Revol sobre la calle Hernando de Lerma, la Policía de Córdoba arresta equívoca, ilegal y arbitrariamente a Matías Mariño, quien fue confundido con uno de los acusados del conflicto, siendo llevado detenido a la Comisaría Nº4 frente al Parque Sarmiento.
Al día siguiente de su detención, Mariño fue trasladado al Centro Psico Asistencial (CPA) de la Unidad de Contención del Aprehendido (UCA), donde permaneció 16 días en condiciones que, según la familia del joven, se caracterizaron por un “abandono total de persona” y prácticas que evidencian el funcionamiento de un centro de tortura disfrazado de espacio terapéutico, como la aplicación de sujeción en la cama y sobremedicación sin receta.
Mariño tenía firmada la libertad los primeros días de octubre, pero no llegó a transitarla debido a que sufrió -según las autoridades penitenciarias y médicas- un supuesto ahogamiento con pan, lo que le provocó dos paros cardiorrespiratorios, logrando sobrevivir en coma vegetativo, tal como se encuentra hasta el día de hoy. Sin embargo, la familia acusa desnutrición, y graves lesiones producto de la falta de higiene y los golpes recibidos por los efectivos policiales.
“Queremos que cierren el CPA, es un matadero de jóvenes”, expresó la familia Mariño.
Actualmente, el caso se encuentra judicializado hace medio año, pero la Fiscalía del Distrito 3° Tribunal 7° todavía no da respuestas. La recuperación de Matías se encuentra limitada, debido a que no cuenta con cama ortopédica ni silla de ruedas especial, necesarias para transitar la rehabilitación con mayor eficacia. Debido a esta situación, la familia pide colaboraciones que pueden realizarse al alias bancario: andrea.49.
Mariño tiene 28 años y es oriundo de Villa Revol, donde nació y se crió junto a su única hermana. Hijo de Marcelo y Andrea, pareja de Fernanda y padre de Jonás, el joven se dedicaba a la jardinería. Tenía dos máquinas de cortar césped y con ello mantenía a su familia, con quien vivía a pocas cuadras de su casa materna.
Según detalla su madre, Matías era “muy mamero” y también muy compañero de su padre. “Terminaba de trabajar a las cinco de la tarde y venía a casa a visitarnos todos los días. Era un joven muy solidario, si le pedías un favor él te lo hacía, fueses conocido o no”, expresa Andrea. “Ama a su hijo, ama a su pareja. Siempre fue muy cariñoso. Si algún vecino pasaba y decía que no había comido, Matías siempre tenía un plato para compartirle”, agrega Marcelo.
El jueves 15 de septiembre, Matías se encontraba en la calle Hernando de Lerma, camino hacia la casa de su hermana, quien vive a escasas cuadras de su hogar. En el recorrido, se produce un altercado entre vecinos al cuál él es ajeno, pero cuando llega la Policía comienza a hostigarlo y perseguirlo. Mariño logra entrar a la casa de su hermana y automáticamente ingresan tres oficiales, pertenecientes a la seccional cuarta, sin orden de allanamiento, al mando del uniformado de apellido Garay.
“Garay quiebra la puerta y saca el arma, me pega a mí, le pega a mi hija, mis nietitos se escondieron. Y a Matías lo ahorcaron y lo llevaron a la rastra hasta la cuarta seccional. Cuando fuimos a la comisaría, la vecina que había hecho la denuncia nos dijo que les avisó a los oficiales en la cuarta que mi hijo no había sido quien inició la pelea, que se habían equivocado de pibe. También nos confesó que Matías era un solo grito en el calabozo por la golpiza que le estaban dando”, describe la madre del joven.
Andrea intentó hacer la denuncia en la sección de Judiciales de la Comisaría, pero no se la recibieron, al igual que en Tribunal de Conducta Policial y en los Tribunales Provinciales. Al otro día, Mariño ya había sido trasladado a la UCA.
Sin previo aviso a la familia, el viernes 16 de septiembre, Mariño ingresa al Centro Psico Asistencial de la UCA, que funciona como institución monovalente dentro del establecimiento carcelario y tiene el supuesto fin de contención para las personas judicializadas con padecimientos en salud mental.
Creado en el año 2008 bajo la órbita del Ministerio de Salud de la Provincia, el CPA no ha parado de ser el blanco de duras y fundamentadas críticas por parte del colectivo organizador de la Marcha por la Salud Mental de Córdoba, ya que es un espacio que contraría las normativas vigentes en la leyes Provincial y Nacional de Salud Mental.
