Hoy precisamente a las 3:40 de la madrugada, en un operativo sorpresa, la guardia de Infantería de la policía de Córdoba desalojó el acampe en Molinari, el cual sostenían vecinxs de Punilla en el obrador de la empresa constructora SACDE, para impedir que avance el desmonte para la autovía de montaña Variante Costa Azul.
Durante el ataque se encontraban durmiendo 9 personas que fueron echadas por la fuerza, sin permitirles sacar ninguna pertenencia, incluso vehículos y celulares. También denunciaron que la represión fue realizada hacia algunas mujeres por policías varones, sin mostrar orden judicial alguna:“Nos llevaron de los pelos y nos arrastraron descalzos por la calle”.
A raíz de la represión, las personas lograron escaparse a la casa de un vecino que les permitió alojarse. Si bien no hay personas heridas de gravedad, tras el episodio violento algunas se encuentran en estado de shock. Mientras tanto la policía mantiene cercado el camino público para acceder al lugar.
En estos momentos, para que se garantice la seguridad de las personas que se quedaron en el cerco policial, se realiza una concentración de al menos 100 personas con corte parcial de ruta en el ingreso al camino a La Candelaria sobre la Ruta 38, a pocos metros del ex peaje de Molinari y a un kilómetro de donde se armó el acampe.
Con el avance inmobiliario y represivo para la autovía, se están violando desde acuerdos internacionales adoptados por Argentina, como el Acuerdo de Escazú, así como leyes como la Ley General de Ambiente, la Ley de Patrimonio cultural, arqueológico y paleontológico, el artículo 38 de la Constitución de la Provincia de Córdoba, el Convenio 168 de la Organización Internacional del Trabajo, la Ley Nacional y Provincial de protección de bosques.
Por estas violaciones jurídicas, se han presentado dos amparos (en 2018 y 2021) que hasta el momento, la Cámara en Contencioso Administrativo de Segunda Nominación no ha respondido. El amparo más reciente exige la nulidad de la resolución 192 (“licencia ambiental” publicada en Boletín Oficial el 24 agosto 2021) por todas las falencias tanto del Estudio de Impacto Ambiental, como por las irregularidades en el acceso a la información y a la participación ciudadana.
Esta mañana, desde las 10 horas, ante la Cámara mencionada vecinxs de la Ciudad de Córdoba, Punilla y Paravachasca, se concentraron fuera de la sede judicial (Arturo M. Bass 244) presentaron un petitorio para reforzar los amparos presentados y que la autoridad judicial se expida a la brevedad.
Algunas firmas que se plasmaron en el petitorio presentado esta mañana, pertenecen a integrantes de comunidades indígenas comechingonas como La Toma, Sikiman y diaguita en Córdoba, de la organización indígena Kami Henen, quienes reclaman porque se respete al territorio que aguarda “restos arqueológicos”, símbolos de la ancestralidad de las comunidades originarias de Córdoba.
Según comentó Marcos D’angelo, del área de comunicación de las asambleas de Punilla en diálogo con Enfant Terrible, la zona por la que pasaría la autovía es área natural protegida Río Yuspe, por Ordenanza Municipal de Cosquín. Según le informaron desde Punilla, “algunas máquinas ya están acercándose al lugar para reiniciar las tareas de desmonte en una zona que figura en el ordenamiento territorial de la Provincia de Córdoba como zona roja de bosque nativo”.
- ¿Cómo se enteraron que estaban iniciando las obras?
-Nosotros tenemos un sistema de alerta temprana, somos vecinos y vecinas de Punilla que estamos recorriendo el territorio. Hace un par de semanas detectamos un dron que estaba volando y pertenecía a la empresa Camino de las Sierras. Yo tuve la oportunidad de acercarme al lugar y hablar con los sujetos que se habían introducido a una propiedad sin permiso y de inmediato arrancaron las calcomanías de la camioneta. Cuando vimos eso sabíamos que en cualquier momento podían venir las siguientes acciones, te estoy hablando hace 10 días atrás”.
Por último, Marcos reforzó los argumentos sobre la situación de ilegalidad en que se encuentra la obra, sumada a la inacción del Poder Judicial de la Provincia: “Es una obra que no ha tenido la participación ciudadana, la audiencia pública fue un mamarracho en el sentido que no hubo libre accesibilidad y no es vinculante, el 90% de la ciudadanía que participó de la audiencia se proclamó rechazando el estudio de impacto ambiental que tiene groseros errores técnicos. Todo se ha presentado ante la Justicia y no se está actuando al respecto, no está aplicando el principio precautorio para que no se destruya el monte y los sitios arqueológicos, que es IRRECUPERABLE, es un patrimonio de nuestros hijos y nuestros nietos que se pierde para siempre”.
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