Mañana se realizará la décima Marcha por el Derecho a la Salud Mental (MDSM) en la ciudad de Córdoba, una movilización que inició como forma de reclamar la implementación de las leyes Nacional y Provincial de Salud Mental, en pos un modelo de atención que supere la histórica vulneración de derechos que ha producido el modelo manicomial.
A diferencia de lo que denuncia, como las prácticas de tortura que se aplican en las instituciones manicomiales (aún vigentes a pesar del plazo establecido para su sustitución por dispositivos alternativos), la movilización tiene una impronta festiva. Siempre hay baile, música, intervenciones artísticas y pancartas de todos los tonos. La simulación de una fiesta callejera, para darle un poco de color al gris hollín en las paredes del centro cordobés.
Así durante 10 años, como otras movilizaciones de marca registrada cordobesa, como la Marcha de la Gorra, a pulmón, autogestión, tejido de redes entre organizaciones civiles, estudiantiles, sindicales, instituciones de salud, profesionales y sobre todo, usuarixs, que en definitiva somos todxs. Pero a pesar de los repetidos reclamos expresados a lo largo de estos años en distintas consignas*, la situación no ha mejorado.
Como cada año, desde el Colectivo por el Derecho a la Salud Mental, antes de definir una nueva consigna, realizan un diagnóstico colectivo y participativo donde distintas voces expresan cómo ven el panorama actual, en función de las condiciones económicas, laborales, de infraestructura, alimentarias, entre otras, tanto dentro como afuera de las instituciones de atención. Este año, definieron que “La salud mental no se negocia”. En función de esta consigna establecieron 10 puntos centrales para que se comprenda a qué se refieren y de esta manera colectivizar estos reclamos. El desarrollo de todos los puntos van siendo publicados en las redes sociales y el portal web de la MDSM.
La movilización iniciará a las 17 horas en Av. Colón y Cañada.
Para hablar acerca de algunos de esos puntos, desde Enfant Terrible nos comunicamos con Martín Passini, integrante de APADIM Córdoba y del Observatorio de Salud Mental y DDHH y y del colectivo que organiza la marcha, quien adelantó: “la situación de hace 10 años no ha cambiado, cada vez el panorama es peor”.
El foco principal de las discusiones en torno a la salud mental que plantean las leyes Nacional y Provincial es que hablamos de un derecho humano. Pero llegar a este reconocimiento costó que las personas internadas en instituciones monovalentes sufrieran vejámenes. Al ser reconocida como derecho, se entiende que los manicomios vulneran ese derecho, porque aplican el encierro que facilita prácticas de tortura como la sujeción, la sobre medicación, entre otro tipo de castigos. Por este motivo, desde 2010 la Ley Nacional de Salud Mental estableció el cierre de los manicomios en 2020, diez años, el mismo tiempo que la MDSM viene realizándose en Córdoba.
“El diagnóstico de la salud mental y el sistema de atención sanitario en Córdoba, como viene sucediendo cada año, el panorama es cada vez peor, porque los monovalentes siguen existiendo y ya sin talleres, sin abordaje interdisciplinarios, sino de una perspectiva exclusivamente farmacológica”, explicó Passini.
Esta situación se vio reflejada con mayor dureza este año, cuando en junio trascendió la noticia de la muerte de una joven de 27 años en el Neuropsiquiátrico Provincial.
Respecto del presupuesto asignado en Salud, por ley se establece que el 10% del mismo debe ser destinado a la modificación del subsistema de salud mental: “sabemos que ahora es el 4,39%, sumando el de Adicciones que no llega al 5%. Sigue el primer nivel de atención sin recursos, sin profesionales, tanto en la ciudad de Córdoba como a nivel de la Provincia. Sigue sin haber un plan integral de transformación en el subsistema público de salud, no hay dispositivos sustitutivos, algunas casas de medio camino en situaciones muy precarias o sostenidas por los trabajadores”, continuó contando Martín.
Respecto a los dispositivos sustitutivos que menciona Passini, hace unos días debió cerrar la única Casa de Convivencia de la provincia de Córdoba, la cual era sostenida por los propios usuarios y por el equipo de profesionales que trabajan en ella, a pesar de que una normativa impone al Estado hacerse cargo de estos espacios de atención y cuidados.
Por el contrario, lo que sí existe y se sostiene con aval del Gobierno Provincial es el Centro Psíquico Asistencial (CPA), ubicado al lado de la Unidad de Contención de Aprehendidos (UCA), pegado al barrio El Chaparral y barrio Güemes, frente al nuevo Hospital Misericordia. En el CPA se han registrado denuncias sobre las graves prácticas que se aplican allí, sobre todo a jóvenes que son detenidos y llevados a la UCA, pero son tratados como “descarte” luego de que la Policía de Córdoba les aplica golpizas agónicas. En diálogo con Enfant, Guillermo Castro, padre de Ezequiel Castro, joven fallecido luego de haber pasado por el CPA, definió a este espacio como “centro de tortura, un lugar que te hace recordar a lo que pasó en la dictadura, a golpes, a maltratos, automedicaciones, es lo único que puedo pensar de ese lugar”.