“Yo no sabía lo que era el CPA, pero cuando llamé me dijeron que era un lugar de contención donde trabajan médicos, psicólogos, enfermeras”, confesó Andrea.
Recién al siguiente lunes 19/09, Andrea fue autorizada para visitar a su hijo, a quien lo nota con considerables heridas en distintas partes de su cuerpo: “Estaba muy medicado, con el ojo derecho golpeado y la espalda muy inflamada”, denunció.
El míercoles 21/09, la mujer vuelve a visitar a Matías y lo nota con el otro ojo (izquierdo) con moretones y las múñecas marcadas en “carne viva”. Aquel día, su hijo le confiesa que los guardiacárceles lo golpean constantemente, que le dan un pequeño vaso de agua en todo el día para tomar muchas pastillas sin su consentimiento, que lo pinchan con agujas que lo hacen dormir gran cantidad de horas y que lo ponen en camas de sujeción, atándolo de pies y manos, lo que explica sus marcas en las muñecas. Todas prácticas contrarias a variados árticulos de la Ley Provincial de Salud Mental (11, 23, 35, 37 y 48).
“Él me decía 'mami no quiero que vengas más a verme, yo me pongo mal cuando vos te vas porque después ya me suben arriba y nos verduguéan, nos tienen todo el día encerrados, el que no está en cama de sujeción, está dopado de más'”, cita Andrea a su familiar.
Mientras tanto, durante aquellos días a la casa de la familia Mariño llegaron cuatro notificaciones distintas de la Fiscalía donde la policía radicó la denuncia, es decir, la Fiscalía D1 T3, a cargo del fiscal Maná José Alberto. “Cuatro veces cambiaron el motivo por el cuál estaba detenido, una locura”, se quejó Marcelo.
El lunes 26 de septiembre, Andrea fue nuevamente a la UCA para saber cómo estaba su hijo, pero no lo encuentra. Le dicen que estaba declarando en Tribunales, pero cuando van hacia el edificio judicial tampoco pueden dar con él, por lo que vuelven a la UCA, donde finalmente le dicen que no podrá estar con su hijo porque sufrió un “brote psicótico” y se encuentra sujetado y medicado, por orden de la doctora Ródríguez del grupo 4 del CPA.
“Mi hijo nunca tuvo problemas de salud mental ni tenía adicciones. No entendemos por qué lo internaron ahí, ni quién dió la orden. De última tendría que haber ingresado a la UCA, no al CPA” señala Andrea.
En este sentido, la hipótesis que maneja Marcelo, es que fue tal la golpiza que realizaron los oficiales de la cuarta sobre Matías, que en la UCA no lo recibieron para evitar tener problemas judiciales por su deplorable estado. Por lo que no quedó otra que ser recibido por el CPA por “descarte”. Lo cierto es que nadie sabe con seguridad quiénes son las personas que autorizan los ingresos a tal institución, ni los criterios médicos en los cuales se asientan.
Para cuando la familia Mariño vuelve el miércoles 28 de septiembre (día de visita) al CPA, directamente no le permiten ver a su hijo, ni tampoco les brindan información detallada al respecto de su estado de salud.
Matías tenía firmada la libertad para el martes 4 de octubre. Sin embargo, el domingo 02/09, Andrea en una fuerte intuición llamó al CPA, donde le dijeron que su hijo había sido trasladado de urgencias al Hospital Misedicordia, por un supuesto ahogamiento con pan: “Si no llamaba yo, me lo dejaban morir y ni me avisaban”.
Una vez en el Hospital, los médicos responsables le jeron que había ingresado con un paro cardiorespiratorio y que en la intervención había sufrido otro más. Las posibilidades de salir con vida luego de las intervenciones médicas eran escazas, pero finalmente Matías sobrevivió aunque con secuelas para toda la vida.
“Lo sacaron del CPA después de 16 días de tortura para que muera en el Hospital y no tener problemas judiciales. Cada dos por tres se cruzaban autoridades penitenciarias al Misedicordia para ver si había o no sobrevivido”, relata Marcelo.
