En el año 2003 la Organización Mundial de la Salud (OMS) dispuso que septiembre sea el mes de la prevención al suicidio, al establecer esta problemática política, sanitaria y social dentro de las cinco principales causas de mortalidad en el mundo.
Hablar de suicidio dentro de la salud genera controversias por la complejidad de su abordaje, ya sea por los estigmas y representaciones sociales que existen sobre las personas que por diversas razones tuvieron intentos, o por los mitos que surgen por quienes consumaron el acto.
La problemática no tiene una causa en específico, ya que al no ser una enfermedad donde el cuerpo detecta una amenaza como con los virus, por ejemplo, su multicausalidad está emparentado por motivos relacionados a factores económicos, sociales, políticos y vinculares, por lo que no es recomendable realizar conjeturas sin tener en cuenta el contexto.
Otro de los indicadores a tener en cuenta es que la población varía. Por ejemplo, hasta el 2022 la tasa etaria oscilaba en un promedio intermedio entre jóvenes y adultos de 25 a 40 años. A partir del 2023 la variabilidad fue yéndose hacía los extremos, siendo cada vez más adolescentes (13 a 17 años) y adultos mayores (60 a 80 años) quienes se quitan la vida.
En el mes de agosto, el Ministerio de Seguridad publicó las últimas estadísticas criminales y, entre ellas, la cantidad de suicidios registrados en el país. Según el informe, la provincia con más suicidios del país -ajustada por población- es Entre Ríos, con una tasa de 18,8 por cada 100 mil habitantes.
El promedio se mide teniendo en cuenta la tasa anual por decesos relacionados a siniestros viales (3.955 casos) y homicidios dolosos (2.046 casos), incluyendo el número confirmado por suicidios, que preocupó al sistema público de salud, ya que superó por primera vez los otros dos siniestros, al confirmarse un total de 4.195 casos (un aumento del 6%). Estos datos no contemplan los intentos, ni tampoco poblaciones por fuera de la categoría “varón-mujer”, haciendo dificultoso llevar un registro fehaciente sobre cómo prevenir un número que viene en incremento desde 2013.
“Sí, es un desafío complejo y doloroso, sobre todo porque en momentos de crisis suelen aumentar los casos de suicidio e intentos de suicidio. Lamentablemente, es probable que este año Argentina reciba noticias negativas en este tema. Por eso, es fundamental reforzar las estrategias de prevención y cuidado”, comenta la subsecretaria de Salud Mental de la Provincia de Buenos Aires, Julieta Calmels para Noticia1.
En el caso de Córdoba el promedio también creció respecto al año pasado. La cifra aumentó a 289 suicidios (una tasa del 8,1% cada 100 mil habitantes), lo que representó un incremento del 13% en un solo año. Aunque el aumento es significativo, la provincia continúa por debajo de la media poblacional junto con Neuquén (9,8), Chubut (8,7), Buenos Aires (8,4), Jujuy (8,3), Corrientes (7,4), Misiones (6,7), Río Negro (6,4) y ciudad de Buenos Aires (6).
Los datos apuntan a que el aumento de casos registrados se produjeron durante la pandemia por covid-19, debido al aislamiento. De igual manera, desde 2020 la crisis económica, social y política, también afectó a una población vulnerada en la restricción de acceso a vivienda, trabajo y salud.
"De todas maneras, recordemos que el suicidio no es una enfermedad, sino la consecuencia de una serie de procesos, algunos de los cuales pueden tener que ver con enfermedades. Y depende de muchas cosas, cruzando lo biológico, lo psicológico y lo ambiental", afirma Calmels.
En mayor o en menor medida, todas las personas a lo largo de su vida tuvieron algún contacto con la problemática. Ya sea con ideaciones que pueden aparecer ante momentos de crisis vitales (pubertad) o por alguna vivencia traumática que marcó de manera subjetiva a la persona y que puede necesitar redes de contención para prevenir posibles intentos.
Respecto a los intentos, profesionales de la salud mental recomiendan no pormenorizar el relato de la persona, al mismo tiempo que proponen un trabajo conjunto con la comunidad, incluyendo al sistema de salud que, aún existiendo una resolución (2827/2022) de formación protocolar en atención para intentos de suicidios, solo el 1% de los hospitales y sanatorios del país cumple con la normativa.
Por ejemplo, en 2023, en Córdoba, se registraron 198 intentos. Para el Ministerio de Seguridad Nacional, se consumaron 289. En tanto, sólo en la primera mitad de 2024 ya llevan 390 intentos contabilizados.
Asimismo, Julieta Calmels considera que la formación e intervención de las instituciones de salud sobre personas que notifican tener ideaciones o intentos, prevendría el crecimiento de las estadísticas de los casos consumados. Aunque se torna cada vez más complejo acompañar dichos procesos cuando el desmantelamiento de las instituciones públicas afecta de manera estructural.
“Hay un abandono total de las políticas efectivas de prevención, más allá de hablar del tema. No hay programas concretos, recursos humanos, ni medicamentos cuando se necesitan”, afirma.
Al ser considerado multicausal el fenómeno, especialistas proponen un abordaje donde todas las partes intervengan para la prevención. Tanto desde el Estado financiando políticas públicas, como a nivel interdisciplinario, es decir, diferentes sectores dentro de la salud (médicos, psicólogos, acompañantes terapéuticos) realizando proyectos en conjunto con la comunidad, para acompañar personas en situaciones críticas.
A su vez, la formación y aplicación de atención para que las personas puedan ser atendidas al momento de notificar un posible intento, debería incluir un tratamiento respetuoso para quienes forman parte de la población LGBTIQ+ que no están registrados dentro de las estadísticas.
Los pocos estudios relevados hasta el momento, detectaron que 7 de cada 10 personas de la población travesti-trans tuvieron algún intento de suicidio a lo largo de sus vidas.
De está manera, hacer hincapié en políticas de salud integral es un intento de acercar a la sociedad otras maneras de afrontar el malestar, al buscar comunicar la crisis por la que puede estar atravesando alguien, y así continuar generando redes para informar futuros posibles intentos.
"Esta estrategia pretende hacer que la prevención sea parte integral de la atención primaria y no depender exclusivamente de especialistas en salud mental. Desde la reglamentación de la Ley Nacional de Prevención del Suicidio (27.130), se avanzó en la implementación de medidas concretas, como el seguimiento de casos de intento de suicidio", afirmó el psicólogo Misael Moreno Frías.
Sin embargo, es una estrategia de intervención que sigue en desarrollo, ya que la demanda crece y los trabajadores del sistema de salud público requieren una continúa formación, además de un fortalecimiento concreto sobre las condiciones en las que trabajan.
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