En medio de la fuerte crisis desatada tras el asesinato de Jonathan Romo, que visibilizó una vez más el actuar violento de la Policía de Córdoba, en Santa María de Punilla sucedió un nuevo episodio donde efectivos a cargo del comisario mayor Mansilla de la Departamental Punilla, atacaron con prácticas mafiosas al vecino Franco Méndez, en el marco de la expropiación de casas para la construcción de la Autovía Variante Costa Azul.
Hablamos con Gabriela, vecina de la localidad e integrante de la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos, quien el pasado viernes denunció que 30 efectivos de la Policía de Córdoba se hicieron presentes en un sitio ancestral arqueológico, ubicado en el B° Santa María, a 100 metros del obrador de la empresa Roggio que lleva a cabo uno de los tramos de la obra, también con prácticas de hostigamiento.
"Por ese lugar no pueden pasar por ley. Estamos a la espera de ver qué determinaciones se toman a nivel de Caminos de las Sierras. Todo lo que es el cordón montañoso oeste de Punilla es un gran Sitio de Memoria Ancestral, porque ha sido una gran aldea de la comunidad comechingona Ongamira, e incluso de comunidades indígenas anteriores", explicó Gabriela.
La violencia contra Franco Méndez "viene desde el pasado viernes 22, cuando en el monte estábamos también siendo avasallados por la Policía. Fue una mañana larguísima de idas y venidas con los policías, con los de la empresa Caminos de las Sierras y los arqueólogos", comienza contando Gabriela, quien recibió un comentario que anticipaba la violencia:
A Abel Méndez y su nieto Franco les ofrecen 300mil pesos para irse. Abel vive hace 40 años en ese hogar que construyó por su cuenta, irse implicaría empezar de nuevo, sin trabajo, sin terreno y siendo adulto mayor. Tampoco es la única persona de avanzada edad que se ve amenazada por esta situación. En Bialet Massé se encuentra Olga, una mujer de 75 años a la que le dieron 30 días para dejar la casa, al igual que a las otras 50 familias que el Gobierno pretende expropiar. En algunos casos, por ser propietarios del inmueble, el Gobierno pone un piso de 30% de reconocimiento por el valor fiscal, pero no hay precisiones sobre qué monto implicaría, ni cuando sería otorgado, lo cierto es que no es compatible con el valor absoluto de la propiedad.
El mismo viernes 22, el nieto de Abel, Franco, salió de su casa con su hija de 8 años a comprar agua, ya que, como parte de la campaña de presión, le cortaron los servicios de agua y electricidad. A metros de su casa se topó con un cordón policial sin mayores inconvenientes. A su regreso, los efectivos de la posta comenzaron a a intimidarlo. "Lo empujan y le dicen que él no tiene por qué regresar a la casa, pero logra dialogar porque estaba con su hija y puede pasarlos", explicó la vecina.
Al día siguiente, Franco estaba contando lo sucedido a Gabriela por llamada telefónica, cuando se quedó sin batería en el celular y debió salir de nuevo al centro para cargarlo. Como ya era de noche, Gabriela le sugirió que luego no regrese a la casa y busque otro lugar donde quedarse, pero Franco le dijo que no tenía dónde quedarse y quería regresar para no dejar solo a su abuelo. Poco después, Gabriela recibió un mensaje de Franco: "me la cobraron".
Según la descripción de Franco, el uniforme negro que utilizaban corresponde al grupo de Infantería y pudo reconocer a uno de ellos por su voz, luego de las amenazas del día anterior. Sobre las consecuencias de la golpiza, Gabriela explicó que "tiene 3 costillas quebradas y un golpe importante en la cabeza, un ojo que está sentido y un pulmón que le duele mucho, pero no se sabe si está perforado, puede ser por las costillas", y precisó que el informe médico definitivo estará hoy.
Gabriela junto con otro vecino llevaron a Franco al Hospital Domingo Funes para que reciba atención ya que "no podía ni hablar", donde desde un primer momento "Franco fue puesto como sospechoso, no lo pusieron como víctima de una situación de violencia, me hicieron un montón de preguntas antes de estabilizarlo, no me dejaron acompañarlo al momento de hacerles los estudios, cuando tengo que estar porque soy testigo de un caso de violencia policial" comentó la vecina, quien consultó con la abogada de la causa.
Esa misma noche del sábado, cuando Gabriela fue a realizar la denuncia en la Unidad Judicial en Cosquín, hubo algo que le llamó la atención: "la sumariante antes de tomarme la denuncia me dice 'te tengo que avisar que soy personal policial'. Para mí era lo mismo porque nunca había hecho este tipo de denuncia, pero le pregunté qué tenía que ver y me dice 'yo tengo la obligación de avistarte, porque voy a tomarte una denuncia sobre violencia que han realizado mis compañeros', y me explicó que la Fiscal Paula Kelm, desde que empezaron los conflictos de la autovía, ha obligado que avisen que son personal policial".
Paula Kelm viene siendo denunciada por prácticas de encubrimiento a la Policía en el caso de Cecilia Basaldúa y por esto, como es la encargada de la Unidad Judicial de Punilla, la querella por el crimen a Jonathan Romo ha solicitado que no interceda en el caso.
Gabriela señaló también que durante la interposición de la denuncia, un policía entró en dos ocasiones con intenciones de escuchar, interrumpiendo el labrado del acta, pero "la denuncia está realizada y hoy la abogada de la causa va a buscar el informe médico para ampliarla".
El caso de Jonathan Romo permitió destapar las irregularidades de la Policía de Córdoba, ya sea con la ausencia de formación que reciben los efectivos en materia de protocolos de actuación con garantía por los Derechos Humanos, como así también las posturas de los funcionarios encargados.
A las reiteradas acusaciones de violencia policial, por un lado el ministro de Seguridad, Alfonso Mosquera, las acusó de "falacia absoluta", mientras la jefa de Policía, Lilliana Zárate Belletti, defendió las capacitaciones en Derechos Humanos a las fuerzas, a pesar de que el ex director de Recursos Humanos de la Fuerza, Julio Faría, afirmara lo contrario denunciando la ausencia de disposición de recursos. Ante este escenario, tanto Mosquera como Zárate han negado una posible renuncia y afirman tener total respaldo por parte del gobierno cordobesista.
Respecto a la autovía de Punilla (una de las obras más importantes del Gobierno de Juan Schiaretti) difícil que las máximas autoridades no tengan conocimiento de estas reiteradas prácticas mafiosas para imponer la obra. En el caso de Franco se evidencia que la violencia policial hacia los sectores populares gira sobre la defensa del extractivismo en Córdoba, por lo que el respeto a los Derechos Humanos y de los Pueblos Indígenas, incluyendo el derecho a un ambiente sano, no son características de la institución que responde al Gobierno de la Provincia.
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