La violencia machista no cesa. Aún no termina enero y ya son 5 los femicidios registrados en la Provincia de Córdoba, incluyendo el caso de Luana Ludueña (cuya causa sería caratulada como abuso sexual seguido de muerte, tras suicidarse después de denunciar al jefe de Defensa Civil de la Provincia, Diego Concha).

La escalada de femicidios no ha disminuido desde el año pasado, si tenemos en cuenta que Córdoba fue la segunda provincia con más femicidios en 2021.

A pesar de la continua y alarmante situación, el Ministerio de la Mujer de la Provincia de Córdoba a cargo de Claudia Martínez, ni el gobierno provincial han declarado la emergencia por violencia de género como exigen desde hace tiempo lxs trabajadorxs del Polo de la Mujer. De hecho -y recurriendo otra vez a las continuidades- esta área clave de atención, contención y acompañamiento a quienes sufren violencia machista sufrió recortes, despidos, traslados compulsivos y persecución hacia quienes se unían a medidas de fuerza.

Hablamos, además, de una compleja situación provincial en relación a las violencias hacia las identidades feminizadas, ya que se trata del ejercicio de la violencia no sólo por parte de parejas, sino también de las fuerzas de seguridad, funcionarios públicos (como Diego Concha) e incluso del Poder Judicial, tal como siguieron denunciando hace poco familiares y organizaciones feministas por el caso de Cecilia Gisela Basaldúa.

En ese sentido el gobierno anunció que este año se avistan recortes, si se tiene como guía el presupuesto aprobado para el 2022 a finales del año pasado, donde el oficialismo planea mayor incentivo hacia el sector agropecuario y una reducción contundente de inversiones en servicios sociales, lo cual impactaría de forma directa en la atención revertir la escalada violencia machista.