La provincia de Jujuy es señalada hace años por distintos organismos internacionales como la ONU y organismos nacionales de Derechos Humanos como las Abuelas de Plaza de Mayo, por su sistemática violación a los derechos humanos, sus constantes represiones policiales y prisiones políticas.
En este sentido, durante el año pasado, el Gobierno radical, encabezado en su momento por Gerardo Morales, aprobó entre gallos y medianoche una nueva constitución provincial que no reconoce a su homónima nacional, ni a los acuerdos internacionales en materia de derechos sociales, laborales, políticos e indígenas (OIT).
En diálogo con Enfant Terrible, la coordinadora de Violencia Institucional de los organismos de Derechos Humanos de Jujuy, Fabiola Suárez, expresó: "desde el 2016, Jujuy se constituyó como un laboratorio de la criminalización de la protesta y la represión estatal, que permitió durante los últimos años el creciente avance de la derecha, junto al avance de los negocios que benefician a los poderes económicos locales y extranjeros, tales como el litio, el cannabis y las tierras".
Suárez identifica en la prisión y persecusión a Milagro Sala en enero de 2016, "el inicio del plan represivo que hoy se implementa en otras provincias de la mano de Milei y Bullrich". La líder de la organización Tupac Amarú cumplió este 16 de enero ocho años de prisión política.
"Hoy en Jujuy podés ir preso por tuitear o por resistirte a abandonar la casa en la que vivís hace treinta años. Estamos todos en libertad condicional y eso es lo que se quiere para todo el país", continuó denunciando la activista por los DDHH.
El 4 de enero, policías de civil en una camioneta blanca sin patente se hicieron presentes en el domicilio de Nahuel Morandini, profesor adjunto en Ecología General de la sede de Orán, de la Universidad Nacional de Salta. ¿El motivo? Hacerle llegar una orden de citación sin número de expediente, ni carátula, en la que se instruía su presencia en la oficina de Delitos Complejos. Informalmente, la versión que hicieron correr los policías fue que la detención se debía por un tuit que el profesor había escrito, sobre un rumor del que habla todo Jujuy: la supuesta infedilidad de Tulia Snopek, esposa del ex gobernador Gerardo Morales con un cantante de la banda local Los Tekis.
Luego de rechazar la invitación de subirse al vehículo "oficial", Morandini se dirigió por cuenta propia al establecimiento judicial, donde lo dejaron detenido sin hacerle conocer la causa y pese a que no opuso resistencia. El mismo día, también quedó detenido el trabajador independiente Roque Villegas, quien habría compartido en Facebook una publicación similar a la escrita por Morandini.
En una reciente conferencia de prensa organizada por diversos sectores sindicales y gremiales, junto a representantes de comundiades originarias, la novia del profesor y también docente universitaria, Lucía Castro Olivera, expresó:
“Nuestra familia está viviendo un calvario. El miércoles comenzó a circular gente extraña en el barrio, filmando. El jueves se presentó una persona a mi casa diciendo que necesitaba cargar su celular y resultó que era policía de civil que nos estaba indagando para, finalmente, hacer una citación. La situación de estrés fue innecesaria porque Nahuel se puso a disposición de la justicia ya que no hay nada que ocultar. Es exagerado el delito que les están queriendo adjudicar”.
En la audiencia del viernes 5 de enero, el Juez Roberto Assef, a pedido del fiscal Walter Rondón ordenó la detención preventiva por 60 días de Morandini y Villegas tras la denuncia realizada por Snopek, donde acusa que los tuits y las publicaciones compartidas en Facebook dañaron la integridad de su hija, quien nunca fue mencionada en el tuit elaborado por Nahuel.
Assef sostuvo que Morandini y Villegas le provocaron "lesiones físicas y psicológicas" a la hija de Morales y Snopek. Ambos imputados se encuentran actualmente en el Pabellón 1 de la cárcel Nº1 de Jujuy. Aunque antes fueron trasladados por distintos centros penitenciarios, donde la familia acusa que fueron castigados, ya que permanecieron dos días en el conocido Pabellón "Chancho", donde los presos están aislados y sin las mínimas condiciones de higiene.
