Esta semana la Cámara de Diputades de Bolivia le dió media sanción al proyecto para un impuesto anual y permanente para las grandes fortunas (IGF) impulsado por el presidente Luis Arce a un mes de su comienzo de mandato. Ahora pasa al Senado donde el MAS también tiene mayoría.
El diputado por el oficialismo Omar Yujira, explicó que el impuesto alcanza solo a 150 personas (0,01%de la población) de manera individual, que cuentan con fortunas superiores a 4,3 millones de dólares.
El Proyecto de Ley plantea porcentajes graduales de recaudación que van desde: 1,4 por ciento para personas con riquezas de 30 millones a 40 millones de bolivianos (de 4,3 a 5,7 millones de dólares); 1,9 por ciento de 40 millones a 50 millones (de 5,7 millones a 7,2 millones de dólares) y 2,4 por ciento para fortunas mayores.
Por otro lado, el IGF modifica la Ley de Servicios Financieros para que el Estado pueda solicitar información financiera a través de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) e investigar las grandes fortunas y operaciones financieras que se hacen en el país de baja o nula tributación.
El ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, en diálogo con La Política Online explicó que "muchos de los millonarios quieren pagar el impuesto y solo piden confidencialidad, eso está contemplado en la ley". Sin embargo, en caso de no pagar el impuesto, el gobierno puede abrochar una multa del 200% por arriba del impuesto omitido y los contribuyentes perderían el carácter de privacidad de la información como aportante.
Además, la cámara baja también aprobó una ley para la devolución de 5 por ciento de todas las compras facturadas por personas con ingresos iguales o menores a 9.000 bolivianos mensuales (aproximadamente 1.293 dólares).
El proyecto sancionado formó parte de las promesas de campaña de Arce, como medida para afrontar el vaciamiento en la gestión de la golpista Jeanine Añez y la pandemia del coronavirus que profundizó la crisis en el país andino.
Fuentes:
DW
La Política Online
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