Alquilar un hogar en Argentina nunca fue tarea fácil, principalmente por la desregulación estatal y la imposición de la lógica mercantil sobre un derecho humano básico y constitucional, que prima desde la instalación -genocidio mediante- de la última dictadura cívico-militar.

El por entonces Ministro de Economía de la dictadura, José Martínez de Hoz, se encargó en aquellos años de liberalizar el mercado inmobiliario y dar vía libre para la dolarización de la vivienda en el país.

Tras cuatro décadas de espera, en el año 2020 se dictaminó la ansiada Ley de Alquileres. En principio, esta normativa se propuso como objetivo principal recuperar el control estatal sobre los contratos entre inquilinxs y propietarixs. Desde entonces, la vigente legislación incluye la extensión de contratos por 3 años, la obligación sobre las inmobiliarias para pedir solo un mes de depósito (con el compromiso de devolver el monto actualizado a finalizar), la ampliación de las opciones de garantías y la obligación a las inmobiliarias para acreditar ante AFIP los contratos, entre otros aspectos.

Pero, en los últimos años, alquilar una vivienda para vivir (o sobrevivir) se convirtió en una verdadera odisea para millones en Argentina. Más del 30% de la población alquila hogares a precios superiores al índice hiperinflacionario actual, en un país donde -según el último censo nacional- hay 3 millones de viviendas vacías y la construcción de las mismas crece por encima del aumento de la población.

A pesar de la sanción de la ley que venía a saldar una deuda histórica, la situación para millones de inquilinxs no mejoró, como se había prometido. El principal problema -según Maximiliano Vittar de la Asociación Inquilinos Córdoba- radica en el incumplimiento de la normativa vigente (por parte de los propietarios comunes y de las empresas inmobiliarias), así como la inexistente voluntad política-judicial para su efectivo cumplimiento y mejora de la situación.

Otros problemas importantes -según Vittar- se fundamentan en la escasez de oferta, la dolarización de los inmuebles, la inexistencia de un ente oficial para denunciar los abusos y mediar las negociaciones, la falta de una regulación que obligue a propietarios de viviendas ociosas a alquilarlas, el nulo establecimiento de un valor de referencia, la suba incontrolada de expensas, entre otros.

Entre el Estado, el mercado y la calle

En los últimos meses, desde el Gobierno Nacional admitieron que la suspensión de la normativa -aún vigente- es una posibilidad que está siendo estudiada. Para el entrevistado la única información que hay con respecto a una toma de decisión política sobre la ley es una reunión entre el Ministro de Economía Sergio Massa y la Cámara de Empresas de Servicios Inmobiliarios (Camesi), donde se dejó afuera a las asociaciones de inquilinxs.

“La dirigencia política solo aborda el tema cuando hay un proceso electoral en marcha. Y encima lo aborda desde la lógica del mercado y junto a sus representantes empresariales. Es decir, literalmente juegan con el destino de una gran mayoría de la población prometiendo parches que les den rédito políticos, pero que no solucionan la grave situación socio-habitacional que se padece en el país” denuncia Vittar.

Durante el breve tiempo que el problema de los alquileres estuvo en agenda en los últimos meses, el discurso hegemónico se concentró meramente en las “ineficiencias” de la vigente ley. Representantes empresariales del sector, como representantes políticos importantes, coincidieron en limitar y minimizar la problemática sin discutirla de fondo.

“¿El problema es una ley que tiene tres años como señala el mercado y el Estado o el problema es estructural y sistémico?” pregunta Vittar.

Y continúa: “Se termina discutiendo que el problema hoy en realidad es una ley que tiene menos de tres años. Pero, ¿la gente sufre los alquileres sólo hace tres años, o el lobby nos ha convencido de ello cuando en realidad es un problema estructural del país? Entonces, yo creo es que sería mucho más fácil que la dirigencia política reconociera su visión mercantilista sobre un derecho básico y desde esa sinceridad discutamos de manera seria e integral el acceso a la vivienda”.

El abogado sostiene que la universalización que predomina en las políticas públicas, en educación y salud, también debería darse en lo que respecta a la vivienda: “La discusión no debería ser Ley de Alquileres sí o Ley de Alquileres no, la discusión tiene que centrarse en el eje de vivienda y hábitat”.

Desigualdad de condiciones y propuestas fundamentales

A la hora de buscar alquiler y negociar un contrato, Maxi sostiene que no existe la necesaria igualdad de condiciones entre inqulinos y propietarios. “Hoy en día no podemos rechazar las injustas propuestas de alquileres porque nos quedamos en la calle. En cambio, si el propietario decide no alquilarnos, tiene un techo asegurado. Por lo tanto, el inquilino está solo, no cuenta con el respaldo del Estado que debería darse en nuestra calidad de debilidad frente al mercado”, denuncia.

Para Vittar, los beneficios fiscales del Estado para con los empresarios no pueden ser en detrimento de lxs inquilinxs como viene sucediendo hasta ahora. En sentido contrario, desde la Asociación de Inquilinos de Córdoba proponen que estos se den desde un carácter integral, es decir, que existan con el objetivo de que los “empresarios y propietarios pongan las viviendas ociosas a alquilar, al mismo tiempo que exista un banco inmobiliario con recaudación del desarrollo empresarial que genere viviendas para alquilar, pero con un valor referencial y bajo la regulación, control y poder sancionatorio de un ente defensor oficial del que hoy carecemos”.

“En Córdoba el Gobierno Provincial debería atender las cuestiones particulares de nuestros territorios. Hemos logrado que desde este año el impuesto al sello lo abonen los propietarios, pero acá tampoco vemos voluntad política en abordar la cuestión de fondo”, acusa el abogado.

Desde que se implementó la Ley de Alquileres, la inflación hasta enero del presente año fue aproximadamente de un 250%, mientras que el precio de los alquileres promedió una suba del 300% durante el mismo período. La situación empeoró desde la firma del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, firmado en marzo de 2022.

Mientras el Gobierno del Frente de Todos busca la manera legal de bajar la Ley de Alquileres, sin proponer una versión superadora, la inflación anual se estima nuevamente cercana a un 100%, lo que se traduce en constante e indiscriminada suba de los alquileres y la consecuente profundización de la crisis socio-habitacional que padecemos millones de argentinos y argentinas.

Maxi finaliza la conversación con una pregunta retórica:

“¿Son los empresarios millonarios los que pagan el costo de la crisis o somos todos nosotros?”.