Vale remarcar que no es la primera vez que desde el poder político hay un ensañamiento con el sector docente de la provincia. Sin ir más lejos, el año pasado decenas de docentes sufrieron multas contravencionales por participar de las protestas en contra de la reforma "constitucional" aprobada en junio, donde también se detuvo al docente de la Universidad Nacional de Jujuy Ivan Blacutt, actualmente procesado.
En lo que va de enero se han iniciado y/o profundizado numerosas causas judiciales contra dirigentes sindicalistas, integrantes del Tercer Malón de la Paz y comuneras del Pueblo Kolla de la localidad de Caspalá.
A los días de las detenciones antes nombradas, el Sindicato de Empleados y Obreros Municipales (SEOM) expuso un comunicado en sus redes sociales donde denunció el labramiento de ordenes de detención contra varios miembros de la comsisión directiva, entre quienes se encuentran el secretario general Sebastián López, la secretaria del Interior, Noemí Álvarez, la secretaria de Accción Cocial, María de los Ángeles Apaza, el secretario de Organización, Ariel Wayar y el vocal Abel Bruzzo.
"Quieren descabezar a uno de los sindicatos que no se calla, que denuncia y actúa frente a las injusticias" expresó Sebastián López ante una radio local días atrás, donde también acusó que nunca fueron notificados sobre los supuestos delitos por los que se los investiga, aunque se sospecha que se debe a las protestas realizadas durante el "jujeñazo".
Por otro lado, las comunidades integrantes de la Asamblea del Tercer Malón de la Paz también denunciaron la profundización del constante hostigamiento policial y judicial que reciben desde junio del año pasado.
En este sentido, 21 integrantes maloneros fueron recientemente citados a juicio por el fiscal Walter Rondón, quien los imputó a finales del año pasado por el supuesto delito de "homicidio culposo" sobre una viajera que se desvaneció y falleció en un omníbus, en el corte de la localidad de Abra Pampa, en el marco de los cortes de ruta que se realizaron contra la reforma durante el 2022. Los imputados, a entender del funcionario judicial, son partícipes y autores de irrumpir el paso de tránsito en la Ruta Nacional 9, a la altura del acceso a Purmamarca.
Las y los acusados denuncian que es una "causa armada" que tiene "el objetivo de criminalizar y disciplinar al Malón", ya que muchos de ellos ni siquiera estaban en el corte de ruta donde ocurrió el hecho investigado.
“Se prevé audiencia para el mes de febrero. A los afectados de la causa armada por el gobierno de Gerardo Morales y su sucesor Carlos Sadir, y aún ante la situación vivida a nivel nacional, Jujuy sigue sin justicia”, se pronunció el Tercer Malón de la paz en sus redes.
Asimismo, este martes 16 mujeres de la Comunidad Aborigen Pueblo Kolla de la localidad de Caspalá fueron imputadas en la Fiscalía Nº5 de la localidad de Humahuaca por "daño agravado, robo y usurpación" de un terreno del cuál las mismas alegan tener dominio desde 1887. En este sentido, la abogada defensora Silvana Llanes señaló frente a la prensa que las imputaciones son "causas armadas para encubrir a funcionarios que intentan quedarse con tierras privadas de familias indígenas", al tiempo que acusó que le compete a la Justicia Federal entender en esta causa y no a la Provincial.
Las comuneras sostienen que las tierras en cuestión son usurpadas por Gerardo Morales, a quienes denunciaron por este delito, abuso de autoridad, violencia institucional y asociación ilícita. Esta causa tuvo eco el 27 de diciembre último, cuando la jueza federal Carina Geogoraschuk hizo lugar a la denuncia y mantuvo la competencia federal para entender en la investigación. Además, la funcionaria judicial expresó que las tierras son "inembargables y no son enajenables". Pese a ello, en los últimos días Infantería se hizo presente complicando el ingreso a la tierra en disputa y hostigando a la comunidad.
Desde el medio de comunicación indígena TeleSisa expresaron al respecto: "La resolución de la jueza deja a la vista la corrupción en el foro federal jujeño para encubrir el accionar penal del ex gobernador en la causa por la que fue denunciado".
