Nuevo año, nuevo comienzo. Así lo entendió Martín Llaryora y también su ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, quienes estuvieron al frente del cambio de apellidos en la Cúpula de la Policía de Córdoba, la semana pasada.

Sale Gutiérrez, entra Marín. «Renovación de energías, oxigenar la fuerza» fue la síntesis esgrimida por Quinteros al argumentar dicha decisión.

El ministro Quinteros destacó que “los recambios son naturales”  y que el general Leonardo Gutiérrez “da un paso al costado, luego de dos años de un trabajo incansable, ejemplar, arduo, con un parámetro ético verdaderamente importante”.

“Ética policial”

Leonardo Gutiérrez asumió el 22 de diciembre de 2023, en un escenario nacional caracterizado por la llegada de Javier Milei a Nación y Llaryora a provincia. Su llamado fue la respuesta del gobernador para desplazar a Liliana Zárate Belletti, cuya gestión quedó marcada por el asesinato de Blas Correas y una crisis de confianza en la institución.

Gutiérrez llegó como la cara visible de una nueva Ley de Seguridad Pública (Ley 10.954) que prometía “modernización securitaria” tanto en la integración de la seguridad privada a la pública, como en el uso de armas “no letales”. Además, fue el año donde la inversión en la cartera de Seguridad fue récord. Sin embargo, lo que se presentó como un cambio de paradigma: ¿Terminó por ser una profundización de los métodos más cuestionados de la fuerza provincial?

La “ética” mencionada por Quinteros chocó rápidamente contra la realidad judicial de la propia cúpula. Apenas unos meses después de asumir, el Subjefe de Policía, Alejandro Mercado —mano derecha de Gutiérrez—, fue detenido y procesado por asociación ilícita vinculada a una financiera ilegal. Este escándalo decapitó la jerarquía inmediata del Jefe saliente y dejó al descubierto la porosidad de la inteligencia policial frente al crimen organizado.

Tiempo después, Ochoa Roldán, Jefe de la Policía Caminera, abogado de profesión y secretario de Gutiérrez fue imputado y puesto en prisión, junto a otros importantes agentes policiales, por presuntamente liderar una banda criminal con recursos policiales.

La doctrina de la “media calzada”

La gestión de Gutiérrez estuvo marcada por la aplicación estricta del “Protocolo de Convivencia” -eufemismo usado para las prácticas coercitivas durante las movilizaciones sociales-. El debut ocurrió el 22 de diciembre, de 2023, en el Patio Olmos, donde la Guardia de Infantería reprimió y detuvo a cinco personas, incluyendo a un trabajador del medio. Acción que fue repudiada por organismos de DDHH nacionales e internacionales, lo que ameritó reuniones entre el sindicato de prensa y el Ministerio de Seguridad.

Aquel operativo fijó la doctrina de la “media calzada”. Una medida política represiva que priorizó la libre circulación por sobre el derecho constitucional a manifestarse. La violencia institucional se volvió el método predilecto para gestionar el descontento social.

Días más tarde, en la marcha por el aniversario del “Argentinazo”, una supuesta “trabajadora de prensa” fue identificada por las y los manifestantes como una policía de civil, quien registro con fotos a los presentes. ATE denunció penalmente a Gutiérrez y a Quinteros por “hacer inteligencia ”.

En junio de 2024, durante la visita de Milei al Cabildo, se reprimió de nuevo. En la intersección de Vélez Sarsfield y 27 de abril, las columnas de ATE y UEPC fueron embestidas con balas de goma y gases lacrimógenos. Hubo heridos y dos mujeres detenidas por “resistencia a la autoridad” .

Gremios y organizaciones sociales denunciaron que estos operativos no buscaban el orden, sino el amedrentamiento de los sectores afectados por el ajuste económico pregonado por Nación. Allí también fueron gaseados de forma directa dos periodistas del medio La Voz del Interior.

Bajo la gestión de Gutiérrez, las calles perdieron su condición de espacio seguro para la protesta. Entre el despliegue masivo de uniformados, la amenaza latente de las armas no letales y un disciplinamiento social forjado por el miedo a la represión, el Protocolo logró imponerse durante las movilizaciones, salvo excepciones donde los manifestantes pudieron sobreponerse.

El segundo año de gestión, en julio de 2025, la lógica represiva se extendió a Villa Allende, donde la Policía intervino en la resistencia vecinal por la preservación del Algarrobo Abuelo. El operativo terminó con una periodista detenida. Lo que demostró la decisión de hostigar a quienes registran el accionar de las fuerzas de seguridad, acción que le precedió a las amenazas a un fotógrafo de La Tinta y la represión a los manifestantes.

