Hace siete meses atrás, desde esta columna anticipábamos la inauguración de una nueva etapa represiva en Argentina que empezaba en Jujuy, en el contexto de la represión estatal que sufrió -y sufre- la Asamblea del Tercer Malón de la Paz y diversos sectores sociales locales, a manos del Gobierno provincial, dirigido en su momento por Gerardo Morales, ex presidente de la Unión Cívica Radical y aliado del PRO.

Con la misma metodología con la que se llevó a cabo la represión en la provincia norteña, y tiempo antes en Chile, ahora el Comando Unificado de las fuerzas de seguridad que responden a Bullrich y Milei, ejerce el mismo accionar frente al Congreso de la Nación, apuntando a los ojos y piernas de los manifestantes, con el agregado de que usan un nuevo y más dañino gas pimienta.

La "reforma" constitucional que se aprobó en el mes de junio del 2023 en Jujuy, modificó o cambió de forma completa la mayoría de los artículos vigentes en la antigua carta magna, refundando el orden civil, penal, económico y político de la provincia.

En su momento, el cacique del Pueblo Ocloya, Néstor Jeréz, expresaba a Enfant: "Lo que hace la reforma es es garantizar un marco legal al desalojo a las comunidades, al saqueo de los territorios, como también a reducir los derechos de los trabajadores y de todo el pueblo jujeño. Legalizar la violencia institucional, violar los derechos humanos y tratados internacionales".

Las imágenes de la represión en Jujuy generaron en su momento una repercusión nacional e internacional que convocó a la la Corte Interamericana de Derechos Humanos perteneciente a la Organización de los Estados Americanos (OEA) y el Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a enviar sus advertencias al Gobierno de Jujuy, tanto por el accionar de las fuerzas como por la inconstitucionalidad que legitima la criminalización de la protesta.

Asimismo, pese a la gravedad de la situación, el Gobierno Nacional de Alberto Fernández, el Congreso y la Corte Suprema de Justicia de la Nación, nunca intervinieron en la provincia, tal como exigían las miles de personas movilizadas en el "jujeñazo", otorgando la legitimidad y el aval necesario para que Morales avanzara con su plan de convertir a Jujuy en una provincia independizada de la Constitución Nacional, los acuerdos internacionales y el sistema republicano, cuyo Estado de Derecho prácticamente no existe, tal como aquí lo denunciaba a Enfant, el abogado Alberto Nallar.

La Jujuy de ayer, la Argentina de hoy

A partir de julio del 2023 rige en Jujuy la nueva Constitución, denunciada de ilegítima e ilegal por diversas organizaciones sociales, políticas y de DDHH. Desde entonces, el poder político, el poder judicial y las fuerzas de seguridad están legitimadas jurídica y políticamente para las violaciones a los Derechos Humanos que se están profundizando cada vez más en la provincia, tal como aquí lo narramos días atrás.

En este sentido, el mega DNU presidencial y la "Ley Ómnibus", cambian o modifican cientos de leyes y normativas nacionales de gran envergadura, configurando un cambio de constitución de manera encubierta, con la excusa de la crisis económica y social que vive el país.

Con la probable aprobación de la mencionada ley y la vigencia del mega decreto, el modelo que supo institucionalizar Morales en Jujuy hace siete meses, es hoy una realidad que empieza a instalarse en todo el país, con el agravante de que la Nación retroceda 40 años en materia de derechos democráticos, y 200 en términos institucionales, geopolíticos y económicos.

A su vez, es importante ser conscientes de que el proyecto que intenta aplicar la ultraderecha en Argentina, es quizás el más ambicioso de todos los gobiernos neoliberales que ocuparon los ejecutivos de los Estados latinoamericanos en la última década, lo que -de seguir su camino- puede ser el antecedente necesario para que el modelo mileísta sea replicado en las naciones hermanas.

*Foto de portada: Juan Cristian Castro/Enfant Terrible