Los hechos de represión estatal en la localidad donde viven 350 personas, se profundizaron cuando las fuerzas policiales irrumpieron el 18 de noviembre pasado, con el objetivo de construir una escuela sobre la cancha de fútbol que la comunidad identifica como lugar sagrado, ya que allí llevan adelante sus ceremonias ancestrales. Luego se iniciaron persecusiones e intimidaciones sus pobladores. Posteriormente, el Gobierno expropió la finca de la familia Moyoja Chapor, sin consultra previa e informada.
Uno de los principales sloganes de la publicidad oficial expone a Jujuy como proveedora de energía renovable o "limpia". "Jujuy: energía viva" es el cartel que se ve a lo largo y ancho de la provincia, basado en la explotación de litio en los salares precordilleranos o en el fomento oficialista a la instalación de paneles solares en distintas partes del territorio, aún cuando ni siquiera cuenta con el permiso de comuniades originarias, tal como sucede con el Pueblo Nación Omaguaca. En este sentido, el Gobierno recibió en el último tiempo por parte de la República Popular China vagones de un tren que funciona con energía solar, cuyo objetivo es fomentar el transporte turístico "sin consecuencias ambientales".
En el acto inaugural del primer tramo del tren, el presidente de CRRC Tangshan, Zhou Junnian, expresó la expectativa sobre “que estos trenes chinos ligeros de nueva energía promuevan el desarrollo turístico de la provincia argentina de Jujuy y creen un nuevo modelo de cooperación de beneficio mutuo entre China y los países latinoamericanos, bajo la Iniciativa de la Franja y la Ruta”. De esta manera, China brinda "regalos", pero Jujuy pone los bienes comunes naturales a su disposición.
En contramano a lo que la publicidad ofrece, desde fines del año pasado, decenas de familias de distintas localidades de la Quebrada de Humahuaca sufren desalojos por los lugares donde pasará el tren, ya que el Gobierno planea construir restauranes y centros comerciales a su paso para "fomentar el turismo". El "tren solar", vendido míticamente como "el regreso del tren"(ya que usará las mismas vías que históricamente utilizaron los trenes de bandera hasta antes de su privatización) está pensado para viajar desde Volcan hasta Tilcara, pasando por las localidades de Maimará y Purmamarca.
Esta semana, al igual que desde fines del año pasado, las comunidades originarias que residen en el Barrio Radio Estación en la localidad de Tilcara, sufrieron violentos desalojos y actualmente se encuentran en situación de calle. Abuelos, jóvenes y niñeces fueron desalojados de las viviendas en las que residen hace décadas, sin siquiera tener la posiblidad de retirar sus pertenencias personales. Por la gravedad de la situación, en el último mes distintas comuneras se han encadenado a las puertas de su casa, al tiempo que algunas otras han sufrido probemas de salud por la tensión y hasta se registró un intento de suicidio de un jóven desalojado.
El día lunes, la Policia se hizo presente y se llevó detenidas a cinco personas que resistían el desalojo. Esta realidad se da a medida que avanzan las obras para finalizar el trayecto total del transporte chino en la región.
Mientras sucede todo lo anteriormente descrito, el nuevo gobernador de Jujuy, Carlos Sadir, no para de recibir a los CEO's de distintas empresas de capitales trasnacionales que quieren "invertir" en Jujuy.
En una de sus últimas publicaciones en su perfil de X (Twitter), el mandatario compartió una imagen con el CEO de Pan American Energy Group y de Claure Group. El objetivo es hacerse de las enormes reservas de litio que en Jujuy hasta el momento solo explota y produce EXAR, una empresa argentina conformada por capitales trasnacionales como Ganfeng Lithium, Lithium Argentina y Jujuy Energía y Minería Sociedad del Estado (JEMSE), en las cuales tienen importantes acciones la empresa australiana Allkem, el JP Morgan, el banco inglés HSBC y la japonesa Toyota.
"El trasfondo político de la represión es el avance en los negocios de litio, cannabis y tierras para los cuáles necesitan un pueblo callado y obediente", acusó finalmente Suárez. Mientras el gobernador Sadir les promete a las empresas la exención de impuestos provinciales y nacionales, el pueblo de Jujuy se ve subsumido en la represión estatal y el empobrecimiento.
¿Es Jujuy la muestra más inequívoca de la Argentina proyectada en la Ley "Bases para la Reconstrucción de la Argentina" propuesta por el Gobierno de Javier Milei?
Foto de portada: Juan Cristían Castro / Enfant Terrible
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