Javier Milei es presidente según la conveniencia de la trama. Ante presuntos casos de corrupción en los que estuvo involucrado o amedrentamiento hacia niños -$Libra, Ian Moche o coimas del 3%-, él actuó como un “ciudadano más”; en cambio, cuando se trata de dejar sin efecto leyes que van a favor de las necesidades básicas de las personas con discapacidad y el sector de salud, recuerda que es la máxima figura de representatividad del Estado.

No se sabe muy bien cuándo, ni cómo, ni para quién trabaja. Por lo general toma las decisiones cuando el resto de la población intenta descansar después de una semana de 12h de trabajo: los fines de semana. El domingo 21, lanzó por Boletín Oficial el Decreto 681/2025, el cual suspendió la aplicación de la Ley de Emergencia en Discapacidad N°27.793. Firmó: el presidente, el Jefe de Gabinete, Guillermo Francos y el ministro de Salud, Mario Lugones.

La ley, sancionada en julio y luego vetada por el Poder Ejecutivo, en agosto, había sido insistida por el Congreso. Entre otros puntos, actualiza aranceles de prestadores, crea una pensión no contributiva por discapacidad equivalente al 70% del haber mínimo jubilatorio y ordena saldar deudas del sistema de salud con los prestadores.

La descripción del Decreto dictamina que el Poder Ejecutivo (P.E) no se hará responsable de los fondos previstos en la ley aprobada en el Congreso. 4 veces tuvo que pasar por ambas cámaras y fue vetada en dos ocasiones por el presidente, siendo la última la que definió el primer rechazo conjunto entre la ciudadanía y la bicameral a éste; seguida por la Ley de Emergencia en Pediatría, y presupuesto universitario, aprobadas la semana pasada.

“Que por el artículo 38 de la Ley N° 24.156 de Administración Financiera se prevé expresamente que “[t]oda ley que autorice gastos no previstos en el presupuesto general deberá especificar las fuentes de los recursos a utilizar para su financiamiento”, describe el Boletín.

Hecha la ley hecha la trampa. La justificación es que no ingresa dentro del presupuesto previsto para 2026, presentado por Cadena Nacional de manera tibia y discreta, el lunes 15. Por ello, desde la Campaña Federal por la Declaración de Emergencia en Discapacidad recusan que la decisión unilateral es inconstitucional porque la ley fue aprobada -once días atrás- el jueves 4.

“Cabe mencionar que no es responsabilidad del Congreso esta definición, si así lo fuera, la voluntad del ejecutivo se expresó a través de la ausencia del presidente de la comisión de presupuesto el día al que fue emplazada la sesión, dan cuenta de la voluntad política de hacer caso omiso a las necesidades del colectivo”, denuncia el comunicado de la Campaña.

Además de detallar punto por punto el por qué no ingresa dentro del presupuesto, continúa diciendo que, aunque fuera promulgada, quedaría bajo suspensión de ser aplicada hasta que “el H. CONGRESO DE LA NACIÓN determine las fuentes de su financiamiento e incluya en el presupuesto nacional las partidas que permitan afrontar las erogaciones que ella misma prevé”.

Según la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), el costo fiscal de la ley sería de 0,26% del PBI en 2025 y 0,46% en 2026. El Poder Ejecutivo (P.E), en cambio, calcula un impacto de $3,019 billones (0,35% del PBI). Paralelamente, el P.E reasignó, por medio de la Decisión Administrativa 24/2025, $ 121.364 millones para la ANDIS desde otras partidas, pero mantiene congelado el Programa Incluir Salud en su configuración actual.

Para el diputado y vicepresidente de la FALGBT (Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transexuales), Esteban Paulón, la maniobra responde a un patrón del oficialismo:

“Mientras quita retenciones para contener el precio del dólar y llegar a las elecciones en calma financiera, decreta que no hay presupuesto para discapacidad. Es un país a la deriva. A esto ya lo vimos”.

Gobiernan para sí mismos

En ese tire y afloje entre el oficialismo y la oposición dentro de la bicameral, ya sea por estar en período de elecciones, porque las provincias continúan sin recibir fondos de Nación o porque realmente les preocupa el sector de salud y de discapacidad, se logró la aprobación unánime de la ley. Sin embargo, la suspensión y el recorte de pensionados, contemplado en el Presupuesto 2026, dejó atada de manos a una población que fue notificada un día antes, por carta, a renovar el certificado único.

