Hoy inician las audiencias en Tribunales II del juicio oral por el asesinato del adolescente Valentino Blas Correa y su posterior encubrimiento, efectuado por efectivos de la Policía de Córdoba en agosto del 2020, en medio de la pandemia del Covid-19.

La querella está compuesta por la familia de Blas, con mayor protagonismo de su madre Soledad Laciar, y también lxs cuatro amigxs que sobrevivieron a la balacera, Cristóbal Bocco, Mateo Natalí, Juan Cruz Camerano y Camila Toci. Además, Amnistía Internacional oficiará de "veedora" durante el desarrollo del juicio. También se encuentra el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Claudio Orosz, como Amicus Curia (amigo de la Corte), a quien el abogado del asesino de Blas solicitó apartar, lo cual fue rechazado por el tribunal.

Se estima que la nueva etapa del caso que investiga el fiscal Anticorrupción Número 2, Franco Mondino, continúe hasta el 25 noviembre, cuando se leería la sentencia final a la que llegaría el tribunal popular contra lxs 13 policías acusadxs. Las audiencias serán desde las 9 hasta las 16 horas, con algunas excepciones en que se pasarán de las 14 a 19 horas.

Al banquillo por asesinato y encubridmiento

Tanto el ex policía Lucas Damián Gómez (36), quien habría disparado la bala que terminó con la vida de Blas, como el cabo Javier Catriel Alarcón (32), se encuentran acusados por ser coautores de “homicidio agravado por el uso de arma de fuego y calificado por haber sido cometido en abuso de su función por un miembro de las fuerzas policiales”.

Además están imputados el subcomisario Sergio Alejandro González (43), la agente Wanda Micaela Esquivel (33), la oficial ayudante Yamila Florencia Martínez (24), el comisario inspector Walter Eduardo Soria (44), el subcomisario Enzo Gustavo Quiroga (35) y el comisario inspector Jorge Ariel Galleguillo (45), por el delito de “encubrimiento por favorecimiento personal y real agravado por la calidad funcional y por la gravedad del hecho precedente y como autores del delito de omisión de deberes de funcionario público respectivamente, en concurso ideal”.

También, el cabo Leonardo Alejandro Martínez (28), el agente Rodrigo Emanuel Toloza (26), el oficial ayudante Ezequiel Agustín Vélez (25) y el cabo Leandro Alexis Quevedo (30), deberán acudir ante la acusación de “falso testimonio” y “encubrimiento por favorecimiento personal agravado por la calidad funcional y por la gravedad del hecho precedente, en concurso ideal”.

Por su parte, el comisario Juan Antonio Gatica (45) será juzgado por el presunto “encubrimiento por favorecimiento personal agravado por la calidad funcional”.

Por último, el comisario mayor Gonzalo Cumplido, había sido imputado “incumplimiento de los deberes de funcionario público” pero fue sobreseído en junio de este año.

El otro juicio: abandono

Luego de recibir la bala, Blas fue trasladado en agonia y con urgencia a la clínica Aconcagua, pero el personal cuando lo vio le habría negado la atención. Por este hecho se encuentra imputado Fernando Gabriel Casalino, bajo la carátula de abandono de persona, así como Guadalupe María Laura Moya y Paola Andrea Mezzacapo por Omisión de Auxilio. A raíz de los hechos, el fiscal Mana elevó a juicio el caso y las penas para los acusados podrían ir de 2 a 6 años prisión.

Una pandemia represiva

En 2020, recordado como "el año de la pandemia" del Covid-19, las calles de Córdoba fueron intensamente militarizadas a raíz de las disposiciones del aislamiento sanitario. Una madrugada del 6 de agosto de ese año, cinco personas iban arriba de un Fiat Argo por Av. Vélez Sardfield, cuando se cruzaron un control policial apostado frente al Pablo Pizurno. El conductor, en lugar de frenar ante la orden de detenerse, decidió continuar la marcha elevando la velocidad, por lo que los efectivos desenfundaron su arma, disparando contra el auto y asesinando a Blas, quien iba en el asiento trasero.

Las repercusiones del caso fueron inmediatas. Al día siguiente la provincia estaba conmocionada. Los policías, como en todos los casos de gatillo fácil, quisieron instalar la versión del "enfrentamiento", con la anuencia de los medios de comunicación hegemónicos. Sin embargo, a diferencia de otros jóvenes asesinados por el aparato represivo, Blas no provenía de un barrio popular, por lo que la versión no obtuvo el aval desclasado y racista, o la sencilla indiferencia, de otros casos.

La madre de Blas, Soledad Laciar, de inmediato comenzó a exigir justicia por su hijo. Expuesto como pocas veces por estos casos, el gobernador Juan Schiaretti decidió correr su puesto al comisario Gustavo Vélez, incorporando a la actual comisaria general Liliana Rita Zárate Belletti, tratando de imprimir un sello femenino en la institución para bajar los humos ante tanta exposición. Por otro lado, el ministro de Seguridad, Alfonso Mosquera, fiel defensor de la Policía de Córdoba, ni por asomo presentó su renuncia.

Ningún movimiento similar se realizó ante los asesinatos de Gastón Miranda (27), Fabián Perea (28), Franco Sosa (23), Joaquín Paredes (14) y José Ávila (35), también en el marco del aislamiento sanitario.

Se espera que la sentencia del Caso Blas, marque un antecedente importante, en una de las provincias con más muertes en manos de las fuerzas represivas desde el regreso de la democracia en el 83'.