En los últimos siete días en Córdoba Capital se vivieron distintos hechos de represión estatal que vuelven a encender el debate sobre el sistemático y violento accionar de la Policía de la Provincia.
Dos casos de asesinato policial, un secuestro y un crimen vial doble, son los gravísimos hechos realizados por distintos agentes estatales pertenecientes a la fuerza en cuatro barrios populares ubicados en las periferias de la ciudad.
Müller
El pasado miércoles 26 de julio, en horas de la tarde y sobre la calle Antonio Machado al 350 en Barrio Muller, un motociclista (40) armado, disparó en dos oportunidades a una casa custodiada donde se encontraba de consigna judicial un cabo (31) de la Policía de Córdoba, quien repelió el ataque disparándole a la altura de la cabeza, generando su muerte instantánea. El arma del civil fue robada de la escena del crimen por parte de sus allegados según denunció el oficial implicado. En los antecedentes del hombre figuran dos condenas por causas diferentes, 16 hechos graves y dos contravenciones.
Había sido condenado en dos causas diferentes y en el registro de antecedentes figuran 16 hechos graves y dos contravenciones. Solía exponerse portando armas de fuego y había involucrado a menores en la delincuencia.
Luego del grave suceso, familiares del hombre herido de muerte le propiciaron una paliza al oficial, sufriendo este un “traumatismo contuso orofacial”, según indicaron las autoridades policiales. El oficial se encuentra en libertad y fue dado de alta en el Policlinico policial al otro día de los hechos.
Según hizo trascender Diario Perfil, a través de su periodista Andy Ferreyra, el motociclista habría amenazado a la familia que residía en el domicilio por un supuesto arreglo de dinero no cumplido.
La Fiscalía de Distrito 2 Turno 5, a cargo de la fiscal María Florencia Espósito es quien llevará a cabo la investigación sobre lo sucedido.
En videos que se viralizaron por las redes sociales, familiares y vecinos de la zona criticaron al oficial por “haber tirado a matar”.
Barrio Cerrito
En los últimos días trascendió información sobre un gravísimo hecho que tuvo lugar a fines de la semana pasada en Barrio Cerrito, cerca de Arguello. Seis policías secuestraron a un adolescente de su hogar.
Sin orden de detención ni allanamiento por parte de la justicia, media docena de oficiales (de civil y uniformados) realizaron un operativo ilegal tras el supuesto robo de la moto perteneciente al hijo de uno de ellos. El vehículo habría sido sustraido del estacionamiento del complejo Dinosaurio de Rodríguez del Busto.
En este sentido, los efectivos se dirigieron a Barrio Cerrito con el objetivo de allanar ilegal y clandestinamente una casa. Amenazando a todos sus habitantes, los uniformados privaron de la libertad a un joven al que luego secuestraron y amenazaron con armas de fuego para que se adjudique el robo de la motocicleta.
Luego de que la madre diera aviso a las autoridades policiales, el adolescente fue devuelto con vida. La Fisalía Distrito 4 Turno 6, a cargo de la fiscal Jorgelina Gutiez, imputó a los seis oficiales por los siguientes delitos: “amenazas calificadas, coacción, privación ilegítima de la libertad, violación de domicilio y allanamiento ilegal”.
La hermana del joven, en una entrevista con Canal El Doce, expresó que los oficiales entraron a su hogar pateando la puerta, armados y con linterna. “Le dijeron que eran 'jefes' y que se levantara de la cama o le iban a pegar un tiro”, acusó la mujer.
Por su parte, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, condenó el grave suceso a través de un documento difundido en sus redes sociales, donde cargó contra la máxima autoridad policial:
“La fuerza que comanda la comisario general Liliana Zárate Belletti sigue llevando adelante prácticas propias de la pasada dictadura cívico militar, pese a que este año, celebramos el 40° aniversario de la recuperación democrática”.
Campo la Ribera
El pasado lunes 31 de julio, en barrio Campo de la Ribera, un policía que trabajaba para la aplicación Uber, le disparó en el pecho a un adolescente (17) armado que habría querido robarle cuando el chofer estaba abriendo el baúl para cargar una encomienda. El joven se encuentra grave y está internado en el Hospital de Urgencias. Se desconoce la fiscalía actuante en este caso.
Barrio Villa 9 de julio
El día martes, en la intersección de las calles calles Coquena y Charrúas, un vehiculo policial atropelló a gran velocidad a dos jóvenes motociclistas, dejándolos a su merced y huyendo del lugar. Franco Miranda (27) y Néstor Moyano (30) se encuentran en grave estado, internados en el Hospital de Urgencias.
La Fiscal Jorgelina Gutiez, imputó al oficial que conducía la Nissan Frontier, bajo la caratula de lesiones graves culposas, agravadas por la conducción de un vehículo. El oficial acusado permanece en libertad mientras continúa la investigación de la Unidad Judicial de Accidentología Vial. Tanto el conductor como su acompañante, fueron pasados a situación pasiva por las autoridades de la fuerza.
El crimen vial doble fue registrado por una cámara de la zona y se viralizó en las redes sociales. La Justicia ya cuenta con el mismo, y se espera que este sea una prueba clave para la investigación judicial.
A su vez, familiares y vecinos de la zona, cortaron la principal calle de la Villa 9 de julio en horas de la noche de ayer, exigiendo justicia y la identificación del oficial responsable del crrimen.
La Coordinadora de Familiares Víctimas de Gatillo Fácil expresó a Enfant su preocupación por la permanente violencia policial que azota las barriadas populares de la ciudada capital. En este sentido, Romina Ludeña, es tía de Rodrigo Sanchez (joven fusilado en 2015) e integrante del espacio que busca justicia por las juventudes asesinadas por la Policía de Córdoba, expresó:
“El gatillo fácil perdura en el tiempo porque la institución policial es avalada y amparada por el Estado. Por eso los familiares siempre decimos que son crímenes de estado avalados por el gobierno, es represión estatal, y las estadísticas lo demuestran, cada 18 horas matan a un pibe a lo largo y ancho del país. Las balas de la Policía están destinadas y direccionadas a pibes de bajos recursos, la represión es claramente contra los barrios populares”.
La Coordinadora, junto a diversas organizaciones políticas y sociales, se encuentran organizando lo que será la 9º Marcha Contra el Gatillo Fácil, con la particularidad de que este año la histórica movilización no concluirá frente a la casa de Gobierno como es costumbre, sino que finalizará frente al Palacio de Justicia ubicado frente al Paseo de Sobremonte.
Con respecto a esta última decisión, Ludeña afirma que gran parte de los reclamos de los familiares van dirigidos al Poder Judicial: “El poder judicial es cómplice primordial de la Policía que asesina nuestros familiares. Estamos hartas de las causas cajoneadas, de los cierres de causas con sobreseimientos sin siquiera realizar una investigación justa y equitativa para nosotros. Si un ciudadano común sale y mata te dan perpetua, si un policía lo hace queda absuelto. Decimos basta, queremos gritar bien fuerte el nombre de cada fiscalía y jueces corruptos y cómplices de la fuerza policial”, finaliza Romina.
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