Cada vez es más recurrente el "impuesto a las grandes empresas" como iniciativa para equilibrar las cargas impositivas en todo el mundo. El pasado sábado el G7, integrado por las principales potencias industriales del mundo como Japón, Estados Unidos, Francia e Inglaterra anunció que cobrará un impuesto extraordinario "cercano al 15%". Tiene sentido que esto suceda mientras la crisis mundial afecta principalmente a los sectores más vulnerados y son los países menos industrializados los que sacrifican sus territorios para generar divisas.

A un mes de su mandato, el presidente de Bolivia, Luis Arce, avanzó con la presentación del proyecto de impuesto a las grandes forturnas que alcanza a personas con un patrimonio superior a 4,3 millones de dólares. A diferencia del Aporte Extraordinario y Solidario que se sancionó en Argentina hace casi un mes, en Bolivia el cobró será "permanente" y anual, mientras que en el primero se aplica por única vez.

El aporte único y extraordinario que pretende gravar a 9000 personas físicas que superen los 200 millones de pesos de patrimonio se discute hoy en la cámara baja donde el Frente de Todos tiene mayoría. El proyecto a tratarse el día de hoy corre el riesgo de naufragar o peor aún, de ser que un nuevo esquema de subsidios en el marco de la crisis social que vivimos. Más allá de impuesto si o no, quizás sea el momento de poner en discusión el conjunto de las relaciones sociales que generaron esta situación "extraordinaria"