Por: Coco Polinari Sabattini

Este domingo se llevan a cabo las elecciones legislativas que configuran una medición para el gobierno, tras casi dos años de mandato.  Es interesante poder hacer un recorrido por los principales escándalos del gobierno para poder visualizar el entramado que se desarrolló en tan poco tiempo, ya que producto de la sobre información y la metodología del desconcierto, se pierde noción de las formas en que la gestión libertaria fue tirando ladrillo por ladrillo del hogar que supo ser Argentina.

Tomaré como referencia julio de 2023, cuando en plena  campaña, la Justicia abrió una investigación contra La Libertad Avanza por “denuncias de venta de lugares en las listas electorales”: el precio de la candidatura rondaba desde: los 10.000 dólares, hasta los 100.000 dólares.  Ya en el gobierno, durante marzo de 2024, la causa fue archivada. Antecedente fugaz. Así inició el gobierno libertario, dándonos una pequeña muestra de lo que venía y de qué manera se manejan con la justicia y las coimas. 

Comedores, jugando con el hambre

Mientras la crisis social se agravaba, el Estado que prometió “libertad”, dejó pendientes compromisos básicos. Desde diciembre de 2023, varios merenderos denunciaron que no recibían asistencia. En mayo de 2024, un fallo judicial exigió al gobierno que envíe alimentos a comedores.  El presupuesto real para comedores cayó 65% en 2024, respecto de 2023. Según el análisis presupuestario realizado por Chequeado, en el segundo trimestre de 2025, el Ministerio asistió a 1.552 comedores comunitarios. La programación inicial había sido de 5.000. 

Esto no fue un error técnico: es un modelo de política, que expone cuales son los enemigos sociales del Gobierno. Misma lógica que luego aplicaron en discapacidad y PAMI: las auditorías como herramienta para frenar las políticas públicas que implican asistencia. La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello y el entonces Jefe de Gabinete, Nicolás Posse, aseguraron que una auditoría reveló que “el 50% de los comedores comunitarios no existían”. Con eso pretendían justificar la suspensión del envío de alimentos, entre ellos, millones de kilos que casi se pudren en los galpones del Ministerio de Capital Humano. Lo cierto es que recién en septiembre de este año, tras varios pedidos por parte de la diputada Natalia Zaracho, el ministerio de Capital Humano le envió un documento, donde confiesa de parte que: “la auditoría resultó ser inexistente”.

Mega-estafa “Libra” y círculo íntimo

El escándalo de $Libra  fue el primer escándalo significativo del gobierno. En principio, por exponer la base mercantilizante de la fe de sus propios votantes y, al mismo tiempo, como el presidente desconoce su rol ejecutivo, al considerar que puede tener una “vida empresarial” que de pronto forma redes con objetivos de enriquecimiento ilícito. 

En Argentina se denunció el encubrimiento de la causa, a pesar de que la oficina anticorrupción pretendía despegar al presidente del hecho. En este sentido, se podría remarcar la relevancia internacional del caso, ya que un reciente fallo en EE.UU. vincula a Javier y a su hermana Karina Milei con el fraude de criptomonedas, y plantea que podrían haber sido los verdaderos beneficiarios de los millones generados. Allí la jueza federal Jennifer Rochon, del Distrito Sur de Nueva York, rechazó la solicitud de cuatro fondos internacionales de inversión que pedían autorización para obtener pruebas en Estados Unidos, con el fin de vincular al Estado argentino con los activos que generó la criptomoneda $LIBRA. Por lo que, Rochon, afirmó que los ingresos que generó la criptoestafa, podrían ser del presidente Milei, su hermana y de su ex asesor, Hayden Davis, más que de la República Argentina. A su vez, sostuvo que las evidencias que presentaron Palladian Partners, HBK Master Fund, Hirsh Group y Virtual Emerald International Limited incluyeron artículos periodísticos, posteos en redes sociales y un supuesto acuerdo preliminar entre el Gobierno y una plataforma de intercambio, pero que todo ese material resulta insuficiente para probar que el dinero que generó $LIBRA sea del Estado argentino. 