La consecuencia: 200 mil personas dejaron de recibir el subsidio. Se espera que 400 mil dejen de percibir el ingreso no contributivo para el año que viene.

La decisión ya generó reacciones políticas y judiciales. Un sector de la oposición presentó una denuncia penal en los tribunales federales de Comodoro Py, mientras que en el Congreso se impulsa la interpelación y moción de censura contra el jefe de Gabinete.

Hasta que no se resuelva quién se hará responsable de los fondos para las pensiones y la recomposición de salario para el sector de salud que trabaja en discapacidad, El “Programa Incluir Salud” (brinda atención y medicamentos a personas con discapacidad que no cuentan con otra social) queda en una situación de limbo, ya que la suspensión de la ley no permite expandir su cobertura, a pesar de que la legislación ya establecía ese derecho.

“En la sesión del día 17 de septiembre se interrumpió el tratamiento del proyecto de democratización de ANDis. Junto con la obstaculización de la implementación de la ley de emergencia significan otro golpe al colectivo”, comunican desde la Campaña Federal.

Una disputa interminable

El 9 de septiembre, se publicó “Discapacidad: la disputa que no termina”. En la nota, Coco Polinari Sabattini, reflexiona sobre las intervenciones realizadas en el sector de discapacidad en este último año y medio de gestión libertaria. Previo a los audios filtrados del ex presidente de ANDis, Diego Spagnoulo, los recortes efectuados, a mediados de febrero, en las pensiones por discapacidad, marcó el primer golpe hacia la población.

Ya para aquel entonces, el proyecto de la Ley de Emergencia en Discapacidad fue presentada en Diputados. El sector comenzó a sumarse a las ronda de los miércoles a las afueras del Congreso, o en Plaza San Martín, Córdoba, en reclamo por los amedrentamientos de sus derechos.

Se suele decir que el horno no esta para bollos, pero pareciera que ni el presidente, ni “El Jefe”, asumen responsabilidad alguna por los audios que revelan la triangulación de sobreprecios entre la droguería Suizo-Argentina S.A, de la familia Kovalivker, la ANDIS y la Secretaria de Estado, Karina Milei.

Quince días atrás, el fiscal, Franco Picardi, ordenó una nueva serie de allanamientos simultáneos, en los que se buscaron ingresos y egresos de los barrios privados en los que residen los hermanos Emmanuel y Jonathan Kovalivker y Diego Spagnuolo. También se solicitó información sobre una caja de seguridad del extitular de la Agencia de Discapacidad, donde hallaron 80.000 dólares y 2.000 euros. De esto, ni una declaración al respecto.

En ese contexto, la senadora Guadalupe Tagliaferri lanzó en el recinto una ironía que resonó fuerte: “Cuando me pregunten de dónde sale la plata para financiar esta ley, voy a responder que sale del sobreprecio y la coima. Así que no insistan”.

De regreso a octubre

Desde la Campaña Federal por la Declaración de Emergencia en Discapacidad, convocan a “paro, concentración y clase pública” a personas con discapacidad, familiares o personas a cargo, prestadores e instituciones a las jornadas federales a realizarse el 1° de octubre.

Además de exigir:

Restitución inmediata de todas las pensiones recortadas: que el ejecutivo reintegre las pensiones quitadas de forma masiva con el debido reintegro de los meses recortados. 

Cumplimiento claro e inmediato de la ley: Que el Ejecutivo deje sin efecto la suspensión de ejecución contenida en el Decreto 681/2025, y ponga en marcha todas las medidas que la Ley 27.793 dispone. 

Asignación presupuestaria adecuada: Que el ejecutivo determine fuentes reales de financiamiento, y los recursos sean incluidos sin dilaciones en el Presupuesto. 

Transparencia y control: Que se publiquen los montos, plazos, mecanismos de auditoría y rendición de cuentas vinculados con la emergencia. 

Tratamiento inmediato del proyecto de democratización de ANDis: tratamiento e implementación de la ley de democratización de ANDis de manera urgente.

Fotografía de portada: Julio Pereyra