Ayer se realizó el tercer juicio por asesinato policial en lo que va del 2023 en Córdoba. El oficial Mariano Martínez, acusado de asesinar a Damián Pérez, fue condenado 4 años de prisión en suspenso e inhabilitación especial hasta que el TSJ deje la condena firme. Por otro lado, el Poder Judicial provincial reconoció que la Policía plantó un arma en la escena del crimen, ordenó a la provincia indemnizar al acusado y declaró a Pérez como “víctima de violencia institucional”.

Tras ocho años de ocurrido el hecho y luego de haber postergado el inicio por cuatro meses más, familiares del joven de 17 años asesinado por “gatillo fácil” buscarán obtener justicia en un contexto de represión estatal intensificado

En un nuevo aniversario por el asesinato de Rodrigo Sánchez a manos del policía Lucas Gastón Carranza, la Coordinadora de Familiares de Víctimas de Gatillo Fácil anunció que iniciaron los preparativos de cara al inicio del juicio, el próximo 3 de octubre. Convocan a una reunión el próximo viernes 22 para “planificar las actividades para acompañar el juicio”, a las 17:30 hs en Espacio San Martín (Amado Nervo esquina Martín Pinzón). Una nueva oportunidad para voltear las teorías de los fusiladores de jóvenes desarmados.

El 2023 será recordado por las familias víctimas de la represión estatal como el año donde se están llevando a cabo la mayor cantidad de juicios por “gatillo fácil” del que se tenga registro. A pesar de un tímido “despertar” del poder judicial en este tipo de causas, los procesos, lógicas, palabras, hechos y sentencias dentro de Tribunales siguen con la gorra puesta. Analizamos la actuación judicial en los cuatros juicios con la abogada defensora de los DDHH Victoria Sillof.

La consigna para discutir la violencia institucional por represión estatal, no es una cuestión meramente conceptual, es fáctica y explícita: para ajustar, hay que reprimir. Pobreza, recorte, deuda e inflación se conjugan como modelo económico, político y social. La reforma del Código de Convivencia en Córdoba, se anticipa a la bomba de tiempo que es la crisis que vive Argentina. Hoy, de nuevo, decenas de familias irán a la calle para gritar los nombres de sus asesinados. Hoy, más que nunca, hay que marchar.

En el día de la fecha, se está llevando a cabo la última audiencia en el juicio que juzga el asesinato de Joaquín Paredes a manos de la Policía. Luego de que la fiscal agravara las imputaciones y pidiera -al igual que la querella- condena a perpetua, el jurado técnico y popular decide la sentencia final. Enfant dialogó con Maria, tía del joven, sobre un proceso judicial cargado de irregularidades donde imperaron lógicas represivas que se extienden más allá de las 112 balas policiales.

En el día de ayer, los Tribunales de Cruz del Eje se vieron copados por familiares de Joaquín Paredes y familiares de los seis policías imputados en un juicio que definirá las culpabilidades sobre un caso emblemático de represión estatal en tiempos de pandemia. ¿Qué dejó la primera audiencia? ¿Cuál es la estrategia de los abogados defensores? ¿Con qué sensaciones habitó la familia el tan esperado juicio? Enfant estuvo presente y dialogó con familiares y abogados.

A días de comenzar el juicio que definirá las responsabilidades policiales del crimen de Joaquín Paredes, este miércoles a las 18;30 en el Centro Cultural La Piojera se estrena el documental que visibiliza este caso de gatillo fácil que marcó una a todo un pueblo. “Me gustaría decirle a Joaquín, donde sea que esté, que nosotros vamos a lograr justicia para que pueda descansar en paz”, expresó a Enfant, Angel Villalva, amigo del adolescente oriundo de Paso Viejo, quien además invitó al público en general a ver el audiovisual.