Debido a la muerte de Ezequiel, el año pasado la familia Castro se acercó a la marcha, haciendo aún más explícito el vínculo entre el modelo represivo que existe en la provincia por parte de la policía y el que se aplica también en las instituciones monovalentes de atención en salud mental. Es decir, se sostienen ciertos espacios mientras se vacían otros, dando cuenta por sí mismo un modelo de gobierno y política pública en cuanto a la salud pública. Debido a esta situación, desde el año pasado la MDSM comenzó a exigir la renuncia de la directora de Salud Mental, María Pía Guidetti.
“Entonces, además de las condiciones de internación donde se ven vulnerados los derechos, la situación de hace 10 años no ha cambiado. Lo único que podemos ver, lo que nos comparten, es cómo se ha integrado en el Tránsito Cáceres de Allende el área de salud mental, a diferencia por ejemplo del Misericordia, donde la incorporación ha sido amontonar los servicios sin otorgar recursos, sin infraestructura, sin organización”, complementó Passini.
Continuando con el diagnóstico, también hay mayor preocupación las situaciones de consumo problemático, sobre todo en los barrios populares, ya que tampoco hay “un abordaje integral serio acorde a la gravedad de la problemática en términos sociales”. Respecto a este tema, desde Enfant Terrible este año abordamos el trabajo que lleva adelante la Red Puentes en distintos puntos de la ciudad, donde visitamos una de las “casitas” para conocer con mayor profundidad cómo es el abordaje comunitario que realizan. Aquí, surgió la preocupación que existe por la proliferación del consumo del “pipazo”.
“No se negocia” dice la consigna, por ende, no se pone en discusión. Sin embargo, en medio de un contexto electoral del cual la salud mental no es ajena, hay sectores que sí lo discuten; siempre han existido, pero ahora hay una plataforma electoral, que pertenece al segundo candidato más votado en las Elecciones Generales, que habla con liviandad de “modificar la Ley de salud mental”, sin siquiera desarrollar este ítem. Por los antecedentes se sabe que, cada vez que se habla de modificar esta ley, que aún se pelea para que se aplique, ha implicado un retroceso.
“Están impulsando discursos cada vez más fuertes que piensan que la mercantilización de atención de la salud puede ser una opción para la población y considerar la salud como una mercancía para una parte de la sociedad, aparentemente es una opción, o para determinados sectores que lucran con el derecho a la salud”, planteó Passini en términos generales.
Sin embargo, existe un problema grave y es que, mientras la ley exista pero no se aplique, será el blanco de ataques, porque sirve de cortina para que los sectores reaccionarios culpabilicen su existencia por las deficiencias en el subsistema de atención. Detrás de la propuesta de modificación de la ley, en realidad se esconde su eliminación y esa amenaza es cada vez más grave debido a la no implementación. En este sentido, Passini como integrante de la Mesa de Discapacidad, pone el ejemplo: “lo que hay es un achique cada vez más grande del subsistema de salud pública y un movimiento de empujar a las personas que se atienden en salud pública, para que ingresen de determinada forma al sistema de la seguridad social y por lo tanto, acceder a partir de una cobertura a prestadores privados”.
Pensar la salud desde la lógica privatista, mercantilista o meramente económica, implica una mirada sesgada respecto a qué es la salud, por ende, denota ignorancia respecto al tratamiento con que deben llevarse a cabo las políticas públicas. La salud y por ende la salud mental, son derechos porque están atravesadas y constituidas por todo lo que hace a las condiciones de vida de cualquier persona: cómo vive, de qué trabaja, qué come, dónde vive, con quiénes. Mientras que la perspectiva económica sólo lee en términos de las pérdidas y ganancias que una persona genera.
La disputa continúa abierta, mientras hasta ahora el rol claro del Estado y en particular del Gobierno de la Provincia de Córdoba, no posibilita que la desmanicomialización sea un hecho a través de un avance en la política pública integral, es decir, no desligada de las políticas sociales en general, entendiendo que la salud mental como derecho se corresponde con el resto de los derechos humanos, sociales y políticos. A esto, Martín lo resume de la siguiente manera:
“La atención exclusivamente sanitaria no debe pensarse desligada del acceso al trabajo, a la educación, la alimentación, hábitat, por eso la Ley Nacional no sólo habla de hospitales y centros de salud, sino también otros dispositivos que permiten la vida en comunidad”.
Foto de portada: Juan Cristian Castro/Enfant Terrible
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