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Ante avances judiciales y amenazas policiales, la familia Castro responsabiliza a Llaryora por su integridad
La familia de Ezequiel Castro, el joven que murió luego de ser detenido y torturado en el Centro Psico Asistencial (CPA), denunció amenazas de la Policía de Córdoba y la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA). Enfant dialogó con Guillermo Castro
En menos de quince días la familia de Ezequiel Castro fue abordada dos veces por los mismos oficiales de la Policía de Córdoba y una vez por la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) de manera violenta. Guillermo, el papá del joven que murió en el Hospital Misericordia en 2022, luego de permanecer detenido en el Centro Psico Asistencial (CPA), presentó una denuncia legal por hostigamiento.
“Tengo miedo que se les escape un tiro”, expresó.
Castro asistió el viernes pasado junto a su abogado al Tribunal de Conducta de la Policía y fue recibido por su director. El titular prometió investigar los hechos y adelantó que ya tenían identificado al subcomisario que abordó al hermano y al amigo de Ezequiel.
Desde la muerte del joven, es la segunda vez que la familia Castro tiene que acudir a la Justicia luego de recibir amenazas de las fuerzas. A los pocos meses del crimen, unos agentes se pararon en la puerta de la vivienda de forma amenazante. Esa investigación, hasta ahora, no avanzó.
Guillermo subrayó que el hostigamiento coincide con el avance de la causa que indaga la muerte de Ezequiel. En las últimas semanas, el fiscal Raúl Garzón imputó a cuatro personas y entre agentes de la Policía, médicos, psicólogos y psiquiatras, suman 31 acusados.
Después de tres años sin novedades, Guillermo solicitó el cambio de fiscalía y el fiscal general Juan Manuel Delgado apartó a Jorgelina Guti. El expediente pasó a la jurisdicción de Garzón, que también tiene en sus manos el caso de Matías Mariño, joven también víctima de torturas en el CPA.
“Hay cuatro imputados en la causa de mi hijo y en la de Mariño que son los mismos, son trabajadores del CPA”, manifestó a este medio el papá de Ezequiel.
Para las familias involucradas, los ataques contra personas detenidas en el centro de salud forman parte de una práctica habitual. Antes de la muerte del joven y de los daños irreversibles de Matías, que no pudo volver a hablar ni a caminar, murió en el mismo lugar Luis Alberto Santa Cruz.
Julio Pereyra/Enfant Terrible.
Persecución y hostigamiento policial sobre la familia Castro
A mediados de octubre, el hermano de Ezequiel junto a un amigo se dirigían a comprar una gaseosa cuando fueron interceptados por dos móviles en el barrio Cerro Norte. Según relató Guillermo, los oficiales les pidieron los datos y “de forma muy violenta procedieron a pegarle a uno de ellos”.
El 23 de octubre, los mismos policías encerraron entre cuatro patrulleros al joven mientras se trasladaba en su moto y le solicitaron la documentación. Pese a que presentó la documentación en regla y tenía casco puesto, le quitaron el vehículo sin explicar las razones. “Mi hijo sale a comprar y el móvil lo ve y lo para, no es que había un control preventivo”, señaló Guillermo.
“Cuando me hice presente y pregunté por qué iban a llevarse la moto, el policía a cargo, que no quiso identificarse a pesar de mi pedido, me amenazó diciendo '¿querés que te cague a trompadas a vos también y te cargue en el móvil?'”, detalló Castro.
El lunes 27, cerca de la medianoche, dos autos de la FPA estacionaron en la puerta del domicilio y le pidieron los datos a los hijos de Guillermo sin mediar explicación. Los agentes encapuchados se negaron a identificarse. Según figura en la denuncia, cuando Guillermo salió a la puerta le apuntaron con un arma y no le permitieron acercarse.
“No puede ser que en menos de un mes pasen tres hechos seguidos”, cerró.
En un reciente comunicado a la prensa, la familia Castro expresó: “Hacemos responsable a Martin Llaryora gobernador de la provincia de Córdoba y a Juan Pablo Quinteros ministro de seguridad de la provincia, que continúan el ejemplo de Patricia Bullrich con sus métodos represivos y persecutorios en los barrios populares y avalan la impunidad, de cualquier cosa que nos pase”.
Momento donde integrantes de la FPA increpan a los Castro. Foto: cortesía familia Castro.
Un crimen de Estado aún impune
Ezequiel Castro fue detenido en junio de 2022 a pocas cuadras de su casa. Estuvo al menos cinco días retenido en el Centro Psico Asistencial (CPA) y luego fue trasladado al Hospital Misericordia. Después de buscarlo por una semana, su familia lo halló en el sanatorio, con claras marcas de tortura. El joven falleció internado, con un cuadro de deshidratación severa y lastimaduras de golpes en todo el cuerpo.
A tres años del crimen, el fiscal Garzón ordenó una pericia para establecer la causa de muerte. El resultado puede esclarecer si el deceso fue por sobremedicación o por violencia física. La prueba conforma uno de los últimos pasos para que el caso sea elevado a juicio. La familia espera que el año próximo comience el proceso que tiene más de 30 imputados, todos trabajadores de la fuerza provincial y médicos de los dos centros de salud en donde el chico pasó sus últimos días de vida.
En medio del avance acelerado de la causa luego de años de inacción, la Policía volvió a amenazar a los Castro. Guillermo y Lorena (madre del joven) exigen que se garantice su seguridad y la de sus hijos.
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