Valijas que saltaron los controles de Aduana

El 26 de febrero de 2025 aterrizó un avión que  provenía de Estados Unidos. A bordo viajaban Laura Belén Arrieta, como pasajera, y José Luis Donato Bresciano y Juan Pablo Pinto como tripulantes. El avión permaneció inactivo hasta el 5 de marzo, cuando partió hacia París, Francia, con las mismas 3 personas y un cuarto ocupante, Víctor Germán Du Plooy. En marzo, pocos días después del arribo del avión, el periodista Carlos Pagni reveló que Arrieta trajo “una cantidad de valijas, no sabemos cuántas, pero parece que eran muchas, y cuando fue el operativo de la Policía de Seguridad Aeronáutica y la Aduana, una orden de arriba dijo ‘no hay que mirar nada’”.

Juan Grabois, quien representa a las víctimas de $Libra, relacionó el caso de las valijas con la cripto estafa. https://x.com/JuanGrabois/status/1942375726512042124 

Es parte del objetivo del proyecto retirar los mecanismos de control: menos Estado, menos controles, más poder para hacer negocios personales por la ventana.

PAMI y los sobreprecios

El organismo de salud para jubilados y pensionados quedó salpicado de denuncias por sobreprecios millonarios en compras esenciales. PAMI es una de las cajas más grandes del estado, con un presupuesto 2025 que supera los 4,9 billones de pesos.

En mayo, TN reveló que, la compra de pañales para adultos por un monto de 466 mil millones de pesos, fue adjudicada a Urbano Express SA. El gobierno defendió su esquema de entrega domiciliaria como “una modernización que elimina intermediarios y fraudes”. Gremios como ATE denunciaron demoras, haciendo que durante meses, miles de afiliados tuvieran que pagar para acceder a los insumos. 

En septiembre, un informe del programa “Y Mañana Qué” demostró que Pami pagaba lentes intraoculares para cirugías de cataratas hasta diez veces más caras que en el mercado mayorista. ATE y más de 500 oftalmólogos denunciaron sobreprecios de hasta 500%, insumos de calidad deficiente y retornos ilegales a funcionarios. Leguízamo y Lugones rechazaron las acusaciones y defendieron la compra centralizada como un modo de “garantizar trazabilidad y evitar prácticas riesgosas como la reutilización de insumos".

¿De qué manera la caja más del Estado le corresponde al sector social más golpeado?

3% y censura previa

Diego Spagnuolo -ex director de la agencia de Discapacidad, abogado y amigo del Presidente- fue la cuarta persona que más veces ingresó a la quinta de Olivos: 38 visitas, entre enero de 2024 y marzo de 2025 (de acuerdo al Centro de Datos de Chequeado). En los audios, el ex director de Andis, habla de supuestas coimas dirigidas a Karina Milei por el 3% de los montos de los contratos en la dirección de Discapacidad. Por este caso, se abrió otra investigación penal. 

Frente a la difusión de los audios, Karina Milei presentó un escrito alegando que los mismos: “habrían sido obtenidos de manera ilegal e ilegítima y que perjudicarán gravemente su honor, reputación, la actividad profesional que desarrolla y el buen nombre y honor de su familia y del gobierno que integra”. Además alegó que: “sin reconocer su veracidad y desconociendo el modo en que los medios que los reproducen pudieran haberlos obtenido, requiere que se prohíba su circulación”, planteó, reclamando una acción de censura previa.

Aquí se torna relevante el accionar explícitamente inconstitucional, ya que el artículo 14 de la Constitución Nacional, prohíbe la censura previa y diversos tratados internacionales que suscribe el país. Sólo se puede restringir la libertad de expresión mediante “responsabilidad ulteriores” a la publicación. Por ejemplo, el Pacto de San José de Costa Rica, en su artículo 13, establece el derecho a la libertad de pensamiento y de expresión, que incluye la libertad de buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole, sin importar las fronteras, y por cualquier medio. Este derecho no puede estar sujeto a censura previa, sino sólo a responsabilidades posteriores establecidas por ley y necesarias para proteger derechos o el orden público.

