Por Cocó Polinari Sabattini para Enfant Terrible

En los últimos meses, entre medio de crisis internas y represiones en el Congreso, el Gobierno Nacional no dejó de mostrar su crueldad práctica a cielo abierto. La inclusión social y el derecho a la vida digna, más allá de variables de ajuste en pos del déficit cero, demostraron ser la caja fuerte para los bolsillos de los funcionarios, a costa de las míseras pensiones que se le retiran a las personas con discapacidad. Pero, ¿Cómo llegamos hasta acá?

Con la llegada del nuevo Gobierno, entre enero de 2024 y abril de 2025, fueron otorgadas 6.853 nuevas pensiones por discapacidad, mientras que, en paralelo, se inició un supuesto proceso de auditoría que derivó en la suspensión de 65.789 beneficiarios, con el argumento de que “no cumplían con los requisitos establecidos” por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

Si bien no hay datos oficiales, estiman que sólo en Córdoba y alrededores- al menos 4 mil personas perdieron su pensión.

Organizaciones como la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) denunciaron que en ese procedimiento se vulneraron los derechos básicos de los beneficiarios.

En este proceso de auditorías, uno de los motivos de baja fue -el no poder entregar la citación por causas atribuibles al beneficiario o no asistir reiteradamente a las citaciones-. En este sentido, entre los usuarios, resalta una denuncia común, que no recibieron notificación previa.

En la última Asamblea Ordinaria del Consejo Federal de Discapacidad (COFEDIS) realizada en San Juan el pasado 12 y 13 de agosto, ante los máximos responsables de discapacidad de las provincias del país y de las organizaciones no gubernamentales, Eduardo Nelio González, el director Nacional de Apoyos y Asignaciones Económicas de la ANDIS, declaró que: “En las 80.000 pensiones que se dieron de baja no se detectaron irregularidades, sino que fueron a causa de errores o deficiencias en las notificaciones a los discapacitados en la convocatoria a las auditorías”.

El planteo de González se relaciona con el desmantelamiento burocrático que lleva a cabo el Poder Ejecutivo, con Federico Sturzenegger como ministro de Desregulación a la cabeza: ¿cómo le llega la notificación por correo a las personas del interior donde el Correo Argentino ha sido desplazado? ¿Cómo se adaptan las citas a las capacidades de los usuarios para asegurar el pleno conocimiento, si no hay inversión en el área afectada?

Los números en la actualidad 

En Argentina, casi dos millones de personas (1.900.061) tienen un Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente, según el informe presentado en marzo de 2025 por la ANDIS. Ese número, representa apenas el 4,1% de la población total y es un poco menos de la mitad que el registrado en el último Censo 2022 (10,2%).

Sin embargo, según dijo el expresidente de la Asociación Síndrome de Down de la República Argentina (ASDRA) Luis Bulit Goñi: “Históricamente la Argentina tiene un subregistro: hay más personas con discapacidad que personas con discapacidad registradas”. Para el especialista, la diferencia entre cifras oficiales y realidades cotidianas muestra la necesidad de cruzar el CUD con el censo: “El censo es una aproximación, no una ciencia exacta”.

A su vez, el mapa de los certificados revela desigualdades territoriales: la Provincia de Buenos Aires concentra el 40,5% de los CUD, la Ciudad de Buenos Aires el 9,7%, Santa Fe el 7,4% y Córdoba el 6,7%. Sobre este último dato, para 2022, se calculaban 100.000 Certificados de Discapacidad en todo el territorio provincial.

Para 2018, el 18,4% de las personas con CUD accedía a una pensión no contributiva. En 2022, ese porcentaje subió al 41,4%.

El niño y el presidente

Más allá de las cifras, en esta problemática toma relevancia un niño, Ian Moche, de 12 años, con autismo y activista por las necesidades de las personas con discapacidad. Ya hace algunos años, Ian se relaciona con la realidad social y política junto con su familia, comunicándose con referentes, presentando proyectos que aseguren accesibilidad y divulgando su testimonio.

Al hacerse eco de la situación por la que pasa en discapacidad, el presidente maltrató públicamente a Ian a través de X, acusando al niño de militante kirchnerista. La familia de Ian recurrió a la Justicia para que Milei enmendara su claro error, pidiera disculpas públicas o al menos borrara la publicación en cuestión, pero el juez Alberto Recondo desestimó el reclamo e incluso obligó a los Moche a pagar las costas del juicio.

El rol de esta discusión es transversal a todo el conflicto, ya que la mamá de Ian Moche contó en público lo que le había comentado Diego Spagnuolo, el ex titular de la ANDIS, cuando ella fue a verlo. Spagnuolo, por entonces amigo y abogado del Presidente, le dijo: “Si vos tuviste un hijo con discapacidad, ese es problema de la familia, no del Estado”. Y redondeó la idea con: “¿Por qué yo tengo que pagar peaje y ustedes no?”.

