El pasado miércoles, luego del “Piquetazo nacional” realizado por la Unidad Piquetera que se hizo sentir en casi 130 puntos del país, en repudio a los recortes de los planes Potenciar Trabajo y contra el FMI, en Córdoba hubo una masiva movilización, donde trascendió la noticia de que seis dirigentes fueron imputados por los cortes de calle en el centro de la ciudad.

En diálogo con la prensa, el fiscal Ernesto de Aragón, responsable de las imputaciones por obstrucción indebida de la vía pública, se refirió a los cortes como “una acción deliberada de bloqueo”. Y agregó, que “cuando esta iniciativa de protestar se visibiliza cortando u obstruyendo la calle deliberadamente, yo creo que ahí se cruza una línea, que no es lo mismo a que mucha gente concurra a un mismo lugar para expresar o pedir”.

Este hecho de judicialización de la protesta callejera en Córdoba, se realizó a días de que el Poder Judicial diera el visto bueno a un habeas corpus presentado por el Centro Vecinal de Barrio Centro, debido al “avasallamiento y las perturbaciones permanentes, irrestrictas e ilegítimas” que producirían las movilizaciones en esta zona de la ciudad.

Mientras tanto, a la vía judicial de criminalización se refuerza con los proyectos de Juan Manuel Cid (Hacemos Por Córdoba) y Dante Rossi y Verónica Garade Panetta (Juntos UCR), presentados en la Legislatura para multar, encarcelar y regularizar la protesta.

Tanto la aprobación del habeas corpus, como la prioridad del trabajo en comisiones por parte de la dos fuerzas políticas más pesadas, en un ya entrado año electoral.

En la misma semana, la agrupación Docentes Autoconvocados denunciaba que la Policía de Córdoba recababa datos de asistentes a una “semaforeada” frente al Instituto Nuestra Madre de la Merced, en Mariano Fragueiro al 2.400 de Alta Córdoba. En diálogo con La Nueva Mañana de Córdoba, una de las docentes contó que los oficiales “nos dijeron que no podíamos hacer disturbios, le refuto que estábamos en nuestro derecho, a lo que el agente de civil respondió que a partir de hoy se habían modificado las disposiciones oficiales”.

“La escalada represiva responde al crecimiento de la movilización popular”

En diálogo con Enfant Terrible, la abogada y precandidata a Gobernadora de Córdoba Soledad Díaz (PO-FITU) fue consultada sobre la noticia de las imputaciones, y contó que “hasta el día de hoy, ninguna de las organizaciones, ni ninguno de sus integrantes han sido notificados de que efectivamente existan tales imputaciones”.

La concejala contó que hace tiempo vienen observando “un salto” en la política criminalizadora de la protesta por parte del Gobierno de la Provincia, e hizo referencia al habeas corpus presentado por el Centro Vecinal: “Desde el año pasado se hablaba de un grupo de vecinos que presentaron un habeas corpus y la Justicia le dio admisibilidad recién a principios de este año. La semana pasada se dio a conocer el fallo del juez Pérez Hernández, que plantea una exhortación al Poder Ejecutivo y una facultación a la Policía, para que discrecionalmente intervenga y evite la protesta callejera, basado en un eje discriminatorio y estigmatizante sobre el movimiento piquetero”.

“No nos deja de llamar la atención y de advertir que se trata de una política extensiva a todos los sectores que hoy se movilizan en Córdoba, que no son pocos, porque tuvimos el 8 de Marzo una masiva movilización convocada por la Asamblea Ni Una Menos. Tenemos las grandes movilizaciones que están organizando los sectores autoconvocados de la salud y la docencia por la cuestión salarial”, recordó Díaz.

“De todas maneras, entendemos que hablamos de una Justicia que no actúa de manera independiente. Eso no existe en la provincia, ni en ningún lugar del país. Se trata de una cuestión política de fondo que lleva adelante el Gobierno de Schiaretti, y que va incluso con la carrera derechista electoral que han asumido muchos gobiernos y fuerzas políticas”, agregó Díaz, quien además mencionó la criminalización que lleva adelante el Gobierno de Mendoza y el Gobierno de Jujuy, contra militantes de las organizaciones sociales.

