Hace dos semanas atrás, el poder judicial de Jujuy, a través de los jueces Mario Ramón Puig, Luciano Yapura y Ana Carolina Pérez Rojas, condenó al reconocido abogado defensor de los DDHH y de las comunidades originarias de Jujuy, Alberto Nallar, a tres años y medio de prisión, un embargo de 7 millones de pesos e inhabilitación para ejercer su profesión.
La condena se emitió tras considerar a Nallar, autor material y responsable de los delitos de “instigación a cometer delitos, incitación a la violencia colectiva y alzamiento o motín en concurso real”. El proceso judicial (aún sin condena efectiva), se llevó a cabo de manera fugaz y tuvo a un solo testigo: el Fiscal de Estado Miguel Rivas.
“En sus primeros días de gobierno, Morales logró capturar todo el poder judicial, y a partir de ese momento, el tipo se encuentra blindado para cometer el delito que se le dé la gana, porque no hay a dónde denunciarlo, y a su vez, utiliza ese poder para someter a la población”, comenzó expresando Nallar a Enfant Terrible en una reciente entrevista telefónica, donde insistió, una y otra vez, en que el origen del problema reside en la reforma al Supremo Tribunal de Justicia de Jujuy que realizó el Presidente de la Unión Cívica Radical en el 2015.
Desde el 2015, el abogado Alberto Nallar viene sosteniendo duras críticas al gobierno de Morales por su política “antidemocrática”. Durante el último año, el letrado se cargó la tarea de brindar cátedras públicas donde explicaba las consecuencias de la cooptación del poder judicial por parte del oficialismo, tanto en lo correspondiente a la ampliación de los miembros del Supremo Tribunal de Justicia durante sus primeros días de gestión, como en la aplicación de la nueva constitución provincial.
Es que, a fines de junio del corriente año, el Gobierno de Jujuy, encabezado por Gerardo Morales (UCR-PRO) junto a sus aliados de la oposición (PJ), aprobó de manera exprés y récord una reforma integral de la constitución provincial.
Durante estos últimos cuatros meses de aplicada la nueva carta magna, distintos sectores ciudadanos (urbanos y campesinos-indígenas) comenzaron una serie de protestas en rutas y diversas localidades que se mantienen hasta la actualidad, advirtiendo la inconstitucionalidad de la misma, y la sistemática vulneración a los derechos políticos y humanos que impone sin medias tintas.
A raíz de este contexto, el pasado 20 de julio, Nallar fue detenido por la Policía de Jujuy y posteriormente acusado, imputado y puesto en prisión domiciliaria hasta la actualidad, convirtiéndose en un nuevo preso político en la misma provincia donde hace años vienen sufriendo la persecución judicial y política integrantes de distintas organizaciones sociales, con Milagro Sala como chivo expiatorio, como también ahora integrantes de las comunidades originarias organizadas en el Tercer Malón de la Paz.
“Acá estamos todos en libertad condicional, el problema es gravísimo. Y si Alberto Nallar va a parar o no en cana, es lo de menos. El problema es que todos los demás están en la puerta del penal, si es que llegan a abrir la boca”, advierte el defensor de los DDHH.
Jujuy es señalada hace años por diversos organismos de DDHH (como CELS y Amnistía Internacional) como un “laboratorio” o una “prueba” de lo que diversos sectores políticos de centro-derecha, derecha y ultra derecha, tales como el Frente Renovador, Juntos por el Cambio, la Coalición Cívica, la Unión Cívica Radical y ahora La Libertad Avanza, como así también algunos sectores del Partido Justicialista, intentan proyectar como modelo político institucional.
La criminalización de la protesta como modus operandi, con el aval de los intereses imperialistas en la región, atentos a avanzar en el saqueo de los bienes comunes naturales, con normativas aún más flexibles para ello y en consecuencia la prisión para quienes defiendan los territorios.
Pero, ¿cómo se institucionaliza una política de carácter punitivo y antipopular?, ¿qué peligros se corren cuando la democracia se moldea desde una justicia cooptada por intereses partidarios particulares?
“El problema de la constitución es un problema secundario mientras no logremos recuperar el poder judicial cooptado desde el 2015”, insiste Nallar.
En su primer día de gobierno, el 11 de diciembre del 2015, Morales envió a la Legislatura jujeña un proyecto para ampliar el Supremo Tribunal de Justicia de Jujuy, sumado a otro proyecto que disponía la división del máximo tribunal en cuatro salas. El 14 de diciembre, el vicegobernador Carlos Haquim (Frente Renovador) convocó a sesiones extraordinarias y el proyecto tomó estado parlamentario, siendo aprobado con inusual rapidez.
Este proyecto le habilitó a Morales y su gobierno nombrar en sus primeros días de gobierno a cuatro de los nueve jueces del Supremo Tribunal de Justicia, logrando imponer a magistrados de reconocida pertenencia al radicalismo, tales como Pablo Baca y Beatriz Altamirano (ex legisladores de la UCR), al actual Presidente Federico Otaola (candidato a vicegobernador por el radicalismo en el 2011) y a la ex presidenta del máximo tribunal, Clara Langhe Falcone, ex legisladora radical hasta el 2010.
