A dos meses de su postergación inicial, ayer comenzó el cuarto juicio por violencia policial en lo que va del año en la Provincia de Córdoba. Antes tuvieron lugar los procesos judiciales que definieron las responsabilidades policiales en los casos de Isaías Luna, Blas Correas y Damián Pérez).
Los Tribunales de la ciudad de Cruz del Eje y precisamente la Cámara Criminal y Correccional integrada por los jueces Ángel Francisco Andreu, Ricardo Arístides Py, Javier Rojo y el jurado popular comenzó a deslindar las responsabilidades sobre la represión estatal y el gatillo fácil, ocurridos en la comuna de Paso Viejo, el 25 de octubre de 2020. El único oficial que llegó detenido a esta instancia es Maikel López, señalado como el asesino directo de Paredes, mientras que los demás, Iván Luna, Enzo Alvarado, José Luis Gómez, Ronald Fernández Aliendro y Sosa Gallardo arribaron en libertad e imputados -hasta el momento- por delitos menores.
Afuera de Tribunales, medio centenar de personas llevaron adelante distintas intervenciones artísticas, incluida la instalación de una radio abierta en memoria y exigencia de justicia para Joaquín. Familiares de Blas Correas, Facundo Rivera Alegre, Agustín Barrios y Lautaro Guzmán se hicieron presentes para acompañar a la familia Paredes. Desde la Coordinadora de Familiares de Víctimas de Gatillo Fácil también se hicieron presentes mediante saludos virtuales y adhesiones.
El abuelo de Joaquín, Esteban Paredes, expresó en la radio abierta: “Pido que se haga justicia como corresponde para que esto no pase nunca más. Yo he sido durante más de veinte años policía y nunca me acordé que tenía el arma en la cintura. Uno de los agentes imputados yo le presté el correaje para que rindiera, y me viene a pagar matando a mi nieto”.
En esta primea audiencia, el Tribunal comenzó rechazando el pedido del sexto acusado en el caso, el subcomisario Alberto Daniel Sosa Gallardo, procesado por amenazar a familiares de Joaquín, quien exigía no ser juzgado por los jurados populares.
Luego de que el tribunal leyera los cargos que pesan sobre los seis imputados, la Fiscal de Instrucción de Dean Funes, Fabiana Pochettino describió los hechos, argumentando que aquella jornada de 2020 comenzó cuando los oficiales llegaron a intimar a los jóvenes para abandonar el lugar (plaza central de Paso Viejo), ya que un vecino los había denunciado por “música fuerte”.
Luego de una discusión, que se desató por la ostentación de armas por parte de los oficiales, los adolescentes fueron encerrados por móviles que llegaron al lugar, cuyos efectivos a bordo los obligaron a correr. Paso siguiente, los agentes disparan al aire, lo que provoca la huida de algunos chicos y la tirada de piedras por parte de otros. Ante esta última respuesta, a decir de la Fiscal, los policías empiezan a disparar directamente contra sus conciudadanos, provocando el asesinato de Joaquín y heridas físicas menos graves a otros dos adolescentes.
Además, la funcionaria judicial explicó que los agentes abandonaron el lugar “mostrando desatención” hacia quienes habían sido impactados por los disparos.
Finalmente, Pochettino adujo que el hecho estuvo “premeditado”, ya que en el grupo que los oficiales mantenían en la red social WhatsApp, se habían propuesto salir a “cazar saros”, lo que en la jerga racista policial significa “negros”.
Después de la formulación anterior, tanto los abogados de la querella, Claudio Orosz y Ramiro Fresneda, como los cinco abogados defensores, presentaron el caso desde sus perspectivas, exhibiendo parte de sus estrategias a llevar adelante.
Mientras que los letrados querellantes argumentaron que no es un juicio contra la institución policial sino contra “policías malos”, desde la otra parte acusaron que los jóvenes no son “angelitos”, sino violadores de la ley por incumplir la orden de restricción por el Covid-19. Además, estos últimos también sostuvieron que no hubo “intención de matar a nadie ni un plan organizado para hacerlo”.
Finalmente declararon dos de los oficiales imputados (Alvarado y Luna), acción poco común en estos casos, lo que desnuda una estrategia en común y planificada entre los distintos abogados de los policías y sus defendidos, quienes siguieron una especie de guion para intentar justificar el asesinato, bajo la premisa de un supuesto ataque organizado por 25 jóvenes en contra del grupo uniformado, exhibiendo los antecedentes penales los jóvenes. A su entender, quienes corrieron riesgos por sus vidas fueron los uniformados y no quienes estaban desarmados. Además, ambos oficiales reconocieron que conocían personalmente -por parentesco o cotidianidad- a varios integrantes del grupo de adolescentes.
En una primera instancia, Pochettino imputó a los cinco oficiales como supuestos coautores del delito de homicidio calificado por la calidad del autor y homicidio agravado por el uso de arma, en concurso ideal; y supuestos coautores de homicidio calificado y homicidio agravado en grado de tentativa, todo en concurso real, sobre un hecho nominado primero; respecto a un hecho nominado segundo, fueron imputados como coautores del supuesto delito de abuso de armas de fuego agravado por la calidad de sujeto activo. Estas acusaciones podrían llevar a los acusados a cadena perpetua.
Sin embargo, la defensa de los acusados apeló en su momento la acusación de la fiscal. Fue allí cuando los Tribunales de Villa Dolores, integrados por el Juez Carlos Escudero (ex comisario de la Policía de Córdoba), cediendo a los requerimientos de la defensa de los oficiales, ordenaron dejar a López como único acusado directamente por el crimen.
A decir del abogado querellante Ramiro Fresneda, el problema radica en que los tribunales de Villa Dolores cambiaron el título de las imputaciones, pero no la descripción de los hechos que justamente se condicen con las imputaciones originales: “En función de la prueba que se llevará a cabo con los testimonios, se irá demostrando la justa descripción de los hechos generados por la investigación de la fiscal, trabajo al que nosotros acompañamos, lo que debería coincidir con las imputaciones originales donde todos son coautores de delitos graves, no como hasta ahora sostuvo el Tribunal de Dolores donde entre otros jueces se encuentra, no casualidad, un ex miembro de la fuerza policial”, sostuvo Fresneda al explicar dónde radica la clave del proceso judicial en marcha.
Por su parte, al salir de la primera audiencia, Soledad Paredes, madre del joven fusilado, expresó: “Tengo fe que se dará justicia por Joaquín, es muy duro estar ahí adentro, pero escuché todo porque sé que tengo que estar fuerte para conseguir paz para mi hijo”, y también se mostró conforme con la investigación.
Si bien los Tribunales previeron cuatro (4) audiencias, el proceso será más extendido de lo planificado. Antes que finalice agosto, ya debería haber una resolución.
Finalmente, Ivana Reynoso, familiar de Joaquín nos compartió su impresión sobre esta primera parte del juicio: “Siento mucha bronca e impotencia el nivel de monstruosidad con el que hablaron. En ningún momento nombraron a los pibes como personas, esta primera audiencia fue terrible, cada vez me sorprende más el nivel de inhumanidad que tienen los policías”, sostuvo Ivana.
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