Por Rodrigo Savoretti para Enfant Terrible

En la calle Los Cocos del Barrio Cáceres, cercano a los barrios Bella Vista y El Chaparral, y a pocas cuadras de Ciudad Universitaria se encuentra la Unidad de Contención del Aprehendido (UCA), donde se aloja a las personas detenidas por la Policía en la Ciudad de Córdoba desde hace 10 años. En esta institución perteneciente al Servicio Penitenciario Provincial funciona el Establecimiento Penitenciario Nº9 (con pabellones para mujeres y hombres) y el Centro Psico Asistencial (CPA-Ministerio de Salud de Córdoba) para el tratamiento de personas presas con padecimiento mental.

También funciona desde el 2020 una Defensoría Pública “para las personas con escasos recursos para su defensa”.  Frente de estas instituciones, se ubica el Hospital Misericordia, que viene siendo objeto de cuestionamientos por parte de organizaciones y familiares de preses por su responsabilidad en las muertes de distintas personas durante los últimos meses.

En los últimos años organizaciones sociales y políticas denuncian violaciones sistemáticas a los Derechos Humanos de las personas privadas de su libertad en la UCA, EPNº9 y CPA. Es que desde el 2018 hasta la actualidad se registraron, según el Frente Antirrepresivo en Lucha, los fallecimientos de: Alejandro Videla, Jorge Hernandez, José Mamani, Edgardo Perez, Daniel Montes, Maximilano Miranda, Luis Santa Cruz y Ezequiel Castro. 

Ocultamiento y tergiversación de información entre las instituciones carcelarias, detenciones y prisiones arbitrarias, presxs sin condenas firmes, comida en mal estado, violencia carcelaria, negligencia médica del CPA y Hospital Misericordia con preses herides o enfermes, condiciones higiénicas inhumanas, hacinamiento, psicofármacos como únicos “medicamentos”, torturas, aislamiento y finalmente, la muerte. 

Todas estas condiciones se viven dentro de la UCA según las organizaciones anticarcelarias y les familiares de las víctimas, que definen el lugar como un “centro de tortura y exterminio” del Gobierno de la Provincia de Córdoba. Hace dos meses atrás se realizó una manifestación frente a las instituciones que no obtuvo respuesta oficial pese a la gravedad de las denuncias.

Yo, ¿el peligro?

Cristina, pionera entre las mujeres taxistas de Córdoba es madre de Luis Alberto Santa Cruz (46), prisionero “suicidado” en la UCA en febrero de este año.

Según contó Cristina, en una conversación que tuvo con el ex Alcalde de la UCA cuando buscaba respuestas por lo sucedido a Luis, éste le dijo: “Ojalá su hijo pueda vivir para que cuente lo qué le sucedió señora”, a lo que ella le recriminó: “Señor, yo le pregunto: ¿Cómo se va a suicidar mi hijo si en la prisión no debe haber elementos con los cuales se pueda hacer semejante daño?”.

Lamentablemente no era la primera vez que Cristina debía pasar por una situación tan dolorosa. El 5 mayo de 2016, su hija Celeste (30) fue asesinada por el policía Enzo Váldez (38), con quien salía hace pocos meses. Váldez se suicidó minutos después del femicidio. En aquella oportunidad el Fiscal Cristian Griffi, a cargo de la causa, le dijo: “Señora, acá no hay culpables porque el asesino se suicidó”.

Cristina, con lágrimas en los ojos y bronca en todo su cuerpo, le contestó: “¿Cómo que no? la Cúpula de la Policía y el Gobernador Schiaretti son culpables de dejar que un tipo con problemas psicológicos manejara un arma sin problemas”.

Ella había podido investigar -con su abogado- que Váldez sufría trastornos mentales y había estado internado por tales problemas. Información que la Policía y la Fiscalía ocultaron en todo momento. Desde aquél episodio tan duro para toda la familia, el hermano de Celeste, Luis Alberto,“empezó a juntarse con un grupo de chicos del barrio que lo usaban para hacer lo que ellos no se animaban, abusaban de su condición” advierte Cristina.

“Era tan inteligente como manejable, él nunca hacía daño pero el alcohol le podía más. Intentamos todos los tratamientos ante la ausencia del Estado que sólo proponía a la Policía como solución” enfatiza su madre.

La noche del 31 de enero de 2022, la Policía de Córdoba detuvo a Luis tras un intento fallido de robo a un camión estacionado fuera de una casa en Villa Cornú. “Lo mandaron a robar borracho y lo regalaron cuando llegó la cana”. Al no regresar a la casa como lo hacía todas las noches, Cristina comenzó a preocuparse. Como no era la única vez que Luis podría estar en problemas, al otro día fue a la Fiscalía Distrito 4 Turno 4 a cargo de Ernesto De Aragón. 

La madre se quejó de que no le avisaran que su hijo estaba preso en la UCA como corresponde por ley. Preguntó si Luis necesitaba algo. “Vaya, vaya señora, su hijo está bien, no necesita nada” le aseguraron. Pasaron dos días, y el jueves 3 de febrero Cristina fue a la UCA para intentar ver a Luis. “Señora, justo la estábamos por llamar, su hijo se quiso suicidar esta mañana, está con muerte cerebral en el Hospital Misericordia”. 

