Un día después de la conferencia de los familiares de Damián, el miércoles 14 de junio se cumplió el primer año sin la presencia física de Ezequiel Castro, torturado en contexto de encierro, en la Unidad de Contención de Aprehendidos (UCA) luego de ser detenido arbitrariamente por la Policía en cercanías de su casa en Barrio Cerro Norte.
La familia Castro, junto a más familiares de víctimas, organizó una radio abierta para denunciar el nulo avance en la investigación sobre el asesinato de Ezequiel. El lugar elegido fue Tribunales II, espacio que todas las semanas tiene a personas reclamando justicia en sus entradas por diversos crímenes que tienen al Estado como principal responsable.
La imagen es una métafora idónea con respecto al desempeño del Poder/Partido Judicial en Córdoba para con las víctimas de los crímenes de Estado. Del lado de la calle y detrás de los grises y enormes barrotes que protegen la entrada del colosal edificio, se encuentran las familias de Ezequiel Castro, Gustavo “Chulo” Calderón, Facundo Rivera Alegre, Rodrigo Sánchez, Brian Guaiman y Lautaro Velazquéz. Del otro lado, un sin fin de escaleras que conducen a despachos donde para ingresar a preguntar sobre el avance de las causas, hay que tener autorización de la Policía que está en la entrada, de los empleados judiciales que hacen control biométricos de datos e identidad y por último, autorización de los guardias de seguridad privada que hacen pasar por molinetes. El acceso es restringido, arbitrario y discriminatorio. Entre familiares y la Justicia, un abismo.
Fuera del Palacio, los familiares se saludan, abrazan, bromean sobre el frío polar que hace, mientras organizan el orden prográmatico de la radio abierta que comenzará a continuación. Guillermo, padre de Ezequiel, no pudo dormir en toda la noche. Pese a ello, se encuentra firme al lado del micrófono hasta que se quiebra, el llanto lo desborda y sus hijas lo contienen. Las más de treinta personas presentes le dan aliento, Guille toma fuerza y expresa su agradecimiento al resto:
No es la primera vez que reciben a familiares de víctimas justo antes de la realización de actividades en las sedes judiciales. Con el fin de evitar manifetaciones, las fiscalías convocan a las familias para prometer avances que luego no son reales. La abogada de la familia Castro, Gisela Videla, expresó que fue la primera vez que la Fiscal Gutiez los citó para informarles que hay alrededor de 30 personas que están siendo investigadas por el asesinato de Ezequiel, donde se encontrarían personal policial, penitenciario y médico, tanto del Hospital Misedicordia como del Centro Psico Asistencial (CPA) perteneciente a la UCA-EPNº9. Pese a ello, la causa todavía no tiene imputaciones.
Por otra parte, Gabriela Sanso, madre de Rodrigo Sánchez, joven asesinado en el 2015 por la Policía de Córdoba, denunció que Gutiez es una clara “aliada de la fuerza”, ya que en lo siete años que estuvo “trabajando” en la investigación sobre el caso de su hijo lo único que hizo fue “dilatar los tiempos, criminalizar a Rodrigo y garantizar la libertad del policía asesino”.
Ante la complicidad entre el Poder Judicial y el Poder Policial, las familias investigan por su propia cuenta, se forman en derecho, buscan información, comparten datos de las fiscalías, recorren tribunales a diario y organizan actividades todos los meses para visibilizar a lo que llaman “la represión estatal del Estado Policial”. Es decir, políticos, jueces, fiscales y policías actúan todos al mismo tiempo con la misma lógica que caracterizan como “represiva,clasista, racista y genocida”, motivo por el que no avanzan las causas.
María, madre de Chulo Calderón, tambien tomó el micrófono y compartió su sentir por el cierre de la causa sobre el asesinato de su hijo en febrero del 2022, a manos de la Policía. La fiscal Liliana Copello cerró la causa y dejó en libertad al oficial que disparó 13 veces por la espalda en “legítima defensa”. Es la misma fiscal que cerró la causa de Brian Guaiman y Emiliano Sosa, asesinados por la fuerza en 2015 y 2021, respectivamente.
Pese a lo denunciado, destacan que el Estado no puede con el afecto que existe entre familiares. La unión en la organización de actividades, en la contención del dolor y su transmutación en marchas, radios abiertas y conferencias de denuncia, memoria, visibilización y exigencias, representa un poder popular de una comunidad afectiva que remarca una realidad paralela: el Estado de derecho es para unos pocos.
Al final de la jornada, se acercó un hombre llamado Marcelo, pidió la palabra y contó el caso de su hijo Matías Mariño, quien hace ocho meses se encuentra en estado vegetativo, internado en su casa tras ser detenido arbitariamente y posteriormente torturado en el CPA -con la libertad ya firmada como en el caso de Ezequiel- y finalmente entregado a su familia en coma. El padre afirmó que era la primera vez que se acercaba a un espacio donde estuvieran personas que sienten su mismo dolor:
“Los veo a todos y quiero luchar con ustedes. Quiero acompañarlos y que me acompañen, veo sus fuerzas, las garras que les ponen ustedes madres, me reconforta, me hace sentir que puedo llegar a denunciar y a pedir justicia por lo que le hicieron a mi hijo”.
Marcelo agradeció los aplausos, la compañía y prometió unirse a la lucha:
Según explicó la organización internacional, la resolución reconoce la candidatura de Palestina como apta para adherirse a la misma. Tras la votación, el representante israelí pasó por una trituradora la Carta de la ONU.
Las últimas tres funciones tendrán lugar en el Centro Cultural La Balsa (La Rioja 681), desde las 20 horas. Dialogamos con Melina Dahlquist, una de las dos actrices que protagonizan la puesta en escena.
En una contundente y masiva movilización, miles de trabajadoras y trabajadores se manifestaron contra las políticas de ajuste del Gobierno Nacional, la "Ley Bases" y el Mega DNU 70/23.
