*Por: Bahía Luz De Palma
En la última sesión del año, la Legislatura de Córdoba reformó el Código de Convivencia Ciudadana. En un debate corto y opacado por las fiestas, legisladores oficialistas y opositores apoyaron la implementación de medidas punitivas, enfocadas en el aumento de las sanciones y la ampliación del accionar policial.
La norma resurge la figura de “reiterancia”, que anula el principio de inocencia, y el ambiguo término “conductas sospechosas”, habilitando a los oficiales de la provincia la libre intervención según sus propias consideraciones. A 10 años de la aprobación del primer Código de Convivencia, que reemplazó al cuestionado Código de Faltas, la actualización vuelve a incorporar viejas calificaciones.
El proyecto se discutió en medio de un clima político tenso, lo que llevó a continuas modificaciones. En un primer momento el gobierno de Martín Llaryora anunció que la Legislatura trataría la penalización de los “cuidacoches” y prohibición de los “limpiavidrios”. Horas después legisladores manifestaron que el debate del artículo 60 y el 60 bis se pospondría hasta febrero. Hacemos Unidos por Córdoba advirtió la falta de consenso que generó la criminalización de trabajadores precarizados, luego de recibir críticas de diversos espacios, entre ellos, la Iglesia de Córdoba.
Luego de horas de diálogo y negociaciones, avanzó la reforma de la Ley 10.326, nada menos que las reglas de convivencia de una región delimitada: determina qué acciones son ilícitas, establece las sanciones para los delitos caracterizados y regula la intervención de la fuerza pública.
En este contexto, la Unicameral avaló las sanciones a motociclistas que realicen “conductas sospechosas”, tipificadas como “no portar la identificación correspondiente, con signos evidentes de ocultamiento o supresión de la misma” o la “persecución” de un transeúnte “sin una razón atendible”.
En cuanto a la figura de “reiterancia”, la calificación permite la aplicación de condenas más severas para quienes se encuentren imputados por un delito anterior, sin una sentencia firme. El texto se opone a la presunción de inocencia, derecho establecido por la Constitución Nacional y que prima en el proceso legal.
El proyecto aprobado amplía las funciones y la posibilidad de acción del personal de seguridad de eventos o de espacios públicos en caso de “disturbios”. Permitiendo que los denominados “asistentes de seguridad” detengan a presuntos infractores y procedan a la “inmediata intervención a la Policía”. En este caso, el Código de Convivencia considera contravenciones “molestar con gestos, palabras o graficaciones en la vía pública; tocamientos indecorosos; y peleas o riñas”.
También plantea el endurecimiento de las sanciones para organizadores de fiestas clandestinas e incorpora la posibilidad del decomiso de bienes definitivo. Es decir sólo podrán ser reclamados los objetos “esenciales para la supervivencia”.
“El Código de Convivencia se estableció después de un proceso, de un cuestionamiento nacional por las altas tasas de detenciones debido a las contravenciones ”, recordó Valeria Plaza, docente de la Facultad de Ciencias Sociales, investigadora del Conicet e integrante de la Red por los Derechos Humanos en Contextos de Encierro.
La profesional indicó que la elaboración de la normativa sucedió en un contexto de consenso en la oposición a las detenciones y represiones arbitrarias. En 2013, la Marcha de la Gorra marcó la agenda pública. En ese entonces, el principal planteo era contra la figura de merodeo, que le permitía a la Policía la detención de “sospechosos” sin mayores justificaciones.
Organizaciones sociales, de derechos humanos y familiares de personas detenidas o víctimas de gatillo fácil confluyeron en una movilización. “Lo más importante era quitarle la atribución policial y que sea el juez o un fiscal quienes se encarguen del proceso. Otorgarle algunas limitaciones a la Policía”, dijo Plaza en conversación con este medio.
Otro suceso marcó ese año: el acuartelamiento policial en diciembre, acompañado de una fuerte crisis social y la falta de respuesta estatal.
En 2013 y 2014, la política represiva caracterizó a Córdoba. Allanamientos, razias y corralitos en las plazas eran moneda corriente. Del otro lado un descontento en aumento, acompañado de reclamos potentes, que exigían la baja del Código de Faltas. En las primeras audiencias públicas para debatir el proyecto, las organizaciones antirrepresivas marcaron la cancha, no se trataba de retirar algunos artículos, había que cambiar de modelo.
