
Francisco pasó a la inmortalidad
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El 14 de abril de 1945, en plena pulseada por el destino político del país, nacía la agencia Télenoticiosa Americana (Télam): la Agencia Nacional de Noticias que el gobierno de Juan Domingo Perón impulsó para romper el cerco informativo de los grandes diarios porteños. Ochenta años después continúa latiendo como puede, golpeada pero no vencida. En un país donde los gobiernos pasan y la necesidad del acceso a la información pública está vigente.
Télam sobrevivió dictaduras, privatizaciones frustradas, persecuciones ideológicas, vaciamientos programados y, desde hace un año, el intento de cierre por parte del Gobierno Nacional, a través del decreto 117/2024. Luego de calificar a la agencia de "propaganda kirchnerista", la sede ubicada en la calle Bolívar, amaneció vallada. Sus trabajadores despedidos.
Al día de hoy, los trabajadores que no fueron despedidos ni invitados a “retirarse voluntariamente” tienen el salario congelado desde junio del año pasado. Muchos de ellos perciben ingresos por debajo de la línea de pobreza, que según el INDEC, una familia de cuatro integrantes necesita $1.100.267 para no ser pobre en marzo de 2025, y algunos de las y los trabajadores ni siquiera cobran el mínimo.
En los papeles, la agencia no “cerró”: fue despojada de funciones y rebautizada como Agencia de Publicidad del Estado Sociedad Anónima Unipersonal (APeSAU). Una figura jurídica que suena a aseguradora fantasma pero que esconde un propósito concreto: desmantelar el periodismo estatal, vaciar su estructura y mercantilizar la información pública. El nuevo ente no contempla la producción periodística ni informativa, y aún no tiene estatuto aprobado ni plan de funcionamiento.
Desde entonces, los trabajadores y trabajadoras de Télam—alrededor de 700 personas—viven en un limbo laboral. Con sus sueldos congelados, enfrentan el ajuste, la inflación, los aumentos de tarifas, alquileres y alimentos, mientras soportan el constante desprestigio promovido desde los micrófonos oficiales.
Este aniversario no se celebra en un salón alfombrado ni en cadena nacional; se celebra en las calles, en las redacciones improvisadas, en las pancartas que siguen preguntando por qué una agencia pública con presencia federal, con perspectiva de género, con capacidad de cubrir lo que otros medios ocultan u omiten, fue desactivada por decreto.
Tras su fundación durante el primer gobierno de Perón, Télam se convirtió en un canal estratégico de difusión de noticias desde una mirada nacional. El golpe de Estado de 1955 truncó esa iniciativa y puso a la agencia bajo intervención militar.
Durante las sucesivas dictaduras -especialmente la de 1976-1983, la agencia fue transformada en un vehículo de propaganda oficialista. Sus cables reproducían los partes del régimen, ocultaban violaciones a los derechos humanos y operaban bajo férrea censura.
Hubo trabajadores perseguidos, censurados, exiliados y despedidos. Algunos fueron desaparecidos, entre ellos: Alejandro Martín Almeida, Héctor Jesús Ferreyros y Célica Élida Gómez Rosano. Sus nombres son testimonios del precio que pagó el periodismo por informar en tiempos de terrorismo de Estado.
Con la llegada del menemismo, la ofensiva contra los medios públicos adoptó otro formato: la privatización encubierta. En 1992, el gobierno de Carlos Menem intervino Télam, y dos años más tarde firmó el Decreto 570/94 que disponía su liquidación. Si bien el proceso no llegó a concretarse, el mismo dejó a la agencia en un limbo jurídico e institucional.
En 1996, el Decreto 94/96 anuló la liquidación. Sin embargo, buscó quitarle a Télam el monopolio en la distribución de la pauta oficial -una de sus principales fuentes de financiamiento-, medida que tampoco se implementó por completo. Incluso, se intentó desactivar la capacidad productiva mediante el desfinanciamiento progresivo, la reducción de personal y la precarización de las condiciones laborales. Esto, sumado al auge de los multimedios privados y la concentración de capital e información, terminó por arrinconar a la agencia más grande de Latinoamérica.
En junio de 2018, Hernán Lombardi -secretario de gobierno del Sistema Federal de Medios y Contenido Público de Argentina-, dispuso como director de Télam a Rodolfo Pousá. El mismo, redujo en un 40% la agencia de noticias. En total, despidió a 357 trabajadores.
La reacción gremial fue histórica: tomas pacíficas, campañas de visibilización y una disputa judicial que culminó con la reincorporación de 70 trabajadores, al reconocer la ilegalidad del proceso al entender que se incumplió el Procedimiento Preventivo de Crisis que, según dispone la Ley de Empleo 24.013/91, es de naturaleza obligatoria para habilitar despidos masivos.
La cobertura federal de Télam es única: cuenta con corresponsalías en 24 provincias y fue, durante décadas, la única fuente informativa confiable para medios locales, cooperativos y comunitarios. Los intentos de cierre y censura hacia sus trabajadores, ya sea a través de la vía legal -aunque inconstitucional- o el uso de la fuerza al reprimirlos y desaparecerlos, demuestra que el problema no es tanto la información, sino el uso que se hace de la misma.
Durante la dictadura, Télam estuvo ahí; en la crisis económica y política de los 90's y principios de los 00', la agencia estuvo presente; incluso en la gestión de Mauricio Macri, pese a los embustes de la reducción del 40% de la planta, la misma se mantuvo en vilo.
Asimismo, el posible pasaje de ser la agencia de Telecomunicaciones más grande Latinoamérica, a quedar reducida a una mera agencia de publicidad y propaganda política, sostenida por pauta privada, permite ver a las leguas, que las intenciones del Gobierno Nacional, es dejar allanado el camino para que la centralidad de la información sea de todo, menos democrática.
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