Al momento de la detención, Matías pesaba casi 60 kilos. Cuando fue buscado por su familia, pesaba 33kg, es decir, estaba denutrido, con sus brazos marcados por los pinchazos y las cadenas, sin higienizarse en todo el tiempo que estuvo encerrado. Andrea recuerda el momento cuando finalmente le sacaron las esposas: “A pesar de que los médicos me decían que Matías no me iba a poder responder, yo le dije 'Mati, ya estás libre hijo, no estás más en la cárcel' y automáticamente él movió lentamente, primero su pie izquierdo y luego su derecho, como un acto reflejo para ver si estaba encadenado. Los médicos no lo podían creer”.
Marcelo agrega que a pesar de que Matías ya tenía la libertad firmada para el martes 4 de octubre, el joven también estuvo esposado más mientras duró la internación: “Esposado en coma vegetativo, con guardia policial, una tortura similar al tiempo de los militares. Y eso pasa ahora ahí, sigue pasando con los pibes”.
Los tres meses donde Mariño estuvo internado en terapia intensiva y en terapia común (octubre, noviembre y diciembre) en el Hospital Misericordia, fueron muy duros para su familia. Su padre y su madre dormían en reposeras al lado de su hijo, y la atención hacia su salud no fue la mejor con respecto a la rehabilitación, ya que no contaban con neurólogo y acusan que el kinesiólogo asignado no le brindaba justa atención, excusándose de que “ya no se podía hacer nada”.
El 6 de enero, Matías recibe el alta médica sin contar con una cama y una silla de ruedas especial en su hogar materno: “'Lleveló a su casa señora y lo acuesta en una cama con muchos colchones'” cita textualmente Andrea lo que le dijo una autoridad médica del Hospital Misericordia.
“Querían que me lo lleve a toda costa, sacárselo de encima, y a decir verdad fue lo mejor que hicimos porque ahora está acá y lo vienen a ver desde el Hospital San Roque. Tiene kinesióloga y fonoaudióloga particulares. Le conseguimos una cama mejor aunque no es ortopédica y una silla de ruedas donde puede sentarse, aunque se le cae la cabeza porque no es para él”, relata la mujer.
En el Hospital San Roque le avisaron a la familia Mariño que Matías tenía cinco historias clínicas y no una como corresponde. Los datos en todas las historias están borrados. A pesar de pedir información sobre el tratamiento médico-farmacológico recibido por su hijo en el CPA, siempre se lo negaron. No sé sabe con qué se lo medicó al joven, ni cuantas veces, como tampoco se conoce la justificación para recibir dichos medicamentos.
La situación con Matías es muy similar a la que tuvo lugar con Ezequiel Castro. La detención arbitraria, la internación involuntaria de una persona sin padecimiento mental en el CPA, la cama de sujeción, la tortura y la complicidad y responsabilidad de todos los actores partícipes: guardiacárceles, enfemeras, médicas, psicólogas, policías y empleados administrativos. La sistematicidad de las prácticas punitivas y deshumanizadoras sufridas por ambos jóvenes, exhiben una necropolítica en los espacios de encierro monovalentes de Córdoba.
En los últimos años, organizaciones sociales y políticas denuncian violaciones sistemáticas a los Derechos Humanos de las personas privadas de su libertad en la UCA-CPA. Es que desde el 2018 hasta la actualidad se registraron, según el Frente Antirrepresivo en Lucha (FAL), los fallecimientos de: Alejandro Videla, Jorge Hernandez, José Mamani, Edgardo Perez, Daniel Montes, Maximilano Miranda, Luis Santa Cruz y Ezequiel Castro.
Ocultamiento y tergiversación de información entre las instituciones, detenciones y prisiones arbitrarias sin condenas firmes, comida en mal estado, violencia , negligencia médica del CPA y Hospital Misericordia, condiciones higiénicas inhumanas, hacinamiento, psicofármacos como únicos “medicamentos”, torturas, aislamiento y hasta la muerte. Todas estas condiciones denuncian las organizaciones anticarcelarias y familiares de las víctimas, que definen el lugar como un “centro de tortura y exterminio” del Gobierno de la Provincia de Córdoba.
Actualmente, la familia Mariño sostiene su denuncia contra los policías de “la cuarta”, el Servicio Penitenciario, el CPA y a los médicos, y a la Provincia de Córdoba. El responsable judicial de investigar los hechos es el Fiscal de Instrucción del Distrito 3, Turno 7, Raúl Garzón, quien todavía no ha brindado información a la familia sobre las posible imputaciones. Para finalizar, Andrea es firme e insiste en el reclamo: “No quiero que haya más Matias, ese lugar lo tienen que cerrar”.
Foto de portada: Juan Cristian Castro/Enfant Terrible
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