A fines de agosto, la Policía de Córdoba reprimió durante la protesta del gremio ATE, dejando un saldo de 18 personas detenidas. Ocurrió frente al Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia. Lo más acuciante fue la agresión al dirigente sindical, Federico Giuliani, quien sufrió una fractura en su brazo y fue trasladado directamente al penal de Bouwer; además de obstaculizar la tarea de un periodista de Radio La Ranchada y la detención del Secretario de Prensa de ATE.

Disparar y después preguntar: operativos de saturación

El jefe saliente inició su gestión con la represión policial en el Patio Olmos y fue desplazado, al mes siguiente, del crimen de odio policial contra Samuel Tobares. Pese a que llegó para reemplazar a Zárate (responsable política y policial del caso Blas Correas, de gran impacto mediático), las ejecuciones estatales continuaron bajo su mando.

Según el relevamiento de este medio, y también de organizaciones como el Frente Antirrepresivo en Lucha, la cuenta de ejecuciones directas -gatillo fácil- fueron 14.

Cronología de las víctimas en dos años de gestión:

13/01/2024: Mauro Alejandro Bustos (Cuesta Colorada). Asesinado por el sargento Rossi por el supuesto robo de una garrafa.

04/02/2024: Víctor Ariel Tortosa (Río Cuarto). Ejecutado por un policía de civil en un presunto intento de robo.

09/02/2024: Rodrigo Gómez y Emiliano Pastore (B° Marqués Sobremonte). Muertos tras un choque fatal en una persecución policial.

16/02/2024: Abel Cortez (Villa Adela). Recibió un disparo en la espalda efectuado por el oficial Boris Rivero.

10/03/2024: Elías Moreno (Barrio José Ignacio Díaz). Adolescente embestido por un patrullero y golpeado hasta la muerte por los agentes.

06/04/2024: Rodrigo Sebastián Arce (B° Ciudad de Mis Sueños). Fusilado de tres disparos por parte de un policía retirado.

17/05/2024: Braian Quinteros (B° Gral. Bustos). Asesinado por un oficial de franco vestido de civil.

28/05/2024: Mariano Savioli (B° Primero de Mayo). Falleció al ser embestido durante una persecución policial. Vecinos denunciaron haber escuchado disparos previos por parte de la fuerza.
02/10/2024: Tomás Fradeja (B° Las Palmas). Asesinado de un disparo por la espalda efectuado por el policía Andrés Ferreyra Díaz. La familia denuncia que el oficial no fue imputado ni apartado de la fuerza.

24/03/2025: Guillermo Bustamante (Av. Octavio Pinto). Murió tras una golpiza de una docena de agentes en una estación de servicio.
17/06/2025: Leonel Isaías Zárate. Muerto en circunstancias dudosas durante una persecución. La versión policial sostiene que le arrebató el arma a una agente para suicidarse.

24/11/2025: Samuel Tobares (Parque Siquiman). Asesinado a golpes en un operativo policial; se investiga crimen de odio.

03/12/2025: Joven NN (B° Teodoro Fels). Asesinado a balazos por un efectivo del programa “Cordobeses en Alerta”.

Por otra parte, el despliegue de políticas represivas mediante operativos de saturación, en sectores populares, constituyó una continuidad del modelo cordobesista en seguridad pública. Si bien esta estrategia nunca fue abandonada durante los últimos tres gobiernos del PJ cordobés, se profundizó durante los últimos dos años. Según la Coordinadora de Familiares de Víctimas de Gatillo Fácil, esta política fue denunciada como una militarización de los barrios más vulnerabilizados.

El acontecimiento más reciente fue la situación vivida por vecinos del Barrio Zepa, en junio de este año, donde una adolescente de 17 años perdió su ojo izquierdo, tras recibir un disparo de balín de gas pimienta (arma Byrna), en medio de allanamientos sin orden judicial.

Este patrón de violencia tuvo otro episodio crítico un mes después, el viernes 4 de julio, en la zona de El Chaparral. Integrantes de la Asociación Civil Esperanza Popular denunciaron que la Policía de Córdoba irrumpió de manera violenta en el salón comunitario de la Casa Popular Carlitos Reyes. Sin presentar ninguna orden judicial, un operativo de al menos 30 efectivos forzó la entrada rompiendo la puerta de acceso.

“En las casas de las familias es peor. Hay mucha gente presa en el barrio. Todo esto sucede porque pareciera que los pobres no pueden vivir en el centro de la ciudad”, denunció Mariano, referente del espacio.

Hostigamiento judicial: el caso de la Familia Castro

A la lista de muertes se suma el hostigamiento sistemático a las familias que exigen justicia. La familia de Ezequiel Castro —joven torturado y muerto bajo custodia en 2022— denunció persecución, durante octubre de 2025, cuando la causa contra 30 implicados avanzaba hacia el juicio.

