Hoy se cumplen 8 años del día en que el policía de civil, Lucas Gastón Carranza, en la intersección de Av. Colón y Sagrada Familia, disparó cinco veeces y por la espalda contra el adolescente Rodrigo Sánchez, quien entonces tenía 17 años, asesinándolo.

Aprovechando el aniversario, desde la Coordinadora de Familiares de Víctimas de Gatillo Fácil anunciaron que el juicio iniciará el próximo 3 de octubre en Tribunales II (Fructuoso Rivera 720), que contará con un tribunal colegiado de 3 vocales, Roberto Cornejo, Martin Bertone y Gustavo Rodríguez Fernández. El Fiscal de la causa es Gustavo Arocena, de la Cámara 9ª del Crimen de Córdoba. El avance en la causa se logró luego de que la madre de Sánchez, Gabriela Sanso, se encadenara en septiembre del año pasado, en la entrada de la sede judicial.

“Después luchar por 8 años para que la causa avanzara, después del encubrimiento, las mentiras y las amenazas, después de apelar el intento de sobreseimiento, de las marchas, la calle, los cortes, las cartas, los murales, los nombres y los abrazos”, expresaron desde la Coordinadora.

La teoría del enfrentamiento, paradigma del fusilador

Se trata de uno de los casos de “gatillo fácil” que más extendidos en el tiempo está, sin una resolución por parte del Poder Judicial, habiendo pruebas concretas del delito realizado por el funcionario Carranza. La defensa de éste último argumentó desde un principio que se trató de un “enfrentamiento”, apelando a la «la legítima defensa» y «el cumplimiento del deber como funcionario público», figuras que ya buscaron beneficiaron antes al policía, cuando la fiscal Jorgelina Gutiez pidió su absolución.

Por su parte, la querella insiste en la imposibilidad de un enfrentamiento, siendo que todos los disparos fueron en la nuca y en la parte trasera de la cabeza de Rodrigo, mientras el joven emprendía la huida y estaba desarmado. En síntesis, se trató de un fusilamiento. Además, el análisis toxicológico del policía determinó que éste había consumido cocaína, marihuana y otros estupefacientes; también contaba con antecedentes penales desde el año 2012.

El apoyo popular en la balanza de la justicia

Desde la Coordinadora y sus familiares integrantes, entienden que la justicia no se consigue sólo haciendo trámites y esperando a las voluntades de los funcionarios judiciales. Por este motivo, se preparan para organizar “jornadas por justicia” y convocan a una reunión el próximo viernes 22 para “planificar las actividades para acompañar el juicio. Además realizaremos una bandera”, expresa la invitación. El encuentro será a las 17:30 hs en Espacio San Martín (Amado Nervo esquina Martín Pinzón).

Este año se vienen llevando adelante varios juicios por el accionar represivo de la Policía de Córdoba, siendo el más visible el caso de Valentino Blas Correa, habiendo otros con menor visibilidad, como los de Isaías Luna y Damián Pérez. El más reciente fue el de Joaquín Paredes, que tuvo su particularidad por ser un asesinato cometido en otra localidad, fuera de la ciudad de Córdoba.

Pero en todos los casos coinciden que las defensas de los policías abonan por la teoría del enfrentamiento, aunque así también, en todos fue descartada en la sentencias. Sin embargo, a pesar de tratarse de claros fusilamientos policiales, las condenas contra los efectivos han variado en función de la visibilidad mediática, los jurados populares y el apoyo popular. Al ser el más mediático, el caso de Blas contó con penas mayores, mientras que en el caso de Luna, que prácticamente no resonó en los medios de comunicación, las penas apenas superaron los 3 años de prisión.

Ante la desventaja que cuentan las familias de las víctimas respecto a los dos primeros puntos (mediatización y jurado popular), ya que los medios de comunicación enfatizan poco en los casos donde los jóvenes delinquían o pertenecen a sectores populares, lo cual también opera al momento de las sentencias de los jurados, lo que más puede favorecer para que las condenas sean acordes a los homicidios, es la presencia multitudinaria en los juicios.