Ezequiel Castro tenía 21 años cuando falleció el 14 de junio de 2022, debido a las torturas recibidas en el Centro Psico Asistencial (Unidad de Contención del Aprehendido), dependiente de la Secretaria de Salud mental de la Provincia de Córdoba, a cargo de María Pía Guidetti.

A dos años del crimen, la Fiscalía del Turno 4 Distrito 6 a cargo de Jorgelina Gutiez no realizó ningún avance en la causa, a pesar de que hay 27 personas imputadas, entre los cuáles se encuentran policías, agentes del Servicio Penitenciario de Córdoba y personal médico. Por este motivo, familiares del joven junto a organizaciones de la sociedad civil concentraron esta mañana en Tribunales 1 (Caseros 551) para "exigir el cierre del CPA", "basta de tortura en los lugares de encierro" y la "renuncia de Guidetti".

"El CPA sigue siendo un lugar de maltrato, a pesar de la denuncia de otros casos de tortura, como Matías Mariño. Exigimos su cierre y que el Fiscal General de la provincia, Manuel Delgado y la fiscal de la causa, Jorgelina Gutiez investiguen qué pasó", expresó la familia de Ezequiel.

En este marco, Enfant Terrible dialogó con Guillermo Castro, padre del joven, quien hace un mes atrás se reunió con el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, entre otros funcionarios del Gobierno de la Provincia de Córdoba.

Enfant Terrible (ET): ¿En qué estado se encuentra la causa actualmente?

Guillermo Castro (G.C): La causa se encuentra literalmente parada. La fiscal Gutiez no nos recibe a nosotros, ni a nuestros defensores. Tampoco recibe los pedidos de informes demandados por Amnistía Internacional, el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura y la Secretaría de Derechos Humanos de Nación.

ET: ¿A qué crees que se debe esta paralización? ¿Han tenido acceso al expediente?

G.C: Gutiez es conocida por no haber investigado a Lucas Gastón Carranza, el asesino de Rodrigo Sánchez y también por imputar a policías que asesinan pibes y luego dejarlos en libertad.

Sólo tuvimos acceso al expediente los primeros meses, luego nunca más. La fiscal nos recibió sólo una vez y nos dijo que 'no sentía la pérdida de Ezequiel' porque ella nunca perdió un hijo. Luego nos comentó que las pruebas fílmicas de los hechos, que los fiscales anteriores nos habían confirmado (Silvina Fernández y Gerardo Reyes), se habían supuestamente borrado.

ET: ¿Qué responsabilidad tiene el poder judicial en las torturas en contextos de encierro?

G.C: Mucha, porque sólo contra el CPA hay muchísimas denuncias, pero ninguna es investigada. Meses antes de lo de mi hijo, asesinaron a Luis Santa Cruz, meses después de lo de Eze, torturaron y dejaron en estado vegetal a Matías Mariño. Si el poder judicial investigara y detuviera a quién debería, no se repetirían los casos y no habría pibes muertos o en coma. Y esto es solo lo que nos enteramos, gracias a las familias que se animan a denunciar. Sabemos que hay más casos.

ET: ¿Qué sucedió en la reunión con el ministro Quinteros?

GC: Le contamos sobre el caso de Ezequiel, la irregularidad de su detención, los golpes recibidos cuando se lo registra en la UFAI, las amenazas que sufrió su amigo, las cuáles lo obligaron a mudarse del barrio y también todos los casos recientes de gatillo fácil.

Le exigimos mayor control sobre los policías, ya que, el que no asesina, vende droga, el que no vende droga, encubre, el que no encubre está en otro delito, y así. No sabemos si están bien de salud mental, por lo que expresamos nuestra preocupación por la actual situación, que de seguir así, empeorará. También le contamos la necesidad de que la Provincia adopte un Mecanismo Local de Prevención de la Tortura.

Quinteros se comprometió a investigar tanto a los policías que detuvieron a Ezequiel, que no están imputados, como a los policías que hicieron inteligencia en mi casa y en mi barrio cuando desde la familia empezamos a luchar por justicia, Veremos si cumple.

E.T: ¿Es el único funcionario provincial con quién obtuvieron un encuentro?

No, también nos reunimos hace poco con Liliana Montero, ministra de Desarrollo Humano de la Provincia de Córdoba, quien se comprometió a elevar un pedido de informe a la Fiscalía. Al mismo tiempo, le enviamos un pedido de reunión al ministro de Salud de la provincia (Ricardo Pieckenstainer).

ET: ¿Cuáles son las exigencias para con el Fiscal General?

G.C: Queremos que hable con Gutiez para el aceleramiento de la investigación o que nos cambie de fiscalía, ya que entendemos que hay una decisión política de la fiscal de no investigar a las 27 personas imputadas. ¿Cómo puede ser que yo tenga más información que la fiscalía? Hay una complicidad muy explícita entre la justicia, las fuerzas de seguridad y el poder político.