El caso de Jonathan Romo y la cadena de violencia de la Policía de Córdoba

Con altos mandos de la Departamental Punilla Norte removidos del cargo y oficiales imputados por "homicidio agravado por abuso policial" tras la muerte de Jonathan Romo en La Falda, se evidencia la continua violación a los Derechos Humanos de la Policía de Córdoba. La ausencia de actuación con protocolos en Salud Mental y responsables como el Comisario Diego Alejandro Bracamonte, vinculado a otros casos de violencia como el de Cecilia Basaldúa. Schiaretti habló de ir "hasta las últimas consecuencias"

Por Redacción Enfant Terrible |

🕒 4 minutos de lectura

En principio seis miembros de la Policía de Córdoba fueron detenidos acusados por el asesinato (y su posterior encubrimiento) de Jonathan Romo (35), quien según la autopsia forense habría fallecido por "asfixia mecánica" en la Comisaría de La Falda (Departamental Punilla Norte) el pasado 10 de julio.

La causa a cargo del Fiscal Raúl Ramírez del Fuero Antinarcotráfico de Cosquín, señala a cuatro suboficiales por "homicidio agravado por abuso policial". Hay un subcomisario y otro suboficial imputados por encubrimiento agravado.

También fueron removidos tres comisarios: el director de la Departamental Punilla Norte, comisario Diego Alejandro Bracamonte; el director General de Recursos Humanos, Formación Profesional y Entrenamiento Policial, comisario Julio César Faría y el director de Entrenamiento Profesional Permanente, comisario Marcos Germán Manrique.

El caso ha tomado gran visibilidad tras viralizarse un video donde se observa a Jonathan tirado en el suelo padeciendo un "estado psicótico y con alucinaciones", en el momento que llegan los agentes y lo detienen aplicando presión con las rodillas sobre la espalda y cuello del joven para ponerle las esposas. Fue llevado a la Comisaría en lugar de alguna unidad asistencial de salud.

Salud mental vs represión policial

En sintonía, tanto el ministro de Seguridad de la Provincia, Alfonso Fernando Mosquera como la jefa de Policía Liliana Zárate, reconocieron que "no se aplicaron los protocolos correspondientes" ante una situación donde Romo, quien estaba en tratamiento por consumo problemático de sustancias, debió trasladado a una unidad asistencial sanitaria.

Ante las declaraciones de los funcionarios, el abogado de la familia de Romo conformada como querellante en la causa penal, Luis Galli, en diálogo con La Nueva Mañana respondió diciendo que "quisiera saber cuántos policías saben qué protocolo aplicar, es difícil cuando se desconocen tales protocolos". Luego, explicó que no era la primera vez que Romo sufría violencia por parte de los efectivos y ya habría atravesado un episodio similar: "En diciembre del año pasado le pasó lo mismo. Lo esposaron en el piso, le pegaron cinco policías y le perforaron un riñón".

Schiaretti: "hasta las últimas consecuencias"

El gobernador Juan Schiaretti se ha pronunciado sobre el caso a través de su cuenta de Twitter diciendo: "queremos que se investigue hasta las últimas consecuencias". Dichas declaraciones despiertan interrogantes acerca de cuáles serían dichas consecuencias, teniendo en cuenta que el comisario desplazado Diego Alejandro Bracamonte está señalado por irregular desempeño en otras causas de violencia, donde además se encuentran involucrados policías de su Departamental.

Por su parte, la Mesa de Trabajo por los DDHH de la Provincia se ha manifestado señalando que Bracamonte está señalado por la "desaparición y muerte de Cecilia Basaldúa, ocultar información y dirigir pruebas culposas hacía Lucas Bustos, que en la última audiencia del juicio de Basaldúa quedó comprobado su inocencia y expuesto las irregularidades de Bracamonte y (la fiscal de Cosquín) Paula Kelm".

Continuando con los señalamientos, desde la Mesa refieren a los hechos represivos en el marco del conflicto por la Autovía de Punilla cuando organizaciones territoriales realizaron un acampe en el obrador de la empresa Camino de las Sierras S.A./SACDE para impedir el inicio de la obra. El 10 de mayo a las 3:40 de la madrugada, efectivos de Infantería irrumpieron sin previo aviso, desalojándolo mientras algunas personas dormían y eran retiradas con poca ropa por la fuerza. El procedimiento, también a cargo de Bracamonte, estuvo plagado de irregularidades.

Debido a estos reiterados hechos de violación a los Derechos Humanos, el organismo exigió la "investigación, juicio y castigo" de Bracamonte "protegido por la fiscal Kelm".

Lo cierto es que la Policía de Córdoba continúa protagonizando hechos de violencia y las autoridades se limitan a actuar sobre las urgencias que causan revuelo mediático, como sucedió con el caso Blas Correa, cuando se removió a la cúpula policial quedando Zárate como jefa de la institución. Los múltiples casos de violación a los Derechos Humanos en la Provincia de Córdoba por parte de la Policía continúan a pesar de las remociones de cúpulas, mientras el Presupuesto destinado a la institución aumenta en detrimento de Salud y Educación.

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