“Si yo no iba, eran capaces de no avisarme que mi hijo estaba así” enfatiza ella.

Luis ya había estado en la UCA en otras oportunidades. “Como lo veían borracho en la calle, lo llevaban preso y días o meses después lo liberaban. La Policía lo tenía señalado y marcado como ‘peligroso’ y no como una persona con adicción” señala la taxista.

El Servicio Penitenciario se excusó afirmando que ante una “crisis nerviosa”, Luis empezó a gritar el nombre de su madre a horas de la madrugada del jueves y no dejaba dormir a los demás alojados en el Pabellón “Verde”. Motivo por el cual lo aislaron en una habitación cerrada y cuando -horas después- fueron a llevarle el desayuno, lo encontraron “colgado con una cadenita”, según indica la versión institucional. Luis tiene dos hijos menores, estaba separado, vivía con su madre y otro hermano en Villa Parque Allende., donde Cristina recibió a Enfantterrible.

Cristina todavía se pregunta: “Si vos sabes que una persona sufre de problemas mentales, de adicción, ¿Cómo puede ser que lo único que se te ocurra es encerrarlo y aislarlo?”. Y se responde a ella misma: “Se trata de ayudarlas a las personas, no de encerrarlas y verguguerlas física y psicológica todo el día como Luis me comentó que te hacen en la UCA. Eso es tortura”.

Para ella, Luis no se suicidó, “y si aún se suicidara, la responsabilidad sigue siendo política por parte del Gobierno Provincial, del Servicio Penitenciario Provincial, a cargo de Juan María Bouvier (denunciado por violencia de género y violencia laboral en 2020) y de la actual Alcaide de la UCA, la señora Ferreyra Graciela Inés”.

Cuando su madre fue al Hospital Misericordia, donde ingresan y egresan -generalmente- personas privadas de su libertad con problemas de salud, se encontró a Luis esposado y en coma inducido. 

“Él era muy blanco, lo tocabas y ya se ponía rojo, yo me imaginaba encontrarme con una marca de cadena en su cuello pero no, solo noté un hematoma del lado derecho del cuello, como si lo hubieran ahorcado”. 

Meses después, otro hijo de Cristina, subió al taxi -por casualidad- a un penitenciario de la UCA, conversando sobre el tema, este le dijo: “Tu hermano ingresó consciente al Misericordia, nosotros lo trasladamos, él me apretaba la mano, no ingresó con muerte cerebral. A él le hicieron una traqueotomía, luego le dió un paro y quedó con ese cuadro pero estaba consciente, tendrías que averiguar si hicieron mala praxis”. 

El hermano de Luis se quedó sorprendido por esta segunda versión. A elles le habían dicho que Luis ya había ingresado con muerte cerebral. No supieron -y no saben hasta hoy en día- en qué y quién creer.

“Una no sabe en qué creer. Se lavan las manos entre el Servicio Penitenciario, el Misericordia, la política. Nadie se hace cargo de los asesinados en la UCA. La ropa que tenía Luis no era de él. Las prendas dicen mucho, por eso no tenía su ropa”, acusa Cristina.

Luis estuvo días esposado en coma hasta finalmente fallecer el 12 de febrero. Aún no hay ningún responsable imputado por su fallecimiento. Según Cristina, sus órganos fueron donados y salvó la vida de cuatro personas, quienes le agradecieron la decisión que alguna vez tomó su hijo sin el conocimiento de ella. Sin embargo, también se quejó de esto acusando que los médicos lo hicieron sin dejarle la posibilidad de que se realizara una pericia con el cadáver de Luis.

¿Conocen los fiscales y jueces los lugares de encierro a dónde mandan a sus “casos”? ¿El Fiscal De Aragón fue alguna vez a la UCA a constatar las acusaciones que Santa Cruz ya había realizado por los tratos inhumanos que recibió en sus anteriores detenciones? ¿Acaso la Justicia no debería haberlo hecho tratar según demarca la Ley de Salud Mental? 

“La Justicia debería haber enviado a Luis a un centro donde atendieran su adicción. No imputarlo, aprisionarlo, torturarlo y que termine así. La UCA es un centro de terror donde torturan a las personas. Hay una responsabilidad política en todo esto y la siguen negando, como también la responsabilidad del Hospital Misericordia que es negligente con los presos porque tergiversan los cuadros y libros institucionales a favor de la Policía o el SPP” señala finalmente Cristina.

El caso de Luis no es el único que terminó con muerte este año. Hace meses atrás, el joven Ezequiel Castro fue testigo de una sistematicidad interinstitucional que le quitó la vida en cinco días agónicos, demostrando una política de estado organizada y planificada para una represión con objetivos contundentes que abordaremos en la segunda parte de este artículo. El mismo se centrará sobre el Caso de Ezequiel como también en el trato qué reciben los presxs en el Centro Psico Asistencial.