Para Nallar, quien viene denunciando este grave hecho desde el principio, el accionar del radicalismo fue un “golpe de estado al poder judicial”, lo que rompe el sistema republicano de la provincia. En sus palabras: “Cuando uno de los poderes se apropia de otro poder, cuando el ejecutivo se apropia del judicial se produce la ruptura del sistema republicano. Y la ruptura del sistema republicano es un homicidio peor que matar a una persona”.
“Matar el sistema, romper el sistema republicano es gravísimo, porque vulnera el propio Estado de derecho y el sistema democrático”.
El abogado sostiene que Morales debería ser condenado a prisión por el delito establecido en el Artículo 227 del Código Penal de la Nación: “Serán reprimidos con las penas establecidas en el artículo 215 para los traidores a la patria, los miembros del Congreso que concedieren al Poder Ejecutivo Nacional y los miembros de las legislaturas provinciales que concedieren a los gobernadores de provincia, facultades extraordinarias, la suma del poder público o sumisiones o supremacías, por los que la vida, el honor o la fortuna de los argentinos queden a merced de algún gobierno o de alguna persona (artículo 29 de la Constitución Nacional)”.
La solución al problema original y al avance institucionalizado del mismo, que lo representa mejor que nadie la nueva constitución provincial, según Nallar, está en la misma Constitución Nacional, la cual es desconocida por la renovada carta magna jujeña:
“Para que se pueda recuperar el poder judicial, para que el pueblo tenga acceso a la justicia, para que prime el Estado de Derecho, para que la institución funcione normalmente, hay que intervenir la provincia. Es la única forma de sacar a los tipos que tiene Morales en el poder judicial, que son los que me hacen cagar a mí, los que me hacen cagar a Milagro Sala y los que hacen cagar a la gente del Tercer Malón. O sea, porque el tema es el siguiente, quien manda los órganos, la policía y todo lo demás, es el poder judicial. Y mientras no se intervenga la provincia la situación se agudiza cada día más” advierte Nallar.
-Doctor, a sabiendas que los dos candidatos a Presidente tienen vínculos directos con Morales, tanto Massa, quien le puso el vice en el 2015, como Milei que es socio de Macri, y éste a su vez socio de Gerardo: ¿Qué piensa que sucederá con respecto al pedido de intervención federal de la provincia?
-La relación Massa-Morales es una relación de amistad, de lealtades, de compromiso y probablemente también de negocio. Si Massa no entiende que más importante que los compromisos personales que él tiene con un gánster como es Morales, es el propio el interés del pueblo, la seguridad; y la vida de las personas; y bueno, continuaremos con esto y desgraciadamente la lucha va a ser un poquito más larga.
A pesar de que hay un claro contraste entre ambas candidaturas, en lo que respecta a una defensa de lo nacional y público, por sobre las viejas y rancias ideas de privatización de las empresas estatales, lo cierto es que en el proyecto de “unidad nacional” de Sergio Massa, no hay dudas que Gerardo Morales tendría un lugar reservado. A su vez, en la idea de una “nueva Argentina” del candidato ultraliberal Javier Milei, el “emperador” del Norte también tendrá una influencia no menor, debido a sus relaciones con la embajada norteamericana muy interesada en el litio argentino que los tres políticos ofrecen, sin resguardo soberano alguno.
En diversas provincias del país, de distintos signos políticos, la criminalización de la protesta es una política antidemocrática que cada día gana más espacio en las agendas de los gobiernos.
En Córdoba, Chubut, Jujuy, Catamarca, Chaco y Mendoza, distintos activistas y militantes políticos son judicializados por defender los territorios y los derechos constitucionales conquistados. La “Argentina que se viene” no parece distar mucho de la Argentina que tenemos, más bien, se tiende a profundizar y proyectar la “prueba Jujuy” a nivel federal.
La no intervención federal de Jujuy por parte de las autoridades nacionales, parece ser un mensaje de aprobación -aunque sea de manera indirecta- del accionar del Gobierno de Jujuy en los últimos años, al tiempo que habilita a que, en otras provincias, se pueda replicar -con sus características particulares- el modelo de Morales. Un ejemplo de ello, son los dos proyectos presentados en su momento en la Legislatura de la Provincia de Córdoba, al tiempo que se avanzó en la reforma del Código de Convivencia, limitando el accionar de las organizaciones sociales e intentando generar un disciplinamiento social de carácter coercitivo.
A cuarenta años de la recuperación democrática es preocupante el avance material, judicial y político sobre las libertades y garantías constitucionales de la ciudadanía toda en diferentes partes del país. Las prisiones políticas en Jujuy exhiben un importante retroceso democrático que de no ser frenado en lo urgente, puede llegar a herir de manera irreversible los consensos construidos durante estás últimas décadas.
En la previa del segundo gran paro general contra el Gobierno Nacional y los gobiernos provinciales aliados, el Bloque Piquetero Nacional -conformado por UTEP, Polo Obrero y el FOL- realizó cortes y movilizaciones en 500 puntos del país.
Organizaciones y referentas feministas y de la comunidad LGBT hicieron hincapié en el contexto vigente, donde los discursos de odio se han convertido en política pública por parte del Gobierno Nacional.
Dirigentes sociales se encuentran imputados por participar de una protesta social contra el hambre en Argentina. ATE cuestionó la causa calificándola de “armada” y apuntó al fiscal De Aragón, el juez Fernández López y la Cámara de Comercio.
