Argentina atraviesa una carrera contra la inflación, que en mayo subió un 7,8% -acumulando un total de 114,2% interanual según el último informe del INDEC. Por su parte, el Banco Mundial mantiene una visión negativa sobre el país a raíz de la caída del 2% en la economía por la fuerte sequía de este año y la pérdida de cultivos. A este escenario se suma el Fondo Monetario Internacional (FMI) que propone mayor reducción del déficit fiscal.

Mientras tanto, el descontento es cada vez mayor. Los intentos por superar los obstáculos económicos a nivel nacional repercuten en el descuido por acompañar las dificultades que recaen sobre lo social. Es decir, no hay redistribucióna nivel nacional y lo mismo puede decirse de provincias como Córdoba, donde el personal docente y de salud ha protagonizado importantes reclamos en las últimas semanas.

A su vez, los sectores trabajadores organizados no la han tenido fácil para reclamar. Sobre las medidas de lucha vienen recayendo operaciones mediáticas, que por un lado, demonizan y a la vez legitiman frente a la sociedad los posteriores descuentos y sanciones por ahderir a paros o movilizaciones, y por otro, son criminalizadas con protocolos anti protesta que resultan en imputaciones judiciales.

La otra deuda

Frente a este combo crítico, desde el sindicato ATE y la CTA-Autónoma decidieron impulsar un Paro Nacional este viernes 16 de junio, en el marco de un plan de lucha impulsado desde principio de año. Paro que se lleva a cabo en los días previos a la revisión del Salario Mínimo, Vital y Móvil con el fin de exigir un aumento considerable a la escasa suba ya estipulada que lo elevaría a apenas $87.987 en junio.

Desde Enfant Terrible dialogamos con Federico Giuliani, secretario general de ATE y CTAA en Córdoba, quien en principio remarcó que hoy “es un día histórico porque se conmemora el trágico bombardeo de la oligarquía argentina a Plaza de Mayo en 1955 contra el gobierno peronista. Pero más allá de eso, el paro viene a plamar distintos reclamos que se llevan adelante en las provincias, en relación a las administraciones públicas provinciales y municipales y al Estado nacional, porque trabajamos para seguir siendo pobres, no tener acceso a una vivienda propia y a una vida digna”.

Giuliani destaca la importacia de “recuperar la perspectiva del derecho a huelga como uno de los puntos centrales de pelea en este modelo económico y social”. En este sentido, previo a este paro nacional, “hicimos una movida interesante el 16 de mayo en las calles de Córdoba y después lo fuimos construyendo con mucho recorrido por los lugares de trabajo, lo que hace que hoy podemos hacer cinco cortes en Córdoba Capital, pero también que haya corte de ruta en el Hospital Provincial de Mina Clavero, de nuestro activismo ambiental en Punilla y ollas populares en Villa María y Río Cuarto”.

En las últimas negociaciones la paritaria nacional cerró a la baja con la UPCN (Unión del Personal Civil de la Nación) y Giuliani apunta que esto después “derrama sobre las provincias y municipios de toda Argentina”. “En Córdoba, así como Alberto Fernández cierra UPCN a nivel nacional, la particularidad que hay es que no somos reconocidos por el Gobierno Provincial a pesar de que tenemos la personería N°2, la más antigua del país” critica el dirigente.

A su vez, el secretario opina que la paritaria dejó de ser un ámbito de discusión sobre las condiciones de trabajo y la precarización, y que en las negociaciones se dejan de lado los Convenios Colectivos de Trabajo: “Más allá de lo salarial, que es hoy es lo cotidiano, en las paritarias hay que discutir la precarización laboral, porque el Estado empleador es evasor y el principal creador del fraude laboral. Es fundamental que se hable de la estabilidad del empleo del ambito público”.

“En tercer lugar, discutir las condiciones de trabajo y las condiciones de salud mental de las que nunca se habla, cómo atendemos a la gente y cómo llevamos adelante las políticas públicas. En cuarto lugar no dejar de respetar las negociaciones colectivas de los Convenios de Trabajo. Digo, hoy en Córdoba hay 427 municipios que discuten o arreglan salarios sin convenios. Se discuten salarios, pero no cómo generar carrera en el ámbito administativo en el sector público provincial” agregó Giuliani.

Luego, Federico amplió respecto al contexto de deuda: “Nosotros decimos que la deuda no es externa, es con el pueblo. Hay que saldar la deuda salarial pero el eje de importancia de hoy, de nuestra lucha con la CTAA, es que ratificamos la unidad entre los que trabajan y son pobres y los que no tienen la posibilidad de trabajar, pero sostienen con su militancia los merenderos y comedores populares en el territorio”.

“Mientras los acuerdos con el Fondo continúen pagándose religiosamente los ámbitos paritarios van seguir siendo una foto, con la burocracia sindical entregando derechos, que hará que en algún momento nos pongan a los estatales como variables de ajuste”.

Como ejes políticos del reclamo de hoy, Giuliani demarca el “no pago de la deuda con el FMI y el rechazo a la criminalización de la protesta social”. Respecto a este último punto, cabe recordar que Giuliani fue imputado por el fiscal De Aragón por participar en la Marcha Contra el Hambre el pasado 5 de abril en Córdoba Capital, junto a Emanuel Berardo (Polo Obrero). De esta manera, los dirigentes se suman a la lista de 32 personas imputadas por protestar a lo largo y hancho del territorio provincial, problemática que se replica en otras provincias como Salta, Jujuy y Mendoza.

Hoy mismo, mientras se realizaba la masiva movilización, la fiscalía de De Aragón llamó a Giuliani a declarar el próximo jueces 22 a las 11hs, en Tribunales Provinciales II (Fructuoso Rivera 720).

Judicialización, la nueva represión

Dedibo a la imputación que traslada el conflicto político a los tribunales, el Director Nacional de Políticas contra la Violencia Institucional de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Mariano Przybyski se comprometió a la participación activa de la Secretaría de DDHH dentro de la causa donde se imputa a Giuliani.

Por su parte, según la Revista El Sur, la Jefa de la Policía, Liliana Zárate, “confirmó que la fuerza realiza en la previa de cada marcha un seguimiento de los perfiles de redes sociales de los dirigentes, y que la identificación in situ de los organizadores no es inconveniente ya que despliegan policías de civil y cuentan con el registro de cientos de cámaras dispuestas en la mayoría de las esquinas del casco céntrico de la ciudad de Córdoba. Un combo de inteligencia interior para reprimir el conflicto social que atenta directamente contra el estado de Derecho”.