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El día sábado, luego de una asamblea general, la Coordinadora "Salud de Córdoba Unida" convocó a un paro provincial para ayer y hoy junto a una movilización que se llevó a cabo esta mañana.

“Ningún salario básico por debajo de la canasta básica total. Reincorporación de los despedidos. Devolución de los descuentos. Derogación de la ley jubilatoria”, son las principales demandas del personal de salud que se mantiene en pie de lucha.

Por su parte, el Gobierno de la Provincia, a través de la Ministra de Salud, la doctora Gabriela Barbás, había propuesto un aumento salarial del 40% (10% en febrero, 8% en marzo y 12 en mayo y 10% en junio) con respecto al mes de enero. Salud exige un aumento del 200% al básico. Por lo tanto la propuesa dista mucho de lo demandado por el sector.

Desde la Coordinadora rechazaron no sólo la propuesta salarial (a la que consideraron insuficiente) sino también las prácticas criminalizadoras y “distorsionadoras” por parte de la funcionaria y el propio Gobierno.

Sucede que -al igual que con lxs docentes- el Gobierno está realizando “despidos, aprietes, descuentos e intimidación al personal de salud por luchar por el reclamo justo y digno de recomposición salarial y mejores condiciones laborales”, señalaron ayer desde la Coordinadora durante el inicio del paro.

Días atrás, la Ministra de Salud salió a cruzar las medidas de fuerza al mismo tiempo que expresó que el personal de Córdoba gana más que en otras provincias, mientras expuso distintos recibos de sueldos.

Desde la organización publicaron un documento en donde acusan a la funcionaria de “distorsionar la verdad haciendo pública la asignación percibida de bolsillo por un reducido grupo de profesionales que hacen guardias, no siendo en absoluto representativo del conjunto de los equipos de salud”.

Además, en el mismo mensaje publicado en sus redes, lxs trabajadorxs de la salud exhibieron distintos tipos de sueldos “que el gobierno NO difunde”, a los cuales identifican por debajo de la canasta básica total.

“La salud pública se sostiene sobre las espaldas de miles de trabajadores que intentan con su sacrificada labor suplir la desidia del gobierno respecto a la carencia de personal, insumos e infraestructura”, denunciaron desde la CSCU.

El mes pasado también se llevó a cabo un paro provincial con movilización que logró la unidad de las organizaciones que se nuclean en la Coordinadora, y a la vez el apoyo del sector docente y parte de la sociedad cordobesa al reclamo sectorial. Mientras tanto, el Gobierno parece solo enfocado en atender las vicisitudes de un año electoral en marcha a la vez que concentra sus esfuerzos en proyectos punitivos que criminalizan el derecho a protestar por una mejor calidad de vida.

La salud de Córdoba en terapia intensiva

El conflicto “no está cerrado” manifestaron desde la Coordinadora, sino que se profundiza en un contexto de crisis social y económica que mantiene por debajo de la línea de pobreza a casi la mitad de la población nacional (18 millones de personas), según los últimos datos del INDEC.

A pocos meses de llevarse a cabo las elecciones para Gobernador, la clase política cordobesa se concentra en la contienda electoral prometiendo solo mejoras económicas y mayor “seguridad”, evidenciando la falta de tacto e interés para con el sector trabajador de la salud, que hasta hace un año atrás era considerado “esencial” .

Llama la atención -o al menos debería- cómo el Gobierno, en un año electoral, puede hacer con la salud lo que leíste más arriba: no aumentar el sueldo básico en un contexto inflacionario afixiante, no tener propuestas integrales y superadoras conociendo el preocupante diagnóstico, perseguir a los referentes gremiales y sindicales, criminalizar su lucha ante la sociedad, etc.

Pero ¿Cuál es el contexto que permite a la clase política deslegitimar a quienes se encargan de mantener de pie la salud cordobesa?

La pandemia del Covid-19 desnudó una desinversión y desatención al sector de salud tan evidente que provocó una reacción tardía por parte del Gobierno dirigido por Juan Schiaretti. Los hospitales y el personal se vieron desbordados durante distintas etapas de la grave situación epidemiológica, pese que la salud era el principal tema en la agenda pública.

Los aplausos a un sector trabajador que fue revitalizado como esencial, no tardaron mucho en convertirse en puteadas y -de nuevo- en una falta de reconocimiento a la salud por parte de la misma sociedad que acumulaba hartazgo frente a las medidas de “cuidado y prevención” establecidas por el Gobierno Nacional y el Provincial.

Pasado el temblor del Covid con miles de muertos, la situación de la salud de Córdoba continúa en estado de terapia intensiva. Así lo denuncian sus trabajadores, quienes desde noviembre del año pasado vienen denunciando, además, el estado de su propia salud: aumento de enfermedades y padecimientos como el burnout, trastornos de ansiedad, estrés, depresión, entre otras.

Con un Gobierno Nacional co-gobernando con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y su plan socioeconómico de carácter inflacionario, marcado ajuste social y pérdida notable de soberanía en términos políticos y económicos, un Gobierno Provincial que sólo invierte en incentivos para el agro, sus autovías y policías, y una crisis internacional en pleno auge, el sector de salud queda relegado y en deterioro permanente.

Además, el existe el corrimiento a la derecha de los debates políticos, que genera un caldo de cultivo idóneo para avanzar con proyectos de ley que criminalizan un derecho básico, que hace años está siendo vapuleado, como lo representa el derecho a la protesta.

El Gobierno provincial no desconoce que los reclamos sectoriales se profundizarán a medida que avance la crisis. Y su respuesta frente a esta, decididamente pasa por un plan cada vez más sistémico de represión y control social que no permita el sublevamiento general de las grandes mayorías vulneradas por el modelo económico y desigual imperante.

Pero no todo es resignación e inestabilidad, pues -como ya dijimos y es necesario volver a reiterar- desde fines del año pasado el personal de salud se mantiene en pie de lucha evidenciando que la salida es organizada, colectiva y en alerta permanente.

Por el momento, el intento de disciplinamiento del Gobierno a través de despidos arbitrarios y descuentos salariales contra quienes se organizan, no sólo no ha logrado sus objetivos, sino más bien ha colaborado en acrecentar el debate asambleario, sostener la unidad de los distintos sectores en lucha y profundizar las medidas de fuerza.

Con el personal de salud en las calles, el Gobierno y la sociedad misma no pueden mirar para otro lado. Es la salud de todxs la que está en riesgo.