El mes pasado, en un programa de Radio Mitre, locutores se hacían una pregunta con tono despectivo: “¿para qué sirven los CPC?” . La inquietud, lanzada al aire en medio de la habitual vorágine informativa cordobesa, puso en debate una política de Estado de larga data que nació del riñón del radicalismo a comienzos de la década del noventa, sobrevivió a sus propios ajustes, periodos de abandono y desmanejos institucionales, y finalmente fue retomada, ampliada y reorientada por el peronismo local hasta ser colocada en un lugar principal de la gestión municipal contemporánea.
Pero ¿qué son los CPC?; ¿Por que han sobrevivido hasta la actualidad?; ¿Qué importancia tienen en la compleja realidad de hoy?
Conversamos con Juan Domingo Viola, Secretario de Participación Ciudadana y Juventud de la Municipalidad de la Ciudad de Córdoba, reconocido funcionario en las barriadas cordobesas y uno de los ideólogos de la actual faceta de los Centros de Participación Comunal.
Antes de analizar brevemente esta política de Estado hay que entender a la ciudad para la cual fue creada. La ciudad de Córdoba constituye uno de los conglomerados urbanos con el ejido municipal más extenso de Argentina. Con una superficie total de 576 kilómetros cuadrados que albergan a una población de 1.498.060 habitantes de acuerdo a los datos definitivos del último Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas, la capital provincial presenta una complejidad territorial única.
Al respecto, el secretario de Participación Ciudadana, Juan Domingo Viola, quien cotidianamente recorre las calles cordobesas explica las implicancias de esta geografía local: “Córdoba, por ejemplo, a diferencia de Rosario, a diferencia de Capital Federal, tiene una baja densidad poblacional. Porque está muy extendida territorialmente. El de Córdoba es uno de los ejidos más grandes de Latinoamérica, lo que trae mucha dificultad”.
Esta dispersión geográfica, que nuclea a más de 500 barrios consolidados y asentamientos en constante expansión, históricamente transformó la gestión de los servicios públicos en un desafío crítico de distancias y logística para el Palacio 6 de Julio.
La lejanía de las barriadas periféricas al centro profundizó la necesidad de un Estado presente en el territorio; según detalla el funcionario: “Además vos tenés zonas verdes, tenés zonas industriales, y tenés después manchas urbanas como Guiñazú, Arenales, todo lo que es la zona de la catorce, que está muy alejada del centro, a la que hay que brindarle servicio”.
Frente a este escenario, la capital provincial cuenta con una red de 17 Centros de Participación Comunal estratégicamente distribuidos en el territorio. En estas “mini municipalidades” funcionan diariamente tareas esenciales para la vida civil de la comunidad, desde la emisión del carnet de moto y de auto hasta la tramitación del Documento Nacional de Identidad o el pago de tributos.
Lejos de resolver solo trámites, en los últimos años, tras un evidente proceso de deterioro de las infraestructuras, se dispuso una fuerte puesta en valor edilicia y tecnológica. Si antes el vecino de la periferia debía viajar obligatoriamente hacia el área central para solicitar el arreglo de un bacheo o el recambio de una luminaria defectuosa, ahora pasó a gestionarlo de forma directa desde su propia vecindad a través de los CPC. Ahora también se completan estudios escolares y se realizan actividades culturales (de las cuales hablaremos en una próxima nota).
Para comprender el presente de los CPC resulta indispensable retroceder hasta diciembre de 1991, cuando el intendente radical Rubén Américo Martí asumió la conducción de la ciudad.
Martí visualizó un proceso de descentralización administrativa sin precedentes en el país, plasmado posteriormente en la Carta Orgánica Municipal de 1995. El proyecto arquitectónico y urbanístico quedó en manos de Miguel Ángel Roca, quien diseñó los primeros edificios utilizando geometrías de fuerte impacto visual. El plan original contemplaba que estas sedes funcionaran como hitos de identidad barrial y portales de acceso al Estado para el ciudadano de a pie.
La llegada del nuevo milenio y los recambios políticos alteraron profundamente el rumbo del proyecto. Durante las gestiones de Germán Kammerath y el posterior surgimiento del Frente Cívico liderado por Luis Juez, el ímpetu descentralizador original ingresó en una fase de marcado estancamiento institucional y crisis presupuestaria. Las sedes vecinales comenzaron a experimentar graves falencias estructurales y obsolescencia tecnológica, transformándose progresivamente en oficinas burocráticas lentas que dependían del centro para cualquier tipo de resolución menor.
Los intendentes Daniel Giacomino y Ramón Javier Mestre mantuvieron el esquema de atención administrativa y sumaron algunas bocas de servicios provinciales, pero la autonomía real del interior de la ciudad continuó limitada por la concentración de recursos en el casco céntrico.
El punto de inflexión contemporáneo se produjo bajo el mandato del ahora gobernador Martín Llaryora y su continuidad con el actual intendente Daniel Passerini. El peronismo local redefinió el concepto original impulsando la denominada descentralización operativa.
A la hora de definir esta estrategia, Juan Domingo Viola pormenoriza el dilema técnico al que se enfrentó la administración en la planificación de esta nueva faceta en los CPC:
“Nosotros teníamos dos posibilidades de hacer descentralizar operativamente la ciudad. Una era que las áreas centrales o de la dirección de obras viales, espacio verde, higiene urbana, alumbrado público, se descentralicen a sí mismas. Entonces habría obradores de alumbrado público en distintos lugares de la ciudad, de higiene urbana, de obras viales. O poníamos la descentralización en cabeza de los CPC. Le asignábamos tareas operativas a los CPC”.
El Secretario de Participación Ciudadana marca una clara distancia con los antecedentes históricos al explicar el diseño definitivo del proyecto: “La descentralización operativa que había pensado Martí no es la que nosotros hicimos. En la nuestra está a la cabeza el CPC. El que atiende los problemas, el que le llegan los problemas, el que le llegan los centros vecinales, las instituciones barriales, para plantearle un problema, un reclamo, es el director de CPC ”.
Este cambio de paradigma implicó que a los tradicionales servicios administrativos de los CPC se les adosaran los Centros Operativos. Estas nuevas bases territoriales fueron equipadas con camiones volcadores, minicargadoras, herramientas viales y cuadrillas permanentes de operarios. El objetivo declarado fue dotar a cada jurisdicción de la capacidad material para ejecutar de forma autónoma el mantenimiento urbano cotidiano de sus propios barrios.
“Nos parece importante destacar la faceta humana de esta política. La gente no es una cifra, no es un recurso. Cuando uno se aleja de la gente, se convierte en un burócrata, un funcionario de escritorio. Los CPC están diseñados para la gente, son motores de comunidad y Estado presente”, comenta finalmente Viola.
Foto de portada: CPC Jardín. Foto: Prensa Juan Domingo Viola.
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