En menos de un mes, sufrieron tres hechos de violencia: detenciones arbitrarias, secuestro de vehículos y amenazas de muerte directas por parte de oficiales encapuchados de la FPA (Fuerza Policial Antinarcotráfico), quienes apuntaron con armas de fuego al padre de Ezequiel en su propio domicilio.
Una situación similar habría ocurrido, en octubre de 2024, cuando policías arrestaron, golpearon y amenazaron a Isaías Luna -joven asesinado por la Policía en 2020- sin orden, ni instrucciones judiciales.

Para Guillermo Castro, estos hechos responden a una lógica sistemática de que, los cambios de mando, no modifican la estructura, mas bien son “jugadas estratégicas” que no resuelven la problemática. Según su visión, el cambio de mando responde a que el sistema “no está funcionando”, señalando que, aunque se presente a los nuevos jefes con una “carrera intachable”, la realidad en las calles es otra.
A su vez, advierte con desconfianza sobre los legajos de los nuevos mandos, recordando que, figuras como el ex-jefe Mercado también poseía un legajo supuestamente impecable, antes de ser detenido por asociaciones ilícitas.

“Cambiamos continuamente la cúpula, pero las acciones —la violencia institucional, el gatillo fácil y el hostigamiento a familiares— siguen ocurriendo. Es algo sistemático; por más que cambien los nombres en la policía o en el servicio penitenciario, las prácticas delictivas de los agentes persisten” , afirma Castro.

El hostigamiento sufrido por los Castro, a manos de la FPA, coincide con la crítica de Guillermo hacia el modo de actuar por parte de las fuerzas. Según cuenta, denunció, ante el Tribunal de Conducta, que la policía actúa de manera “violenta y agresiva sin dar respuestas”. En este sentido, cuestiona el concepto de “orden” que pregona el Ministerio de Seguridad, señalando que las fuerzas de seguridad han olvidado su rol fundamental: “entender que son servidores públicos”.

Finalmente, el padre de Ezequiel sostiene que la raíz de esta violencia radica en la falta de controles reales sobre el personal. Ante el avance de la impunidad y el disciplinamiento, Castro impulsa la necesidad de controles toxicológicos y psicológicos exhaustivos, argumentando que no se puede permitir agentes en actividad con problemas psíquicos, que luego derivan en casos donde “asesinaron, golpearon o torturaron a un pibe”.

Los Castro responsabilizaron al gobernador Llaryora y al ministro Quinteros por su seguridad, denunciando que estos métodos de amedrentamiento buscan, en última instancia, avalar la impunidad de quienes terminaron con la vida de Ezequiel.

La prensa en la mira ¿A qué le teme el cuerpo de policías?

A pesar de los intentos institucionales por establecer canales de comunicación, la labor periodística en Córdoba quedó entrampada entre la diplomacia de oficina y la violencia en las calles.

Mariana Mandakovic señala que si bien, se lograron gestiones ante el ministro, Juan Pablo Quinteros, para reconocer el Retrapren (Registro de Trabajadores de Prensa y la Comunicación de Córdoba) y validar las credenciales profesionales, este diálogo no impidió que la fuerza policial avanzara sobre los cronistas callejeros.

Para la referente gremial, la gestión del jefe saliente estuvo marcada por una preocupante escalada de violencia: “Durante esta gestión tuvimos dos periodistas detenidos, uno el 22 de diciembre de 2023 y otra este año, en el marco de la criminalización de la protesta social”.

Mandakovic destaca que estos arrestos fueron una agresión directa contra trabajadores en diversas coberturas, mencionando casos como los periodistas amedrentados de La Voz del Interior, Radio Mitre, La Tinta, La Ranchada, durante las movilizaciones, en 2024 y 2025.

La dirigente sindical sostiene que el modelo de ajuste nacional —replicado en la provincia— requiere necesariamente de la represión y la criminalización de quienes protestan. El rol del periodista se vuelve una amenaza para el poder.

“La tarea del trabajador de prensa en acontecimientos de manifestación contra el ajuste, implica una cobertura mucho mayor para poder mostrar todo lo que sucede. Hace rato que en la provincia vemos cómo se van limitando las posibilidades de pluralidad de voces”, expresa.

El paso de Gutiérrez, por Colón al 1200, quedará marcado por haber propiciado el endurecimiento punitivo, que hoy se estatiza en las modificaciones del Código de Convivencia. Bajo una crisis múltiple que castiga a los sectores más vulnerables, la vía pública pasó de la “convivencia ciudadana”, a una zona liberada donde se manifiesta y confluye el abandono estatal, la violencia urbana, la persecución a la protesta y la proliferación de la violencia de género. Según las y los organizadores de la Marcha de la Gorra, con estas nuevas medidas, los uniformados volverán a oficiar de policías, jueces y parte, como lo hacían con el Código de Faltas.