“La escalada represiva responde al crecimiento de la movilización popular, que emerge en un escenario de crisis social en la que se está hundiendo todo el pueblo argentino. Tenemos una inflación que supera por tercera vez consecutiva los 7 puntos, más de 102 puntos interanual, con los índices que hablan de un 46% de la población por debajo de la línea de pobreza, lo que alcanza en mayor medida a la niñez, que hoy representa el 54%”, explicó la dirigenta.

Al final de la conversación, Díaz explicó que presentarán una denuncia contra el Gobierno Provincial por la judicialización de los dirigentes, ante el Gobernador y las instituciones de Derechos Humanos como el INADI, también a nivel provincial y nacional.

La derechización de la política

Históricamente, la criminalización de la militancia social y gremial como política de Estado, ha sido muestra de crisis institucional para con la sociedad civil que reclama derechos básicos, tal como sucedió, por ejemplo, en los 90's y la posterior la crisis del 2001, donde unas 4.000 fueron procesadas por reclamar, en distintas provincias del país como Salta, Neuquén y Santa Cruz.

Pero antes, la “antesala” de la criminalización vía judicial, se realizó con todo su esplendor durante la última dictadura militar, donde la correlación entre el menemismo y la crisis de principio de siglo, con el terrorismo de Estado que secuestró, desapareció y asesinó 30.000 personas, fue la instalación y predominio del neoliberalismo en Argentina, y con ello, la flexibilización de las condiciones laborales y el beneficio a las multinacionales privadas. El objetivo, en ambos casos, fue el mismo: disciplinar a la clase trabajadora organizada y combativa.

Con esos antecedentes, no es casualidad que Córdoba, cuna del “Cordobazo”, asista a una nueva avanzada de la judicialización, criminalización y policiamiento de la protesta social, que ya no distingue entre organizaciones sociales-piqueteras, o gremiales, atacando a cualquiera que se manifieste en las calles, y sacando provecho de ello con la complicidad de los medios de comunicación, que revictimizan a las infancias, mostrándolas junto a sus madres en los piquetes en las pantallas, criminalizando a las mujeres, ¿Y el Estado?

Ya había sido grave el procesamiento de 27 estudiantes de la Universidad Nacional por la toma del Pabellón Argentina, quienes recibieron imputaciones por el delito de “usurpación”, en un claro contexto de achicamiento de los derechos estudiantiles, donde el propio y entonces rector Hugo Juri, se tomaba el tupé de asistir a las movilizaciones de no docentes, docentes y estudiantes. Recordemos, ese movimiento criminalizador del propio Juri, Yanzi Ferreira y el juez federal Hugo Vaca Narvaja, sucedía durante el Gobierno neoliberal de Mauricio Macri.

Ya instalada la relación neoliberal del Estado con las patronales agrarias -como la Sociedad Rural-, que además exigen “retenciones cero”, la alianza del oficialismo provincial (PJ Cordobés) y la oposición con el sector agroexportador, tiene como resultado una de las provincias con mayores índices de desempleo, pobreza y deuda, sobre todo desde 2015 en adelante, para financiar obra pública: autovías, circunvalaciones, acueductos, gasoductos.

La contrapartida de este apoyo al modelo productivo de exportación de Commodities, es la decadencia de las condiciones del trabajo docente y del personal de salud, que tiene como respuesta la represión, dando cuenta del accionar que necesita para imponerse dicho modelo.

A 40 años de la recuperación de la democracia, se ve cómo Córdoba es, una vez más, laboratorio de políticas de derechización que redundan en el retroceso de derechos fundamentales, no sólo como el acceso salud y la educación públicas y de calidad, o un salario digno, sino directamente contra el derecho a reclamar por esos accesos.