Discapacidad: recorte, veto y movilización

Hace un mes advertimos que la disputa que mantiene el gobierno con los profesionales y usuarios del área de discapacidad, no tiene un cierre en el horizonte. Desde que el Congreso aprobó la ley de emergencia, el Gobierno Nacional tomó la decisión de promulgarla (por que no tenía más opciones) pero sin fondos, es decir, expidieron una ley pero ocupándose de que no se pueda ejecutar. Es tal la extensión del conflicto que este mismo miércoles hubo nuevamente movilización, convocada por el Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Comenzó a las 11 de la mañana, en la Plaza Congreso y luego avanzó hacia el Ministerio de Salud, para exigir la plena implementación de la norma. Durante la manifestación familiares y trabajadores se expresaron ante los medios presentes, como por ejemplo la directora de Arcoíris, una escuela especial y centro de día, de la localidad de Caseros que denunció: "Estamos todos movilizados por lo mismo. Si no cobramos, la escuela cierra". “Necesitamos en carácter de urgencia que se implemente la ley, ya no se puede más. Hay 1.210 millones de pesos que giraron a Discapacidad y nunca salieron”

Narcoescándalo

Finalmente llegamos al último gran hito del gobierno, que le costó la candidatura de Jose Luis Espert, y desató la investigación sobre la red entre el gobierno y el narco empresario Federico “Fred” Machado. Además de provocarles un problema logístico para este domingo, “para votar al colorado, marca al pelado”, este caso levanta preocupaciones post electorales ya que el 5 de noviembre, se consumará finalmente la extradición de “Fred” Machado a Estados Unidos, donde la Justicia ordenó su detención por narcotráfico y estafa. 

Hasta el momento se sabe que el empresario argentino financió a José Luis Espert con 200 mil dólares en su campaña de 2019, le prometió al menos 800 mil más y le prestó su avión privado para sus viajes proselitistas. Un día antes de que la Corte Suprema aprobara que lo extraditen, le dio una nota a la periodista Carolina Fernández. Allí declaró: “A Santiago Caputo le hago llegar un mensaje: ‘Yo no quiero ir a Estados Unidos. Si esto explota, yo fundo todo. Yo hablo y se cae el país mañana’. Es decir, que blanqueó, ante la prensa, que estuvo en contacto con la administración libertaria con el propósito de impedir que lo entregaran a la Justicia norteamericana.

Un día, una hecatombe

Se torna necesario comprender que esta constante de escándalos y polémicas forma parte de una metodología aceleracionista que no es casual, sino que es la columna vertebral de la lógica de “destruir el estado desde adentro". 

En los planes del gobierno, si es que los hay,  no existe linealidad, caminan demoliendo a su paso y atendiendo las respuestas como quien desconoce el marco legal que los debería limitar. En menos de dos años hemos tenido escándalos como los nombrados cada día, haciendo que las consecuencias sean dobles: se desmorona un proyecto de país y se alimenta el desinterés social en la política y la participación.

La dinámica de desgaste que plantea el gobierno, incluso cuando los conflictos pueden llegar a ser perjudiciales para su imagen, gestan el cansancio que les es necesario para poder destruir y que del otro lado la resistencia esté agotada. De esta manera, nos acostumbramos a ver como hacen de nuestro país un narcoestado; como se golpea jubilados o como se le niega presupuesto a personas con discapacidad. 

Es, tal vez, ese agotamiento el mayor contrincante en este domingo electoral. Se torna un deber de quienes creemos que la política es una herramienta para cambiar la realidad, hacer que las instancias electorales vuelvan a ser un espacio de representatividad para defender nuestros intereses y reorganizar las instituciones de un país que supo contemplar a la mayoría.

Fotografía de portada: Ezequiel Luque