El domingo 23 de noviembre, al volver a su hogar tras una extensa jornada laboral, Samuel Tobares fue interceptado en la localidad de Villa Parque Siquiman por oficiales de la Policía de Córdoba. Una vez descendido del colectivo, el joven de 34 años fue abordado y sometido a un violento y arbitrario operativo policial que, según testigos presenciales, se convirtió en una golpiza de 15 minutos que le causó la muerte en el lugar.
Después de la agresión, arribaron otras patrullas con más uniformados al lugar y comenzaron a realizarle maniobras para reanimarlo. Al notar que el hombre no respondía, los agentes lo subieron a un móvil y lo trasladaron al Hospital Domingo Funes, donde profesionales de la salud confirmaron el deceso.
La investigación quedó en manos de la Fiscalía de Instrucción número 2 de Carlos Paz, a cargo de Ricardo Mazzuchi, quien el jueves pasado imputó a dos uniformados de la fuerza provincial por homicidio preterintencional. Los dos oficiales quedaron detenidos. Por ahora rige el secreto de sumario y la Justicia avanza en la recolección de testimonios y otras pruebas.
Según los vecinos que presenciaron el hecho, el procedimiento comenzó al grito de “puto de mierda”. Samuel formaba parte de la comunidad LGBTIQ+, por lo que la agresión se podría categorizar como un crimen de odio. Abigail, la hermana de la víctima, manifestó que solicitará el cambio de carátula y que la acusación pase a “homicidio calificado agravado”.
Guillermo presenció el ataque y fue uno de los primeros en hablar con los medios para denunciar la situación. En diálogo con Telenoche, el joven relató que los policías “lo insultaron, lo agredieron” y detalló: “En un forcejeo le pegaron una piña, lo tiraron contra el móvil, el chico se cayó y le pegaron patadas, después estuvieron sentados arriba de él durante 15 o 20 minutos”.
La autopsia develó que el cuerpo de Samuel presentaba lastimaduras provenientes de múltiples golpes, y que falleció antes de ingresar al sanatorio.
La garita ubicada sobre la Ruta 38, a la altura de Villa Parque Siquiman, donde Samuel pasó los últimos minutos de su vida, fue intervenida con un grafiti que indica el lugar de la agresión. “Aquí la Poli mató a un pibe”, dice la pared de la parada de colectivo.
El domingo del fin de semana largo, el joven terminaba de cumplir una larga jornada laboral en un hotel de Villa Carlos Paz. Hacía dos meses se había trasladado desde Rosario a Córdoba para instalarse con su familia y cuidar a su padre. Comenzó vendiendo pan casero y luego consiguió empleo en un complejo turístico.
Ese día, su vida se vio truncada cuando regresaba a su vivienda. Abigail, su hermana, expuso que “no tiene explicación tanta violencia”, y detalló que Samuel no tenía antecedentes penales. “Siento que ni siquiera fueron a pedirle los datos, los vecinos dicen que hubo insultos, un cruce de palabras, y de ahí mucha agresión”, señaló a Carlos Paz Vivo.
La mujer cuestionó que solo dos policías fueron detenidos, ya que por la reconstrucción de los testigos estuvieron presentes otros uniformados. El abogado que representa a la familia de la víctima, Carlos Nayi, cuestionó el accionar de la fuerza, recordó que deben seguir los protocolos y señaló que si otros agentes vieron los que ocurría y “no denunciaron ni intervinieron” deben responder ante la Justicia.
“Queremos justicia. Que se sepa la verdad. Y que todos los que fueron violentos o presenciaron lo que pasó paguen lo que tengan que pagar”, expresó Abigail.
Mientras el Panal se viste de orgullo para el pride day, en menos de quince días en la provincia ocurrieron:
-Femicidio contra una trabajadora sexual
-Desaparición de una adolescente de padres migrantes
-Crimen de odio a mano de funcionarios estatales.
La Asamblea de Disidencias Sexuales compartió un comunicado denunciando el ataque que terminó con la vida de Samuel. El colectivo indicó que el caso es similar a la detención, tortura y el asesinato de Vanesa Ledesma, una mujer trans cordobesa que murió en el 2000 “en menos de la misma institución”.
“No somos ingenuxs, el clima de odio, violencia y hostilidad sembrado por Javier Milei envalentonan a las patotas criminales”, detalló la Asamblea, quién también apuntó contra los “responsables” políticos:
“Todos son responsables de este crimen. Los policías que por acción u omisión golpearon de manera brutal hasta terminar con la vida de Samuel; el jefe de la Policía de la Provincia Sargento Gutiérrez , el ministro de Seguridad Juan Pablo Quinteros; y la máxima autoridad, el gobernador Martín Llaryora”.
El fiscal Ricardo Mazzuchi, ahora a cargo de la causa por el asesinato de Tobares, tiene múltiples denuncias, presentadas tanto por legisladores como por la sociedad civil, las cuáles apuntan a un patrón de mal desempeño, inacción y discrecionalidad en causas sensibles, con especial énfasis en la protección de las víctimas y la investigación de crímenes resonantes en la región.
El caso más resonante en el ámbito de la violencia de género es el de Gisel Mengarelli, quien denunció públicamente que Mazzuchi omitió citar y actuar contra su expareja a pesar de haber presentado seis denuncias por agresiones y amenazas. Mengarelli relató el extremo de su desesperación, asegurando que le suplicó al fiscal por una custodia y le advirtió que su inacción podría costarle la vida. Esta inacción, que expone la desprotección de las víctimas, se sumó como prueba al pedido formal de Jury impulsado hace años atrás por la legisladora Liliana Montero (Frente Cívico) en la Unicameral cordobesa.
A estos señalamientos se añaden graves críticas por el manejo de casos de alto impacto social, como las muertes de Hernán Sánchez y Andrea Castana. Respecto al fotógrafo Sánchez, la legisladora Montero cuestionó el accionar mal desempeñante del fiscal por haber anunciado la versión de suicidio y el hallazgo del cuerpo sin realizar la autopsia, generando desconfianza en la familia. Asimismo, el colectivo Ni Una Menos repudió un reconocimiento público que recibió Mazzuchi, recordándole que el crimen de Castana sigue impune tras su paso por esa investigación.
El historial de presuntas faltas del fiscal no es reciente; Mazzuchi ya carga con una imputación por omisión de deberes de oficio desde el 2007. Este cargo se originó en la causa de la Tragedia del Ford Ka, donde fue denunciado por demorar más de 40 meses en tratar un expediente clave. Más recientemente, enfrenta una nueva denuncia penal por abuso y arbitrariedad tras ordenar el decomiso de un vehículo particular sin el debido proceso judicial.
En respuesta al cúmulo de irregularidades, tanto el Colegio de Abogados de Carlos Paz como vecinos organizados han intensificado los reclamos. El Colegio exigió años atrás “terminar con el manejo arbitrario e irregular” de la fiscalía, mientras que movilizaciones masivas se han realizado en la ciudad pidiendo la renuncia de Mazzuchi y justicia.
*Foto de portada: gentileza de Facebook.
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