El planteo era que el arresto no sea la pena principal, ya que según Plaza “esto nunca resuelve sino simplemente secuestra el conflicto durante unos días”. La propuesta era incluir el trabajo comunitario y las multas como sanciones primordiales.
En 2015, la sanción de la ley implicó una transición y, pese a que no se resolvió la violencia policial, ni se eliminaron figuras criticadas como la de merodeo, se estableció un marco de mayor control sobre la fuerza. La acusación por merodeo fue regulada y la Policía la utilizó menos, ya que debía informar a la fiscalía interviniente las detenciones, contar con dos testigos y pruebas para efectuar el arresto.
En 2016 se implementó y el número de arrestos por contravenciones bajó más de un 70%: “Antes había una tasa de 29.000 detenciones anuales y pasamos a una de 8.000”.
Paralelamente aumentaron las prácticas de hostigamiento no registradas, como la retención en patrulleros, para evitar la notificación a la Fiscalía.
Existía otro punto clave en el cambio de normativa, se trataba de pensar la contravención como “sanciones menores para delitos menores”. “Son cuestiones ciudadanas que tienen que ver con cómo convivir en los espacios públicos”, desarrolló Plaza, aclarando que el Código Penal contiene el marco regulatorio de otros tipo de crímenes.
La investigadora sostuvo que si bien se realizaron modificaciones durante la última década, está vez lo particular es que los cambios atentan contra el modelo aprobado en 2015. “Lo más preocupante es la potestad que le vuelven a dar el ministerio de Seguridad” argumentó Valeria Plaza y agregó que aunque no es una autoridad policial, todo queda en el ámbito del Ejecutivo y se restringe la intervención de la Fiscalía.
“Sabemos que es mejor cuando los Poderes se controlan mutuamente”, destacó.
En este sentido, recordó que la reforma sancionada por la Unicameral no es “algo que no se haya probado, es una vuelta al Código de Faltas”. La intención no es “priorizar la convivencia, sino más bien darla al ciudadano la sensación de que algo se hace, aunque el ministro de Seguridad sabe que no se va reducir la criminalidad”.
Para Valeria, este tipo de regulaciones agravan la violencia social y las modalidades delictivas.
En la sesión legislativa también se aprobaron los pliegos para cubrir las vacantes de la recién creada Procuración Penitenciaria, un organismo que debería monitorear la situación de la carcelaria y los derechos de las personas detenidas, pero no cumple con los parámetros internacionales.
En la repartición de cargos, la exfiscal general adjunta Bettina Croppi quedó al frente de la institución y consiguió un cargo vitalicio de gran escala jerárquica. Croppi estará acompañada de tres adjuntos y una secretaria técnica: Guadalupe Trillo Pellizari, Iván Javier Rodríguez, María Florencia Degano y Melani Mattia. Todos permanecerán en ese cargo hasta declararse incompetentes o fallecer.
La legisladora Nadia Fernández fue la encargada de presentar el proyecto, quien después de lograr su aprobación en tiempo récord, renunció a su banca para ser parte del Gabinete en el ministerio de Justicia. En la cartera de Julián López estará a cargo de la articulación de la política carcelaria con el Servicio Penitenciario y de la antinarcotráfico con el Ministerio Público Fiscal.
El Comité Nacional de Prevención de la Tortura se pronunció en contra de la Procuración, por la falta de independencia -está bajo la órbita del Poder Judicial- y la deficiencia en el monitoreo de los centros de reclusión, ya que no prevé visitas no anunciadas ni entrevistas confidenciales con personas privadas de libertad, facultades que constituyen el núcleo operativo del modelo preventivo.
Por su parte, la Red de Derechos Humanos en Contextos de Encierro señaló que no permite la participación de organizaciones ciudadanas. “Hay una crisis muy fuerte dentro de los complejos, por el hacinamiento y la sobrepoblación y un descontrol dentro del sistema penitenciario, que quedó expuesto con la muerte de las dos internas en un incendio”, denunció Plaza.
En el último informe del Sistema Penitenciario de Córdoba, que data del 31 de diciembre de 2024, se reportaron un total de 14.674 personas alojadas en cárceles de la provincia. Con 12.952 plazas disponibles, la ocupación superó los espacios establecidos y alcanzó el 113,3%. Se estima que las cifras de este año son aún mayores.
*Foto de portada: Julio Pereyra / Enfant Terrible
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