Allí es donde el presidente creyó oportuno atacar al niño por redes sociales, la primera gesta de una bola de nieve que culminó en la votación del Senado, negando el veto presidencial a la Emergencia en Discapacidad, con apenas 7 votos en apoyo al presidente y 63 rechazando la medida del gobierno.

La manipulación como medio

Spagnuolo, el funcionario que destrató a una familia que llevaba un reclamo colectivo, fue quien terminó exponiendo al Presidente y a su hermana Karina por las coimas del 3% que, ella y Eduardo “Lule” Menem, habrían recaudado entre las empresas farmacéuticas que trabajan con la ANDIS, como se lo escucha explicar en detalle en los audios que conmocionan al Gobierno.

Pero a su vez, en esos audios se descubre otra artimaña comunicacional del Gobierno en torno a la discapacidad. 

Durante una reciente conferencia de prensa, el vocero presidencial Manuel Adorni afirmó que se llevaría a cabo una auditoría en la ANDIS debido a que “un tercio de las pensiones fueron mal otorgadas”. Como prueba de este argumento, mencionó un caso en el que se había presentado la radiografía de un perro para solicitar una pensión por invalidez. Sin embargo, este caso fue revisado y la pensión no había sido otorgada, según el ex director de ANDIS, Fernando Galarraga.

“El pelotudo de Adorni que le pasamos toda la información, la radiografía del perro le dijimos: esa pensión no se otorgó. ¿Y hoy qué dicen? ‘Esa pensión se otorgó’. Y nosotros tenemos que andar explicando que esa pensión no se otorgó. ‘Ey, están mintiendo’. Flaco, te lo pasé clarito, esa pensión no se otorgó”, dice Spagnuolo en uno de los audios.

En su momento, cuando Adorni difundió ese hecho, cuya veracidad fue negada por el propio Spagnuolo en el audio, las asociaciones y familiares salieron a repudiar la tergiversación del Ejecutivo.

Por estas maniobras, el gobierno de Javier Milei fue acusado de utilizar un caso inventado para justificar sus recortes en el presupuesto estatal y su intervención en áreas sociales críticas. En este sentido, el Foro Permanente Discapacidad, Promoción y Derechos sostuvo que se trataba de una “estrategia para recortar pensiones”.

Reforzando viejas mañas

En junio de este año, el Senado ya había aprobado la ley para declarar la "Emergencia en Discapacidad" hasta Diciembre de 2027. Dos meses más tarde, Milei vetó la norma en su totalidad. Pero luego Diputados rechazó el veto con 172 votos a favor, 73 en contra y 2 abstenciones, y ahora la ley se encuentra aprobada esperando su promulgación, bajo amenaza del Poder Ejecutivo de ser judicializada. 

Además, el conflicto no cesó, ya que, al darse por rechazado el veto presidencial, se desató una interna en La Libertad Avanza, a causa de una publicación en X de Daniel Parisini “El Gordo Dan” insultando Luis Juez y a su hija con parálisis cerebral. Un modus operandi que no es es nuevo, ya el ministro de Economía Luis “Toto" Caputo y el subsecretario de Integración Socio-Urbana, Sebastián Pareja, han usado a la discapacidad como descripción despectiva de los militantes kirchneristas en declaraciones públicas.

¿Qué narrativa se construye asimilando una ideología con la discapacidad? Y a su vez, ¿desde la acusación ideológica, justificar el ajuste como hecho aleccionador?

Actualmente, hay un proceso judicial desenvolviéndose alrededor de los audios de Spagnuolo, que sigue destapando polémicas sobre la gestión y la crueldad con la que se ejecuta. Aquí la principal señalada es Karina Milei, a quien el propio Javier ha señalado reiteradas veces como imprescindible para su desarrollo en el Poder Ejecutivo. Es curioso que, de todas las crisis del gobierno, es la que más entramados presenta y la que, según las encuestas, más impactó en la visión negativa sobre el gobierno.

Reconocer la vida digna de las personas con discapacidad como un derecho central debería ser la base de cualquier plan político y económico. Comprender esto le da sentido a la forma en la que afectó este conflicto en la opinión pública, aún cuando el gobierno sigue atendiendo otras cuestiones tales como $Libra, internas, participación en conflictos geopolíticos, censura previa y Fentanilo.

Un gobierno atento a las necesidades de su pueblo podría cuestionarse la decisión y vislumbrar una respuesta acorde a tamaña demanda. Lamentablemente, nos encontramos con un espacio y una estructura política con un alto grado de improvisación, y de esta manera simplemente se van descartando ciudadanías que, según el criterio que toque, serán las afectadas y señalados como enemigas.