Por Gabriel Diaz Heredia* para Enfant Terrible
En 1981, el Ex Ministro de Economía José Alfredo Martínez de Hoz, en su libro “Bases para una Argentina moderna” (1) destacaba las aspiraciones refundacionales de la dictadura:
“El saneamiento y sinceramiento de la economía argentina que se intentó, con la consiguiente exigencia de un cambio de mentalidad, hábitos y actitudes para realizar transformaciones profundas, sólo tiene justificación en nuestra más íntima convicción de que ello era en favor del interés general de la Nación por encima de los intereses particulares o sectoriales. Los beneficiarios del programa eran los hombres y las mujeres de la Argentina, o sea todos los habitantes del país aún cuando careciesen de un organismo o un representante especial para hacer oír su voz. Entendiendo que este es el significado esencial de haber optado por una República, se procuró crear el marco adecuado para que, a través de su propio esfuerzo, ellos alcanzaran mejores condiciones y calidad de vida, con igualdad de oportunidades, con justicia y en libertad”.
El plan económico de la dictadura, cuyo objetivo primordial era la liberalización de la economía, implicó un ajuste ortodoxo, un shock que encontró su antecedente más cercano en el Rodrigazo de 1975. El programa, bajo el argumento de “sincerar” la economía, implicó reducir el déficit y aumentar la productividad de las empresas, consistió en una devaluación del peso en relación al dólar (un aumento del tipo de cambio en torno al 160%), la suba promedio de un 100% de todos los servicios públicos y el transporte, la suba de hasta un 180% de los combustibles y un aumento de un 80% de los salarios.
Algunos historiadores (2) refieren que el rechazo popular al ajuste que significó el Rodrigazo, demostró a las fracciones dominantes del capital que iba a requerir de grados de violencia inéditos para alcanzar sus objetivos. Para implementar los planes de shock era indispensable el disciplinamiento social.
Tras pocos días del golpe, el 2 de abril de 1976 se anunció el plan económico que tenía como fin la estabilidad mediante la devaluación y el control de la inflación. Esto último, a través del congelamiento de salarios (arguyendo que el salario real había “llegado a niveles excesivamente altos con en relación con la productividad de la economía” (3); la regularización de la balanza de pagos mediante la reducción del gasto público; la implementación de un novedoso régimen monetario y financiero que, en teoría, llevaría a una modernización y a una expansión del sistema productivo.
Aunque, finalmente, la apertura indiscriminada de las importaciones y la extranjerización de la economía, sumieron en una profunda crisis a la industria nacional y provocaron el aumento de la desocupación.
En 1979 la dictadura ejecutó la reestructuración económica: la valorización financiera se consolidó a partir de la aplicación del enfoque monetario de la balanza de pagos (4). Esta decisión política les permitió a los grupos económicos nacionales (entre los que se encontraban Bunge y Born, Pérez Companc, Arcor, Techint, Bridas, Acindar, Loma Negra, Clarín, Macri, entre otros) y el capital extranjero tomar deuda en dólares en el exterior para luego realizar inversiones en activos financieros en el mercado interno (colocación de títulos, bonos y depósitos). Estos activos aumentaban su valor gracias a la diferencia positiva entre la tasa de interés interna y la internacional. Por último ese capital era fugado exterior.
De esta manera, la deuda externa dejó de ser un instrumento para financiar la inversión productiva y se transformó en un medio para obtener una renta financiera. En consecuencia, se propició la fuga de capitales.
Así se sentenció el final del modelo de industrialización por sustitución de importaciones que se había dado lugar desde la década del ‘30 como respuesta a las restricciones que impuso la Gran Depresión, y cuya segunda fase consistente en la ampliación del mercado interno y del consumo fue impulsada durante el peronismo. En aquel momento, los trabajadores llegaron a tener la participación más alta en la redistribución del ingreso que alcanzó alrededor del 50% del PBI.
A partir de la salida de Martínez de Hoz como Ministro de Economía y del recambio de dictadores (Viola por Videla) a comienzos de 1981, se inició un ciclo de devaluaciones debido a la escasez de divisas. En noviembre de 1982, luego de la Guerra de Malvinas y durante la presidencia de facto de Bignone, se llevó a cabo la transferencia de la deuda externa de los grandes grupos empresarios privados al Estado (5) por un monto aproximado de 15.000 millones de dólares. El Presidente del Banco Central de la República Argentina era Julio González del Solar, aunque su antecesor, Domingo Cavallo fue quien había aplicado el seguro de cambios, la operación que permitió que pasivos de privados pasen a manos del Estado.
En síntesis, la dictadura cívico-militar llevó adelante la total intervención del Estado para garantizar la acumulación de capital de los sectores más concentrados de la economía y en detrimento de la clase trabajadora. El plan sistemático de aniquilación, el disciplinamiento social mediante el terrorismo de Estado fue fundamental para introducir las transformaciones que convirtieron a la Argentina en una enorme fábrica de pobres, causando un daño económico irreversible, dejando una herida social y política que no se puede cerrar sin memoria, verdad y justicia.
Hoy la receta es la misma. El gobierno de Javier Milei aplica un ajuste ortodoxo sin un plan de estabilización, sin política de ingresos. La aspiración refundacional vuelve recargada, revanchista y se materializa en la frustrada Ley Bases y el alicaído Mega DNU, el descomunal trabajo de Federico Sturzenegger [quien junto con Cavallo fueron los artífices del Megacanje del 2001 (5)] y compañía, quienes revisaron más de tres mil leyes que -bien o mal- forman parte del devenir institucional del país, de las conquistas sociales y múltiples disputas políticas que constituyen nuestra historia democrática.
Mientras se espera el tratamiento de Diputados, el DNU sigue en vigencia y los salarios se pulverizan, el consumo cae a niveles históricos, se acelera la pauperización de la clase media y los pobres e indigentes prácticamente son condenados a muerte, en una apuesta perversa de Milei y el Ministro de Economía, Luis Caputo, para frenar la inercia inflacionaria profundizando la recesión.
Es desconocido el límite de la obsesión del Gobierno y sus aliados por instaurar un programa económico sobrevalorado y sobreideologizado, con metas criminales. Un proyecto político y social mesiánico que pone nuestro futuro en manos de las “fuerzas del cielo” y no “pone el foco en el ser humano”, salvo para hacernos pagar con hambre y represión el precio de la culpa por su fracaso inevitable.
*Comunicador egresado de la Facultad de las Ciencias de la Comunicación (UNC) y actual estudiante de licenciatura en economía de la Facultad de Ciencias Económicas (UNC).
En la previa del segundo gran paro general contra el Gobierno Nacional y los gobiernos provinciales aliados, el Bloque Piquetero Nacional -conformado por UTEP, Polo Obrero y el FOL- realizó cortes y movilizaciones en 500 puntos del país.
Organizaciones y referentas feministas y de la comunidad LGBT hicieron hincapié en el contexto vigente, donde los discursos de odio se han convertido en política pública por parte del Gobierno Nacional.
Le dicen “ley soft” pero guarda el fin del acceso a la jubilación para nueve de cada diez mujeres en Argentina. Entre sus modificaciones se incluye el fin de la moratoria previsional, por el que 9 de cada 10 mujeres pasarían a la PUAM, 20% menor que la jubilación mínima.
